Pensiones: ¿Y si miramos más allá del 1 de enero?

Desde hace algún tiempo y, especialmente, cuando termina el año, las pensiones han entrado de lleno en el debate político, un debate político que se centra, fundamentalmente, en su revalorización. En un contexto de fragmentación política, como consecuencia de Gran Recesión y del efecto de las nuevas tecnologías, los responsables políticos se han vuelto más sensibles a las reivindicaciones de aquellos colectivos susceptibles de darles una ventaja electoral. Y, así, la cuantía en la que las pensiones aumentan o no cada año se convierte en una mercancía que ofertar a un electorado en el que los pensionistas son el grupo social más grande.

Es muy positivo que la opinión pública y los responsables políticos se preocupen por cuáles y cuántas son las rentas que quedarán a las personas que ya no están en edad de trabajar. No en vano, el sistema de pensiones es uno de los pilares de nuestro sistema de bienestar y es necesario preservarlo.

Sin embargo, en España, el debate público sobre las pensiones, especialmente en los últimos tiempos, se ha centrado casi en exclusiva en cuál será su revalorización el 1 de enero siguiente, dejando mucho más de lado aspectos esenciales como la capacidad de sostener el sistema en el tiempo, su relación con el nivel de empleo, su financiación o su generosidad. Y todo ello, en un contexto de envejecimiento acelerado de la población y de rápido aumento de peso del gasto en pensiones en el PIB.

La preocupación sobre los sistemas de pensiones está muy presente también en otros países –especialmente en sociedades cada vez más envejecidas como la europea o la japonesa– y protagoniza muchos de los análisis que llevan a cabo las instituciones económicas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o la Comisión Europea para realizar recomendaciones a sus miembros. Pero, a diferencia de lo que parece preocupar predominantemente a la opinión pública en España –la revalorización anual más o menos generosa– en otros países y en las citadas instituciones los temas de discusión son aquellos que definen el modelo de pensiones y su sostenibilidad en el tiempo. Y tienen en cuenta las tendencias demográficas previstas para los próximos 20, 30 o 40 años, de forma que no solo los pensionistas de hoy puedan tener rentas suficientes que garanticen su tranquilidad, sino que también puedan tenerlas los pensionistas de mañana.

En España, el debate público sobre las pensiones se ha centrado casi en exclusiva en cuál será su revalorización el 1 de enero siguiente

Ello exige poner sobre la mesa temas que no son sencillos. Por ejemplo: cuáles son las prestaciones que un país puede permitirse según su esperanza de vida; cuánto supone la pensión pública en relación al último salario cobrado (la llamada tasa de reposición); cuál es y cómo evoluciona el número de trabajadores por pensionista; cuál es el nivel óptimo de las cotizaciones sociales; cuál es el impacto de estas cotizaciones sobre la creación de empleo, en particular, sobre determinados colectivos, como los jóvenes; cómo deben cotizar los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores a tiempo parcial o aquellos con contrato temporal; la necesidad de extender la edad de jubilación; cuál puede ser la revalorización anual, en función de qué variables, si esta debe afectar a todas las pensiones o solo a algunas y cuál es su coste; y, por último, cuáles son las alternativas para financiar el sistema.

Así, muchos desearían pedir a los Reyes Magos un sistema de pensiones que garantice a los jubilados una pensión pública muy elevada respecto al último salario cobrado; que esta pensión se revalorice anualmente de forma generosa; que la jubilación se produzca, como tarde, a los 65 años lo que, según la esperanza de vida en España, permitiría cobrar la pensión durante casi 20 y que este esquema sea sostenible en el tiempo, a medida que la población de más de 65 años suponga un porcentaje cada vez mayor, al menos hasta que pase el impacto de los 'baby boomers' de los años 70, allá por 2055. No hay que olvidar que, en España, en 2020, la población de más de 65 años pasará de representar el 33% de la aquella en edad de trabajar al 78% en 2060, uno de los envejecimientos más rápidos y elevados de la OCDE.

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Financiar ese generoso sistema de pensiones exigiría, bien un fuerte incremento de los impuestos o bien un aumento no menos notable de las cotizaciones, con el consiguiente impacto sobre el empleo que, a su vez, probablemente afectaría con más intensidad a los colectivos menos protegidos, como los jóvenes y recaería sobre un número cada vez más reducido de trabajadores. Todo ello puede ser, sin duda, una opción; pero antes de tomar decisiones debemos ponernos de acuerdo hasta dónde queremos llegar y hacerlo siendo conscientes de todos los costes. Y para ello, debemos abordar un debate amplio, responsable, sin demagogias ni dominado por coyunturas políticas determinadas.

Ello, especialmente, teniendo en cuenta que en España ya contamos con un sistema de pensiones entre los más generosos de la OCDE: la pensión pública respecto al último salario cobrado es en España de un 72,3% entre las más altas de la OCDE y está por encima de la de países como Alemania (38,7%) o Francia (60,1%). Además, durante la reciente crisis económica y, a pesar del necesario ajuste fiscal que hubo de hacerse, el poder adquisitivo de las pensiones fue preservado todo lo posible y estas se incrementaron incluso en años de inflación negativa.

En los años 2011 y 2013, los gobiernos de distinto color político adoptaron reformas para contribuir a su sostenibilidad y equilibrio a largo plazo

En los años 2011 y 2013, dada la difícil situación fiscal y las tensiones demográficas que ya empezaban a percibirse, los gobiernos, de distinto color político, adoptaron reformas del sistema de pensiones español para contribuir a su sostenibilidad y equilibrio a largo plazo, así como a asegurar la solidaridad intergeneracional. Estas reformas estaban en línea con lo que estaban haciendo otros países y con las recomendaciones de los organismos internacionales.

Así, la reforma de 2011, adoptada en el marco del Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones entre gobierno e interlocutores sociales siguiendo algunas de las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2011, introdujo un aumento gradual de la edad de jubilación de 65 a 67 años; un aumento del número de años para calcular la pensión, de 15 a 25 años; y un factor de sostenibilidad, a partir de 2027, para reflejar la variación de la esperanza de vida y mantener el equilibrio entre las contribuciones al sistema y sus prestaciones. En la misma línea, la reforma de 2013 estableció la forma de aplicar el factor de sostenibilidad, adelantándolo a 2019 y utilizando factores demográficos e introdujo un índice de revalorización para asegurar el equilibrio entre ingresos y gastos del sistema.

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Sin embargo, a medida que la situación económica ha mejorado, pero también a medida que los efectos de la fragmentación política empezaron a notarse, en España, como también ha ocurrido en otros países, los gobiernos han adoptado medidas más populares, revalorizando las pensiones para lograr acuerdos políticos o suspendiendo de facto algunas de las actuaciones más impopulares de las reformas adoptadas. Ello, si bien puede generar réditos políticos inmediatos, supone liquidar un modelo, seguramente perfeccionable pero necesario, y hacerlo sin reemplazarlo con otro, cerrando los ojos a una realidad cada vez más cercana.

La actuación responsable pasa por reflexionar de forma realista y valiente sobre qué sistema de pensiones queremos y podemos pagar. Y ello requiere mirar mucho más allá del 1 de enero del año próximo. De mañana. Feliz 2020.