La deuda pública se descontrola: no dejará de crecer ni con la recuperación

En los cinco primeros meses de pandemia la deuda pública se disparó en casi 90.000 millones de euros. Una escalada que solo tiene comparación con la vivida cuando se contabilizó el rescate a España, a finales del año 2012. Si se tiene en cuenta el PIB hasta el segundo trimestre del año, el endeudamiento supera ya el 110%, cifras no vistas desde que existen registros modernos. Pero esta subida no se frenará aquí. Ni siquiera la recuperación conseguirá dar la vuelta a la escalada de la deuda. Esta vez, España no podrá confiar en el crecimiento económico y los estabilizadores automáticos para recortar el endeudamiento, será necesario un ajuste fiscal y medidas estructurales de fomento de la actividad para dar la vuelta a una deuda que, a día de hoy está descontrolada.

La esperanza del Gobierno de que el parón de la economía fuese temporal y que rápidamente recuperaría los niveles precrisis se apagan a medida que pasan las semanas. Los economistas temen ahora que la salida de la crisis será larga y requerirá de un gran esfuerzo. También presupuestario.

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Funcas ha lanzado esta semana un horizonte de previsiones para la deuda pública que apuntan a un escenario preocupante. Al menos quedan siete años de subida del endeudamiento (como porcentaje del PIB) si no hay cambios de política económica o fiscal. Esto significa que el déficit anual será superior al crecimiento de la economía al menos hasta 2027. Según sus estimaciones, al cierre de este año alcanzará el 120% del PIB y seguirá subiendo hasta superar el 130% a mediados de la década de los veinte y alcanzaría el 133% del PIB en 2027.

Esto significa que España seguirá durante siete años por encima del umbral de déficit excesivo de la UE (el 3% del PIB) aunque ya haya entrado en fase de recuperación. Y, por tanto, dentro del brazo correctivo. Estos datos muestran cómo la vuelta a la vieja normalidad será muy complicado si España confía su futuro sólo a los estabilizadores automáticos.

El Banco de España no ofrece un horizonte de previsión tan largo, y se queda en 2022, pero la tendencia que muestra es la misma. En sus dos escenarios de recuperación, uno más optimista y otro más pesimista, anticipa que la deuda seguirá creciendo en los próximos años hasta el 118% y el 129% del PIB respectivamente. La diferencia entre los dos escenarios es muy elevada, pero en ambos la deuda sigue un recorrido creciente a pesar de la recuperación.

En esta ocasión hay, además, otro enemigo para la corrección de la deuda pública: la jubilación de la generación del 'baby boom'

Es comprensible que sea así, ya que España empezará el año 2021 con la inercia de un déficit superior al 10% del PIB. Tras la crisis de Lehman Brothers el país tardó seis años en bajar el déficit desde un nivel similar hasta situarlo por debajo del 3%. En esta ocasión hay, además, otro enemigo para la corrección de la deuda pública: el envejecimiento. A mediados de la década empezarán a jubilarse los trabajadores de la generación del ‘baby boom’, lo que supondrá una gran presión para el gasto público, y también para los ingresos. Situación que complicará gravemente el objetivo de corregir la deuda.

Esto significa que la crisis del coronavirus tendrá un efecto permanente sobre las cuentas públicas de España y para corregirlo será necesario realizar reformas estructurales. Funcas estima que con reformas estructurales que eleven la productividad sería posible empezar a recortar el endeudamiento a partir del año 2025 sin mayores subidas de impuestos. Simplemente se lograría gracias al crecimiento adicional del PIB y su impacto sobre los estabilizadores automáticos.

Eso sí, para lograr esta mejora de productividad será necesario abordar cambios legales que, en muchos casos, van en la dirección opuesta a lo que propone el Gobierno. El abanico de medidas es muy amplio. “Educación, mercado laboral, sistema de pensiones, transición tecnológica y energética”, señala en su informe de previsiones. Un reto mayúsculo para un país que lleva años con un tapón legislativo que impide cualquier cambio estructural.