La economía española en 2020: todo lo que nos queda por hacer

En los últimos 10 años, España ha sufrido la peor recesión de los últimos 80 años, desde la Gran Depresión, y ha llevado a cabo un enorme esfuerzo de recuperación para superar —si bien aún no lo ha hecho plenamente— sus efectos. Ambos, recesión y esfuerzo de recuperación, han transformado profundamente nuestra estructura económica.

Tras seis años consecutivos de crecimiento económico que, por primera vez en nuestra historia, ha sido compatible con superávit exterior y baja inflación, es un buen momento para pararnos a analizar cuál es la situación actual de la economía española, cuáles son sus fortalezas y debilidades, a qué retos se enfrenta, y qué debemos hacer para mantener nuestro diferencial de crecimiento y converger, así, en renta y, sobre todo, en empleo con los países más avanzados de la OCDE.

Empecemos por los grandes agregados macroeconómicos. La economía española crece desde el año 2014 y, en ese periodo, lo ha hecho por encima de la media de la zona euro. Sin embargo, durante la Gran Recesión, fue mucho más castigada que la eurozona. Así, según Eurostat, entre 2008 y 2013, el PIB se contrajo en España un 8,5%, frente a una contracción media del 2% en la zona euro. Sin embargo, en los últimos seis años, el PIB real creció en España un 14%, frente al 10% de la zona euro.

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Javier G. Jorrín

Gracias a este crecimiento diferencial, el PIB per cápita español se situó, en 2018, dos puntos por encima del que teníamos en 2008: sin embargo, la eurozona tiene en 2018 una renta per cápita superior ya en cinco puntos a la de hace 10 años. Dicho de otra forma, con la recuperación, España está volviendo a converger con Europa; sin embargo, la profundidad de la crisis fue tal que todavía no hemos recuperado el terreno perdido.

El crecimiento de la economía española ha sido superior al de la zona euro en cada uno de los años del último lustro. En 2015 y 2016, los primeros años de recuperación, la economía española registró crecimientos elevados, superiores al 3%, por encima del 2% al que crecía la eurozona; con ello, recuperamos posiciones a gran velocidad. A partir de 2017, el diferencial de crecimiento se reduce a medio punto, pero ha vuelto a repuntar algo en 2019. Es decir, la economía española, a pesar de haber moderado sus tasas de crecimiento, sigue manteniendo un consistente diferencial con los países de la unión monetaria. Y este diferencial incluso se ha incrementado algo en los momentos de desaceleración europea. Ello se debe, como veremos, a que nuestro crecimiento desde 2014 es el más equilibrado y sólido de nuestra historia.

Al contrario que en expansiones anteriores, la economía española no ha perdido competitividad. Si la etapa anterior a la crisis se había caracterizado por una profunda pérdida de competitividad —inasumible dentro del euro— y galopante déficit exterior, estos desequilibrios se ajustaron durante la recesión. Y, lo más importante: la inflación controlada y el superávit exterior se han mantenido en la expansión. Desde 2009, la inflación española se ha situado, la mayoría de los años, por debajo de la media de la zona euro, y esta tendencia continuó, a partir de 2014, con la única excepción de 2017, año en el que nuestra inflación fue ligeramente superior a la media de la zona euro, por la subida del precio de la energía. Mantener la inflación controlada es un factor clave para sostener el crecimiento: las últimas dos recesiones fueron precedidas por una acumulación de diferenciales de inflación con nuestros socios comerciales, que terminaron erosionando nuestra competitividad exterior y creando abultados déficits externos.

Es precisamente con relación al déficit exterior donde se ha producido el mayor cambio estructural en la economía española. Antes del comienzo de la crisis, nuestro déficit por cuenta corriente batía todos los récords y se situaba en el 9% del PIB, una cifra elevadísima que hacía insostenible la deuda externa. En 2012, tras una brusca corrección, se alcanzó el equilibrio de las cuentas exteriores. Y, a partir de entonces, se encadenan siete años seguidos de superávit exterior de entre dos y tres puntos de PIB, algo que no tiene precedente en nuestra historia económica.

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España, tras la crisis y la recuperación, se ha transformado en la segunda economía grande más exportadora de la UE, tras Alemania, y ello nos permite crecer de forma equilibrada. Este es nuestro principal activo tras la crisis y, por ello, conservar nuestra competitividad debe ser uno de los objetivos principales de la política económica. Además, aunque hemos reducido significativamente nuestro endeudamiento exterior, este aún se sitúa en un elevado 80% del PIB, uno de los más altos de la OCDE, lo que constituye una potencial vulnerabilidad si se llega a percibir como no sostenible. De momento, las proyecciones económicas apuntan a que España seguirá conservando su superávit externo: la Comisión Europea, en sus últimas previsiones, mantiene el superávit por cuenta corriente de la economía española en torno al 2,5% del PIB. Y ello, a pesar de las tensiones en el comercio internacional.

La situación de las cuentas públicas es otra de las cuestiones a las que hay que prestar gran atención. Antes de la crisis, España tenía unas cuentas saneadas, pero con una importante debilidad que se puso de manifiesto con la crisis: teníamos un gasto estructural que se financiaba con ingresos no sostenibles ligados a la burbuja financiera e inmobiliaria. Cuando estalló la crisis, esos ingresos se evaporaron (se redujeron en casi 70.000 millones entre 2007 y 2009) y los gastos se dispararon, provocando un inmenso agujero en las cuentas públicas: entre 2009 y 2012, el déficit público (incluido el rescate financiero) se situó entre el 9% y el 11% del PIB y la deuda pública se disparó a niveles percibidos como insostenibles. Solo mediante un gran esfuerzo de contención se ha conseguido reducir el déficit hasta el 2,5% del PIB en 2018, y empezar a reducir lentamente el endeudamiento público.

Hoy, el problema principal es que el déficit estructural sigue siendo demasiado alto. La Comisión Europea lo sitúa cerca del 3% del PIB. Para AIReF y otros analistas, estaría cerca del 2%, cifra, en todo caso, muy superior al objetivo a medio plazo de los países de la zona euro, del 0,5%, y, especialmente, de aquellos con altos niveles de endeudamiento. De ahí la insistencia de Bruselas en reducir rápidamente el déficit estructural para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y que el déficit no vuelva a sobrepasar la barrera del 3% del PIB en caso de recesión o fuerte desaceleración.

Por último, quiero referirme al mercado de trabajo. Su estructura ha hecho que, tradicionalmente, España sea el país que más empleo destruye durante la crisis, y el que más crea durante las expansiones. Las diferentes reformas laborales que se han llevado a cabo, y especialmente la última, han buscado introducir una mayor flexibilidad en el mercado para que los ajustes en los momentos de desaceleración no se realicen solo a través de despidos, sino que se compartan también vía salarios, como ocurre en otros países. Esto es mucho más difícil desde la entrada de España en la unión monetaria, al no existir la posibilidad de devaluar como en el pasado, lo que, a la postre, era una reducción temporal y oculta del salario real no percibida por los asalariados.

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Javier G. Jorrín

La crisis fue una catástrofe social en términos de destrucción de empleo, y, tras seis años de recuperación, nuestra tasa de paro es aún del 14%, casi el doble que la de la zona euro, y con fortísimas diferencias por grupos de edad y por regiones. En el mercado de trabajo, queda por tanto una inmensa labor por hacer.

La única forma sostenible de incrementar el empleo y que, simultáneamente, crezcan los salarios son los incrementos de productividad. Es este un camino largo, que no produce resultados espectaculares a corto plazo, pero es lo único que garantiza la mejora de rentas y empleo a largo plazo. Una economía flexible, incluyendo su mercado laboral, una inversión pública y privada eficiente y amplia, una educación de calidad y dirigida a las nuevas demandas de las empresas y cubrir nuestro desfase tecnológico es la única vía para cerrar el diferencial de productividad con los países más avanzados de Europa. Esto es especialmente relevante en un mundo de acelerado cambio tecnológico causado por la digitalización, que convierte en obsoleto gran parte del capital físico y humano existente, pero también abre oportunidades a países que, como España, no supieron, en su momento, estar a la cabeza de la revolución industrial. Todo ello, teniendo en cuenta, además, que esta mejora de la productividad debemos abordarla en un contexto de necesaria cooperación en la lucha contra el cambio climático. Ello, por una parte, con el estado actual de la tecnología, limita la capacidad de crecimiento de la economía mundial, pero por otra, eficientemente desarrollado, es para España una oportunidad al tener el mejor recurso solar de todo el continente europeo.

En definitiva, si la primera década de este siglo fue la del exceso y la segunda, la de la crisis y corrección de estos excesos, la tercera década puede ser la de la consolidación de crecimiento sostenible y la que nos acerque a las economías más avanzadas de la OCDE. Pero, para ello, tenemos deberes pendientes en materia de cuentas públicas, mercado de trabajo y productividad, que debemos hacer compatibles con mantener las ganancias de productividad y de vocación exportadora que ha conseguido la economía española en los últimos años.