La guerra comercial de EEUU no es solo con China, también con Europa

La guerra comercial que, con momentos de mayor o menor intensidad, está tiñendo de incertidumbre la economía global y debilitando su crecimiento, va mucho más allá del enfrentamiento entre Estados Unidos y China. La evidente guerra de medidas y contramedidas entre estos dos países, que inició el presidente Donald Trump hace casi dos años, esconde, además, una lucha clara por el dominio digital y la hegemonía global.

Pero China no es el único afectado directamente por la política comercial exterior del presidente norteamericano. Bajo una filosofía declarada de que imponer aranceles a bienes producidos en terceros países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial es una estrategia ganadora y generadora de empleos para Norteamérica, muchos otros están viendo dificultado su acceso al mercado estadounidense. Entre ellos, también Europa, quien ya sufrió la imposición unilateral de aranceles sobre sus exportaciones de acero y aluminio el 31 de mayo de 2018 y, más recientemente, está viendo cómo el apetito proteccionista de Trump se traduce en amenazas concretas a productos europeos.

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Y es que el presidente norteamericano utiliza con mucha ligereza la amenaza proteccionista como una forma de 'negociación' para conseguir sus objetivos políticos o como un mecanismo de presión para que terceros países cambien sus políticas.

El último ejemplo lo tuvimos la semana pasada durante la celebración en Londres de la asamblea anual de la Alianza del Atlántico Norte, que, en el 70 aniversario de su fundación, dejo unos, en el mejor de los casos, pobres resultados.

El debate entre los Estados miembros de la OTAN en esta ocasión era el avance en el cumplimiento de los compromisos de gasto en defensa —del 2% del PIB en la próxima década— asumidos en la cumbre de Gales de 2014.

La 'estrategia negociadora' de Trump pasó por amenazar con la imposición de nuevos aranceles al comercio con la Unión Europea, en particular a Alemania, si esta no se comprometía a aumentar su gasto en defensa. Partía de la base de que Alemania le debía 'dinero' por la aportación adicional que el contribuyente americano hace a la defensa común para compensar el menor gasto de Alemania.

Uno de los sectores potencialmente más vulnerables hoy en día a la imposición de nuevos aranceles u otras medidas de restricción del comercio, con fuerte impacto en Alemania y también en el conjunto de la Unión Europea, es el de automóviles y sus componentes.

Este sector ya fue sometido a una investigación, por parte de las autoridades norteamericanas, bajo la denominada Sección 232 de la Trade Expansion Act de 1962, que autoriza al presidente de EEUU —sin que ello deba ser aprobado por el Congreso— a imponer restricciones sobre las importaciones cuando estas se realizan en condiciones que pongan en peligro la seguridad nacional. La interpretación de qué se entiende por seguridad nacional corresponde también al Ejecutivo. Se trataba de una norma pensada para la Guerra Fría.

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Sin embargo, muchas de las políticas de corte proteccionista que la Administración Trump ha aplicado se han basado en investigaciones iniciadas bajo esta normativa. La más conocida fue la relativa a las importaciones de acero y aluminio que supuso un precedente relevante, ya que definió de forma muy amplia la 'seguridad nacional', incluyendo industrias no directamente relacionadas con la defensa nacional y considerando la seguridad actual y futura.

La investigación de las importaciones del sector del automóvil y sus partes se inició en mayo de 2018 y terminó en febrero de este año, concluyendo que estas suponen una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, aunque el presidente Trump, en un comunicado emitido en mayo, aplazó la imposición de medidas y señaló que estas no afectarían a todos los países por igual. En particular, se dio un plazo, que concluyó a mediados de noviembre, para alcanzar un acuerdo con la UE y Japón, indicando que, de no alcanzarse un acuerdo satisfactorio, aplicaría cualquier medida que creyera necesaria para reducir la amenaza que para Estados Unidos suponen estas importaciones.

Pero el sector del automóvil no es el único en el punto de mira unilateral de Trump. Además, recientemente la Administración americana ha amenazado con imponer aranceles de hasta el 100% a productos emblemáticos franceses (como queso, bolsos o champán) por valor de 2.400 millones de dólares americanos, como represalia a la puesta en marcha de un impuesto digital que consideran discriminatorio.

Es cierto que resulta difícil calibrar la seriedad o el alcance de estas amenazas; y, mucho más, los plazos en que pudieran concretarse. Pero, lo más importante, se lleven o no a la práctica, es que están destruyendo el sistema multilateral de comercio que nos dimos en 1995 con la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Es en ese marco —y no a través de medidas unilaterales— donde deben resolverse las disputas comerciales entre sus miembros. Y Estados Unidos y Europa lo son.

Resultado de ese mecanismo de solución de disputas es, por ejemplo, el desenlace del caso Boeing-Aibus, perdido por la Unión Europea. En virtud del resultado de este caso, Estados Unidos ha impuesto recientemente aranceles a productos europeos como queso, vino o productos agrícolas, afectando incluso a países —como Italia— que no están en el Consorcio Airbus. Aunque, a diferencia de otros casos, estas medidas no son unilaterales sino resultado del sistema multilateral de resolución de disputas, no deja de llamar la atención que los productos elegidos para la imposición de aranceles son fundamentalmente agroalimentarios, están muy ligados a la imagen de los países exportadores y tienen competidores internos en los Estados Unidos, por lo que las medidas concretas aplicadas parecen obedecer a una agenda política clara a nivel interno.

Pero el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Europa va aún más allá y afecta a la propia defensa del sistema multilateral de comercio que Estados Unidos, bajo el presidente Trump, no reconoce y que se ha convertido en un caballo de batalla en todas y cada una de las últimas reuniones del G-7 y el G-20.

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Desde hace años, Estados Unidos cuestiona la existencia del Órgano de Apelación de la OMC, el máximo órgano de resolución de conflictos, bajo el argumento de que no existe más soberanía sobre los poderes públicos americanos que la que emana de su pueblo ('We, the people'). Pero, en lugar de plantear su reforma o buscar una solución, acepta sus decisiones cuando le conviene —véase el caso Boeing-Airbus— o se 'disgusta' y adopta soluciones unilaterales cuando no es así.

La situación ha llegado a un punto casi de no retorno: la OMC verá a partir del 11 de diciembre paralizado su órgano de apelación, debido a la negativa de Trump de renovar a sus miembros. El órgano se compone de siete jueces; pero la falta de acuerdo para la renovación de aquellos cuyo mandato ha ido expirando lo ha dejado reducido a tres, el quórum mínimo. El mandato de dos de esos tres jueces expira mañana, lo que bloqueará las decisiones del órgano de arbitraje. Sin un árbitro neutral, las decisiones vuelven a los Estados, al bilateralismo. El terreno en el que parece querer moverse Trump.