Los ayuntamientos tienen luz verde para disparar el gasto en 26.000 millones
Podrán gastar los depósitos acumulados tras 10 años de superávit, lo que significa añadir 2,4 puntos de déficit público en poco más de un año
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El sonoro fracaso del Ministerio de Hacienda al intentar conseguir prestados los remanentes de los ayuntamientos provocó un cambio de estrategia en el Gobierno. Tras meses justificando que la Constitución española no permite a las entidades locales incurrir en déficit, en contra de la opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Hacienda rectificó el miércoles. Finalmente, se acogió a la cláusula de escape para suspender los objetivos de estabilidad y el techo de gasto y así permitir el uso de los remanentes de los ayuntamientos.
El Gobierno ha justificado este cambio de criterio por “cuestiones técnicas”, no por su tacticismo político. "Lo que nos indican los técnicos es que al haberse suspendido la regla fiscal, opera el principio de que todas las administraciones pueden utilizar la totalidad de sus recursos para hacer frente a esta pandemia", ha explicado Montero, "es una cuestión puramente técnica". Es una cuestión técnica, pero podría haberla activado en marzo en lugar de esperar hasta septiembre.
A partir de ahora y durante los próximos cinco trimestres, los ayuntamientos podrán movilizar todos los recursos acumulados en forma de depósitos bancarios. En total, las corporaciones locales suman más de 26.000 millones de euros aparcados en los bancos que se han sumado tras una década de superávit forzoso por la aplicación de la regla de gasto.
En declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los ayuntamientos podrán utilizar todos sus recursos “sin límites”. Aunque sí que existe un límite: sus recursos disponibles. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas necesitan una autorización del Consejo de Ministros para acudir a los mercados de deuda, de modo que el Gobierno podrá controlar que no gasten más de lo que tienen ahorrado.
En cualquier caso, las corporaciones locales tienen depósitos suficientes como para hacer un buen roto al déficit público. Durante los últimos años, aportaban en torno a seis décimas del PIB de superávit, lo que permitía contrarrestar el elevado déficit de la Administración central. En 2020 y 2021, no habrá compensación de los ayuntamientos, sino que estos contribuirán a agravar el déficit público. Si utilizan la totalidad de sus depósitos, los más de 26.000 millones acumulados en las entidades financieras, estarán elevando el déficit en 2,3 puntos del PIB (PIB de 2020).
Estos recursos permitirán a los ayuntamientos poner en marcha estímulos fiscales para reactivar su economía. Sin embargo, serán desiguales en el territorio, ya que los remanentes no son los mismos y hay muchos ayuntamientos que siguen en déficit, de modo que ahora pagarán los excesos de años anteriores.
El problema de la suspensión de las reglas fiscales será, como siempre, el uso de esos recursos. Si los ayuntamientos no los utilizan de forma eficiente, esto es, para mejorar su capacidad de crecimiento, serán malgastados y supondrán un lastre para las cuentas públicas españolas. Uno más. Porque, aunque los ayuntamientos tengan remanentes, la realidad es que la deuda pública va camino del 120% del PIB.
El Fondo Monetario Internacional publicó el miércoles las conclusiones de su misión anual a España, y no son halagüeñas. Señala que los rebrotes amenazan la incipiente recuperación y alerta de que la deuda se disparará más allá del 120% del PIB. Esta subida pone en una situación ya muy vulnerable a España. Por el momento, la política monetaria expansiva permite al país seguir financiándose sin problemas, pero esta situación no durará siempre.
El FMI pide al Gobierno que presente, lo antes posible, un plan de reequilibrio de las cuentas públicas para dar transparencia y certezas sobre su política económica y fiscal. Y más ahora que los ayuntamientos también podrán contribuir a disparar el déficit público. Y, si Hacienda no escucha al FMI, tendrá que hacerlo con la Ley de Estabilidad que marca que el Gobierno tiene un mes para presentar un plan de reequilibrio.
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