COP25, ¿una dosis de realismo?

A estas alturas, parece incuestionable la necesidad de reducir globalmente las emisiones de gases de efecto invernadero para, de esta forma, mejorar la calidad de nuestra atmósfera y combatir el cambio climático

Es uno de esos temas en los que, probablemente, es mejor actuar que lamentarse cuando sea demasiado tarde. Pero lo cierto es que, como ya he señalado en alguna ocasión anterior, la reducción global de emisiones, con el estado actual de la tecnología, aumenta los costes de la actividad productiva y, por ello, afecta al crecimiento económico y obstaculiza la convergencia en niveles de bienestar de los países con menos renta. La dificultad de repartir esos costes de forma equitativa entre países hace muy difícil conseguir avances. Y esto, en el fondo, es lo que hemos visto en la COP25 celebrada en Madrid hace unos días, cuyo resultado ha sido calificado por muchos de fracaso.

En jerga de economistas, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el efecto positivo que sobre el planeta ello generaría es un bien público de carácter global. Y esto, ¿qué significa?

Un bien público es aquel que, una vez existe, todos podemos consumir –no se puede excluir a nadie– y ello, independientemente de si hemos pagado o no por él. Y, además, todos podemos consumirlo simultáneamente. Ejemplos clásicos son la defensa nacional o los parques públicos. Así, una atmósfera limpia o las consecuencias de un menor nivel de emisiones son bienes públicos.

Pero que un bien sea público y que no tenga un precio o una tasa para su consumo, no implica que su provisión sea gratuita. Contar con defensa nacional o con parques tienen un coste que pagamos a través de los impuestos.

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De la misma forma, la reducción de las emisiones tiene un coste derivado de reemplazar unas tecnologías por otras más costosas, de cambiar por completo el modelo económico y energético actual o de la necesidad de invertir e investigar, con un esfuerzo casi sin precedentes, para acelerar el cambio tecnológico hacia fuentes de generación y consumo de energía no contaminantes y tecnologías de almacenamiento energético que permitan prescindir de fuentes de respaldo. Todo ello, al menos a corto y medio plazo, encarece la producción y se traduce en un menor crecimiento. A fin de cuentas, como ya hemos visto en otras ocasiones, el crecimiento del PIB mundial, desde 1900 hasta hoy, ha sido intensivo en emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales se han multiplicado casi por 20 en ese periodo.

Pero esto no es todo. Además de un bien público, la reducción de emisiones, lo es de forma global. Y aquí global debe entenderse en un doble sentido. Por un lado, en un sentido geográfico: es decir, para poder contar con una atmósfera más limpia, las emisiones deben reducirse en todo el planeta. Es evidente que reducir las emisiones, por ejemplo, en Europa y aumentarlas en Asia, no tendrá el efecto deseado. Y, por otro, en un sentido intertemporal: los efectos de las decisiones que tomemos hoy afectarán a nuestra generación y a las posteriores, al igual que los efectos del crecimiento intensivo en emisiones en el pasado nos afecta a nosotros.

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Conviene no olvidar ninguna de esas dos dimensiones cuando se aborda el reparto de los costes que una reducción global y rápida de emisiones supondría sobre todos los países y poblaciones. Fundamentalmente, porque los niveles de desarrollo y de emisiones per cápita son muy dispares en el mundo y también lo han sido en el pasado. Basta ver cómo Estados Unidos o Europa emiten mucho más en términos per cápita que China o India, por no citar cualquier país africano. Es decir, la actual concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera es consecuencia de un crecimiento que no ha alcanzado a todas las partes del globo por igual. Por tanto, no parece equitativo privar de su posibilidad de desarrollo a aquellos que, hasta ahora, no han disfrutado del mismo, o no lo han hecho en la misma medida, porque otros hayan contaminado en exceso en el pasado.

Dicho en otros términos: fijar objetivos de emisiones equitativos requiere que las emisiones per cápita de todos los países converjan para permitir también la convergencia en renta per cápita. Ello implicaría que, a más nivel de desarrollo, aún mayor debería ser la reducción en términos per cápita y, ello, para compensar el incremento en emisiones per cápita que tendrían que hacer los países en desarrollo para garantizar su convergencia en renta.

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Volvamos ahora a la COP25, a sus debates y a sus resultados centrados en conseguir avances en diversos temas que quedaron pendientes tras el Acuerdo de París de 2015. Y veamos cómo las tensiones que se han producido en las negociaciones reflejan lo explicado hasta ahora.

Es necesario empezar señalando la relevancia del propio Acuerdo de París que constituyó un importantísimo paso adelante por su carácter universal y vinculante para todos los países que lo han ratificado, 187. Y ello, a pesar de las notables excepciones y de que las contribuciones nacionales comprometidas no sean suficientes para lograr sus objetivos. Hasta este acuerdo, los compromisos de reducción de emisiones habían abarcado solo a unos pocos países, fundamentalmente desarrollados. Es, por tanto, el carácter global del Acuerdo lo que lo hace histórico, pero también lo que complica los avances.

La dificultad de repartir los costes y la tensión entre el binomio clima-desarrollo se puso claramente de manifiesto en lo finalmente acordado en relación a una de las mayores expectativas creadas antes de la COP25: que todos los países aumentarían la ambición de sus compromisos de reducción de emisiones en 2020. El debate fue agrio y el resultado descafeinado: tan solo 79 países representando aproximadamente el 10,5% de las emisiones globales se comprometieron a aumentar su ambición y países como China o Brasil se opusieron a acordar una obligación en este sentido. De hecho, estos países junto con India y otros en vías de desarrollo, mostraron su frustración porque los países ricos no hubieran cumplido los compromisos que habían asumido hasta 2020, en particular respecto a la financiación y apoyo prometido a los países en vías de desarrollo y se opusieron a aumentar la ambición de los compromisos de emisiones hasta que se incluyera una exigencia en este sentido para los países desarrollados.

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La misma tensión entre países por el reparto de los costes fue la que impidió acordar un diseño para el mercado global de derechos de carbono, pactado en París. Así, las negociaciones se estancaron en temas como, por ejemplo, si poder utilizar en el nuevo mercado créditos de carbono provenientes del mecanismo anterior bajo el protocolo de Kyoto, cómo el mercado global debe contribuir a reducir adicionalmente las emisiones o cómo deben usarse y repartirse los fondos provenientes del nuevo mercado de carbono. Todo ello revela que no existe una transferencia suficiente entre países que permita un esfuerzo de mitigación de emisiones que sea percibido como equitativo.

En definitiva, la COP25 ha puesto de manifiesto que conseguir una atmósfera limpia y reducir en forma suficiente las emisiones es una tarea global que requiere, en el reparto de esfuerzos, tener en cuenta sus implicaciones en el crecimiento y el desarrollo para evitar cristalizar las actuales diferencias de desarrollo entre países. Solo así es posible tener éxito.

Y ello, a su vez requiere tres cosas: altura de miras; un debate riguroso de beneficios, costes y alternativas tecnológicas y sin demagogia, populismos, ni medias verdades; y, por último, generosidad por parte de los países más desarrollados que deberán hacer un esfuerzo mayor tanto en la reducción de emisiones per cápita como en la inversión en tecnologías cada vez menos contaminantes que deberán poner a disposición de los países menos avanzados para que puedan desarrollarse sin emitir en exceso.

Muy feliz Navidad