Rentas mínimas en España: ¿qué podemos esperar?

Desde hace ya algún tiempo, se debate la conveniencia de diseñar un sistema de rentas mínimas para que los más vulnerables cuenten con una protección frente al riesgo general de pobreza

Foto: Foto: iStock.
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Desde hace ya algún tiempo, se debate en España sobre la conveniencia de diseñar un sistema de rentas mínimas a nivel nacional, para que los más vulnerables cuenten con una protección frente al riesgo general de pobreza o de insuficiencia de ingresos.

En este debate se sitúan, entre otras, propuestas como la iniciativa legislativa popular (ILP), promovida por UGT y CCOO, que en 2016 inició su tramitación en el Congreso; la renta complementaria de desempleo (RED), planteada en 2017 por el Partido Popular para reemplazar programas ya existentes como el Prepara; la renta activa de inserción (RAI) o el Programa de Activación para el Empleo (PAE), o, más recientemente, el compromiso del actual Gobierno de coalición de desarrollar un ingreso mínimo vital (IMV), como un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos

Con importantes diferencias de diseño, todas estas propuestas buscan, en última instancia, la creación de un sistema de protección de carácter asistencial, esto es, sin que sus beneficiarios hayan realizado contribuciones previas, bajo el paraguas de la Seguridad Social. Se trataría de una red de último recurso frente a la pobreza o la pobreza extrema.

Estos sistemas de protección no son nuevos y existen, ya desde hace tiempo, en los países de nuestro entorno y también en España. Eso sí, con diferentes grados de éxito en cuanto a la consecución de sus objetivos, su capacidad de evitar la cronicidad de estas situaciones, su coste, su grado de fragmentación o su carga burocrática.

Si comenzamos mirando al exterior, observamos que son muchos los países de la Unión Europea que cuentan, como parte de su Estado de bienestar, con redes de protección de último recurso. El objetivo perseguido por estas redes es reducir la pobreza mediante el mantenimiento de un nivel suficiente de ingresos en los hogares más afectados por la misma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmando la subida del SMI. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmando la subida del SMI. (EFE)

Los modelos existentes, sin embargo, son muy heterogéneos en cuanto a, por ejemplo, objetivos, cobertura, condiciones de acceso y permanencia o gestión. Ello está en función de las estructuras administrativas y competenciales, la demografía, la idiosincrasia o cultura del país y también de las razones o el momento en que fueron puestos en marcha.

Los más antiguos son los de los países nórdicos y el Reino Unido, que surgieron como parte importante del diseño de sus sistemas de protección social en la primera mitad del siglo XX. En otros casos, como Bélgica o Irlanda, el origen de estos programas es el aumento del desempleo y la necesidad de otorgar cierta protección económica, tras la crisis del petróleo de los años setenta. En los años ochenta, Francia implantó la renta mínima de inserción, cuyo diseño influyó en los programas de protección del sur de Europa, donde se pusieron en marcha programas, en muchos casos, con un elevado grado de descentralización, incluso a nivel local. Los últimos en incorporarse a este tipo de políticas sociales han sido los países del este de Europa y Grecia.

A pesar de estas diferencias, existen importantes elementos comunes en las constantes reformas que estos sistemas europeos han sufrido a lo largo de su existencia para mejorar su eficacia y conseguir resultados al menor coste posible. La presión de reforma hacia mayores niveles de eficiencia aumentó con la Gran Recesión, que trajo consigo un aumento de las situaciones de necesidad, en un contexto de menor margen fiscal de los gobiernos.

Existen importantes elementos comunes en las reformas que los sistemas europeos han sufrido a lo largo de su existencia para mejorar su eficacia

Así, algunos de estos elementos que se repiten en las reformas realizadas son: la reducción de su fragmentación; la compatibilización, de forma decreciente, de sus beneficios con la percepción de otras rentas; la vinculación de la percepción de los beneficios a la aceptación de ofertas de trabajo o de formación que faciliten la inserción sociolaboral, en un mercado de trabajo cambiante y afectado por el cambio tecnológico; una mejor definición de las situaciones de pobreza y, por tanto, de los beneficiarios; la adaptación de las ayudas a las características del hogar, más que del individuo, o la mejora de los mecanismos de control 'ex ante' y 'ex post' y de sanción.

España, desde hace décadas, cuenta también con programas asistenciales dirigidos a proveer de rentas a colectivos con insuficiencia de ingresos, si bien no todos ellos tienen como objetivo último la protección frente al riesgo de pobreza.

La principal característica del sistema asistencial español es su elevada complejidad: existen programas a nivel nacional que buscan, fundamentalmente, proteger de las consecuencias del desempleo o garantizar unas pensiones mínimas a las personas mayores; programas autonómicos de rentas mínimas propiamente dichos, con el objetivo explícito de reducir la pobreza, y políticas sociales de los ayuntamientos dirigidas a paliar situaciones de vulnerabilidad. Todo ello configura una red muy fraccionada y poco transparente, que genera importantes diferencias territoriales tanto en cobertura y acceso como en su éxito en la reducción de la pobreza. Este elevado grado de complejidad compromete también su eficiencia, ya que probablemente con un diseño más coordinado se conseguirían mejores resultados con un menor nivel de gasto.

Todo esto debe llevarnos a actuar en consecuencia. Si verdaderamente queremos contar en España con un sistema de rentas mínimas que proteja a los más vulnerables frente a situaciones de pobreza, se hace necesaria una reflexión serena y responsable que avance en la línea de las reformas puestas en marcha en otros países europeos. Ello requiere, en primer lugar, una mayor coordinación entre niveles administrativos tanto en el diseño como en la gestión de la red de último recurso, siempre respetando el marco competencial existente.

En este sentido, la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital a nivel nacional que pueda ser complementado, en su caso, por las comunidades autónomas puede ser una oportunidad de dotar de más racionalidad y eficacia al sistema actual. Pero, para ello, esta renta mínima debe tener bien definido su objetivo, acotando de forma estricta el concepto de pobreza o pobreza extrema y vulnerabilidad, y teniendo en cuenta las circunstancias familiares; incorporar mecanismos que eviten la cronicidad de estas situaciones y, por tanto, debe incentivar la búsqueda y la aceptación de un empleo; otorgar un nivel de cobertura que sea compatible con la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, y contar con mecanismos de control y sanción que permitan evitar las situaciones de fraude.

En esta línea, se han pronunciado en el pasado tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que hizo propuestas concretas sobre cómo diseñar una renta mínima en España, o, más recientemente —la semana pasada—, el Fondo Monetario Internacional, quien, en un 'working paper', pone de manifiesto la necesidad de mejorar la eficacia de nuestro gasto social, enfocándolo más en los grupos más vulnerables y mejorando la coordinación y la estructura institucional.

Competencia (im)perfecta
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