El Covid-19 requiere decisión, flexibilidad y rapidez

La crisis sanitaria desatada por el Covid-19 está poniendo a prueba nuestras democracias, nuestras economías y nuestras sociedades

Foto: La reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, este lunes. (EFE)
La reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, este lunes. (EFE)
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La crisis sanitaria desatada por el Covid-19 está poniendo a prueba nuestras democracias, nuestras economías y nuestras sociedades. De la rapidez y flexibilidad con que seamos capaces de reaccionar y de la determinación y sentido de la responsabilidad que mostremos todos —gobiernos, empresas e individuos— dependen la eficacia de su control sanitario y el alcance de sus efectos económicos a medio y largo plazo.

Parto de la base de que la incidencia aguda del Covid-19 que vivimos y la presión extrema sobre nuestros sistemas sanitarios —y también sobre nuestras economíasserán algo transitorio. Transitorio porque no es descartable que, como el SARS o el MERS, este coronavirus sea estacional; pero también porque se acabará desarrollando un tratamiento eficaz —eventualmente, incluso una vacuna— contra el mismo, una tarea para la que globalmente se están destinando recursos importantes.

Hasta entonces, debemos ser capaces de frenar el ritmo de contagios. Y por ello, se están poniendo en marcha en España y en el resto del mundo medidas extraordinarias y excepcionales; medidas que limitan derechos y libertades de forma transitoria, pero también inimaginable hasta hace apenas dos semanas. Son medidas imprescindibles, aunque tengan, junto con el miedo al contagio, un efecto devastador e inevitable a corto plazo sobre nuestras economías. O, lo que es lo mismo, sobre nuestras empresas y sobre nuestros trabajadores.

En esta situación, la prioridad de las autoridades económicas, en España y en Europa, es evitar que la crisis aguda a corto plazo se cronifique. Y ello requiere adoptar, en lo económico, medidas igualmente extraordinarias y excepcionales, y también de carácter transitorio, para construir un puente por el que nuestras empresas y trabajadores puedan transitar hasta que la situación se normalice y puedan retomar, en las mejores condiciones posibles, su actividad normal y su consumo.

A corto plazo, el Covid-19 tendrá efectos muy profundos sobre el crecimiento y el empleo. Como referencia, basta ver los datos que estamos conociendo sobre las consecuencias en China: el PMI manufacturero de febrero (35,7) fue el peor dato histórico; la producción industrial en los dos primeros meses de 2020 respecto a los dos primeros de 2019 cayó un 13,5%, y las ventas minoristas, en el mismo periodo, lo hicieron un 20,5%, cuando estaban creciendo al 8% hasta diciembre. Todo ello es resultado del doble 'shock' negativo que la epidemia está provocando.

Un primer 'shock' se produce por el lado de la oferta, como consecuencia de la disrupción de las cadenas globales de valor. Esta disrupción comenzó con la crisis sanitaria en China, que tuvo que cerrar sus fábricas, interrumpiendo así la producción de bienes intermedios y componentes esenciales para importantes industrias europeas y norteamericanas. Aunque hasta hace pocas fechas han estado trabajando con las existencias disponibles, ante su agotamiento, pueden terminar paralizando la producción. A ello se añaden las distorsiones adicionales que se están produciendo en las cadenas europeas, ante la propagación del virus. En España, ello afecta, de forma crítica, al sector del automóvil —fuertemente integrado en las cadenas globales de valor—, que representa más del 15% de nuestras exportaciones y que se está viendo en la necesidad de despedir trabajadores temporalmente.

Pero el impacto mayor se producirá como resultado de las restricciones de apertura al público de los establecimientos minoristas. Y aunque una pequeña parte del efecto pueda compensarse, en algunos casos, con la venta 'online', la situación repercutirá, sin duda de forma importante, en las ventas y en los ingresos.

El segundo 'shock' es de demanda. El miedo al contagio, la incertidumbre y las medidas drásticas de contención y retención de la población en sus viviendas están hundiendo el consumo y afectando de forma directa e inmediata al sector servicios y, en particular, al turismo y sus actividades relacionadas, algo que, en un país que en 2019 visitaron casi 84 millones de turistas internacionales, tendrá un impacto más que significativo. La incertidumbre sobre la duración, las medidas y los efectos del virus también está dañando al otro componente de la demanda, la inversión, algo que puede comprometer la actividad presente, pero también futura.

La Sagrada Familia de Barcelona, sin las habituales colas. (EFE)
La Sagrada Familia de Barcelona, sin las habituales colas. (EFE)

A todo ello se añade el impacto que ambos 'shocks' tendrán sobre la liquidez y la capacidad de acceso a la financiación del tejido productivo, especialmente de las pymes, ante el deterioro de su situación financiera por la caída drástica, y aún impredecible en cuantía, de sus ingresos. Ello puede comprometer su actividad futura, e incluso conllevar cierres permanentes. Algo similar les ocurre a los consumidores, que, al encontrarse en una situación de desempleo o ver reducidos sus ingresos, tengan un menor acceso al crédito.

Para evitar que este fuerte 'shock' a corto plazo tenga efectos a largo plazo y resulte en la destrucción de empresas y en un aumento permanente del desempleo, es imprescindible actuar con decisión, rapidez y flexibilidad desde la política económica. La situación requiere adoptar medidas audaces, excepcionales y de importe suficiente. Medidas que, aunque tengan un coste fiscal importante en los próximos meses, no deben comprometer la estabilidad fiscal a largo plazo y, por tanto, deben ser temporales y revertirse, una vez se haya superado la situación. Además, el gasto en que se incurra debe estar relacionado directamente con la contención de la propagación del virus o de sus efectos económicos. En definitiva, las autoridades económicas deben actuar 'declarando' un estado de alarma en la política económica y tomando medidas igual de excepcionales y temporales que en lo sanitario.

Y ¿qué tipo de medidas deben adoptarse?

A nivel nacional, es necesario, en primer lugar, dar un apoyo financiero transitorio y dotar de liquidez a las empresas, de forma que, en la medida de lo posible, estas puedan seguir atendiendo al pago de nóminas y otros gastos. Desde las administraciones, ello pasa, por ejemplo, por aplazar suficientemente pagos en obligaciones tributarias o de cotizaciones sociales o por utilizar los instrumentos públicos existentes para dar financiación directa, especialmente a los sectores que se vean más afectados en su actividad. En la práctica, ello supone 'prestar' la capacidad de endeudamiento que el Estado tiene, en beneficio del tejido productivo, en un momento de dificultad de acceso a financiación. Por otro lado, también será necesario aplicar la mayor flexibilidad posible en el mercado de trabajo para que las empresas puedan adaptarse rápidamente a las excepcionales circunstancias que se vayan produciendo como consecuencia de la emergencia sanitaria y asegurar así el mantenimiento del mayor número de empleos posible y que la pérdida de empleo solo sea temporal.

Por último, una vez terminen las medidas excepcionales que, en el estado de alerta actual, restringen la actividad, será necesario adoptar medidas de impulso a la demanda para recuperar, cuanto antes, la situación de normalidad.

Pero, además, en el caso de un país como España, miembro de una unión monetaria, las medidas nacionales deben completarse con actuaciones coordinadas al nivel de la UE. Esta coordinación se refiere tanto a la adopción de medidas que excepcionalmente puedan afectar al mercado interior —movimiento de personas, bienes y servicios— como en cuanto al uso, también excepcional, de los márgenes que permiten nuestras normas fiscales. Precisamente hace unos días, la Comisión Europea se pronunció en este sentido y, en particular, se mostró favorable a proponer al Consejo “aplicar la máxima flexibilidad del Pacto de Estabilidad para que se puedan poner en marcha las medidas necesarias para contener el virus y sus efectos socioeconómicos negativos”.

Por último, el BCE es también parte esencial del paquete y debe contribuir a lanzar un mensaje de fortaleza ante la amenaza que la pandemia supone para la zona euro y evitar, de forma decidida, su fragmentación.

En definitiva, vivimos un momento de adopción de medidas excepcionales que, también, deben aplicarse a lo económico. Combatir el virus exige un esfuerzo de todos en lo sanitario y también en lo económico. Y este esfuerzo requiere coordinación y unidad de acción a nivel nacional y europeo para superar con rapidez y al menor coste posible la anómala situación en que nos encontramos...

Competencia (im)perfecta
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