¿Limitará la pandemia el poder de las grandes tecnológicas?

Últimamente, parece muy extendida la idea de que los gigantes tecnológicos serán los grandes beneficiados de la pandemia y que saldrán de ella muy reforzados. Sin embargo, su éxito puede verse limitado por la, cada vez más evidente, necesidad de regularlos.

En efecto, durante el confinamiento, las tecnologías de la información, todos los servicios que estas posibilitan y, con ellos, las empresas que los prestan han experimentado un despegue que ha servido para romper las barreras a su expansión que existían con anterioridad. Me refiero a barreras derivadas, en muchos casos, de las costumbres, de la desconfianza en la tecnología o, sobre todo, de los recelos de 'privacidad' de algunos usuarios. Todo eso parece haber desaparecido ante la inexistencia de alternativas.

En estos días, el comercio electrónico, el teletrabajo o las reuniones virtuales se han intensificado de forma impensable. Y ello ha otorgado a los gigantes tecnológicos un papel protagonista en el bienestar de los ciudadanos durante la pandemia. Esta experiencia, probablemente, en alguna medida, supondrá cambios estructurales que habrá que incorporar a las relaciones laborales, profesionales y sociales de forma más permanente, con todo lo que eso implica para la organización empresarial, de la Administración y de los propios negocios en sí.

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Pero, además, las tecnologías de la información y la economía de los datos serán seguramente un elemento esencial en el control de esta pandemia y en la prevención de otras futuras, a través de las aplicaciones de rastreo y otras tecnologías de las que tanto se habla últimamente.

Este protagonismo explosivo de las grandes tecnológicas por razones que podríamos calificar de interés público contrasta con la forma en que estas prestan sus servicios. Se trata de grandes empresas, en su gran mayoría privadas, que operan globalmente, sin apenas regulación.

En muchos casos, la base de su negocio consiste en el acceso y uso de los datos personales de sus usuarios. Es el caso de las grandes plataformas de compras que operan como un mercado público (Amazon o Aliexpress), motores de búsqueda (Google), relaciones sociales (Facebook, Twitter) y, ahora, de las aplicaciones de rastreo. Todas ellas operan, además, sin prácticamente competidores y, en muchas ocasiones, son identificadas, en su ámbito, como la única alternativa existente por los consumidores. El acceso desregulado a los datos de sus usuarios les otorga además una ventaja comparativa incalculable frente a otro tipo de negocios, más tradicionales y no exclusivamente digitales que, sin embargo, sí están sujetos a regulación por diversos motivos.

En otros casos, la ventaja se debe a que han sido capaces de generar un estándar prácticamente único globalmente, mediante la consecución masiva de economías de red que hacen que su producto adquiera más valor cuantas más unidades hay en el mercado. El caso más paradigmático es el de Microsoft, cuyo sistema operativo y, sobre todo, su paquete de procesamiento de texto, hojas de cálculo y presentaciones es, 'de facto', un monopolio global que, como tal, carece de regulación y solo se ha visto sujeto puntualmente a un control 'ex post', de carácter local, por las autoridades de competencia.

El debate sobre la necesidad de regular las grandes tecnológicas no es nuevo. Pero la pandemia lo ha hecho mucho más evidente e, incluso, urgente.

Ante la ausencia de competencia efectiva, desde hace algunos años, en la mayoría de los países se ha constatado la necesidad de limitar el poder y la libertad de los gigantes tecnológicos para acceder y utilizar sin límites los datos personales que constituyen su 'input' esencial; de establecer reglas impositivas globales que igualen el terreno de juego frente a otras empresas, o de fijar algún límite a su poder de mercado. Y ello hay que hacerlo, simultáneamente, compatible con un principio de intervención mínima, de forma que no se vean comprometidas las grandes ventajas de estas nuevas tecnologías, su innovación constante, la iniciativa privada o los servicios que aportan a los usuarios. El confinamiento que aún estamos viviendo habría sido muy distinto si estas no hubieran existido.

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Pero no solo son motivos estrictamente económicos los que explican la necesidad de algún tipo de regulación. El propio desarrollo de la economía de los datos y sus nuevas aplicaciones hace necesario garantizar la privacidad en la red, su transparencia, la asunción por parte de los operadores de ciertas responsabilidades sobre los contenidos o su seguridad que, de forma creciente, se está viendo comprometida.

Los gobiernos son cada vez más sensibles a ello y, tanto en Estados Unidos como en Europa, el debate está abierto. La dificultad es promover y mantener la competencia en mercados digitales con empresas que operan en países que tienen enfoques y tradiciones muy distintas sobre las prácticas regulatorias y de competencia. En el fondo, se trata de determinar cuál debe ser el tamaño óptimo que permita aprovechar las economías de escala y la distribución de riesgos de la innovación, sin menoscabar la competencia y garantizando unas reglas de juego equilibradas, la privacidad, la transparencia y la seguridad.

Y la Unión Europea, ¿dónde está en todo esto?

La pandemia, en el caso de la Unión, ha hecho aún más evidente su fuerte dependencia de proveedores de terceros países en lo referente a plataformas digitales, 'software', almacenamiento u otras tecnologías clave como ciberseguridad, algoritmos o inteligencia artificial. Esta dependencia tecnológica nos hace vulnerables económicamente y, además, conlleva riesgos en relación con la privacidad, protección y propiedad de los datos, limita nuestras capacidades de innovación y otorga una sustancial ventaja competitiva a unos, muy pocos y grandes, actores globales, poniendo en riesgo nuestro bienestar y capacidad de competir.

La Unión Europea es consciente de esta dependencia y, por ello, ha ejercido el liderazgo regulatorio en ámbitos como la protección y el acceso, seguro y respetuoso con la privacidad, a los datos; la regulación de las plataformas digitales; la ciberseguridad, o la aplicación de la política de competencia.

Sin embargo, en la Unión Europea también existe el convencimiento de que es necesario asegurar su soberanía tecnológica digital en ámbitos clave, para no depender de otras áreas económicas en algo que es tan esencial y estratégico. Ya antes del covid-19, esta era una de las prioridades de la Comisión Europea. La epidemia no ha hecho más que acentuarlo y ello llevará a la Unión a actuar, al menos, en tres frentes.

El primero, la Unión hará un esfuerzo de inversión adicional en infraestructuras de la economía de los datos (plataformas, supercomputación, inteligencia artificial y algoritmos). De hecho, una parte de los nuevos fondos del nuevo instrumento de recuperación se dirigirá a este esfuerzo.

El segundo, deberán ponerse en marcha cambios regulatorios para garantizar esa soberanía, introduciendo nuevas obligaciones a las grandes tecnológicas de terceros países.

Y, por último, será necesario revisar, por un lado, cómo deben funcionar las reglas de competencia en el mundo digital para garantizar un campo de juego equilibrado; y, por otro, abordar el debate sobre cómo Europa y su política de competencia deben facilitar o no la creación de 'campeones globales'. Esto es algo muy complejo y controvertido en un modelo político y económico como el europeo, pero podría revelarse como necesario para concentrar riqueza y conocimiento que beneficie a Europa en una economía global.