La reforma de las pensiones y la brecha generacional

El Gobierno estudia medidas complementarias al blindaje de las actuales pensiones que pasan por recortar las futuras prestaciones de los que ahora trabajan

Foto: Imagen: Irene de Pablo.
Imagen: Irene de Pablo.

La primera reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido la más sencilla y popular: volver a indexar la revalorización al IPC. Eso significa que las pensiones actuales mantendrán o elevarán su poder adquisitivo, como han hecho en los últimos años, ya que las subidas aprobadas al inicio de año han resultado superiores a la inflación real y estas ganancias se han ido consolidando. Este incremento estructural del gasto requiere ahora un ajuste para hacer sostenible el sistema y la Seguridad Social tiene que decidir quién paga.

Los elegidos por el Gobierno son los trabajadores actuales, probablemente aquellos que tengan hoy menos de 60 años, ya que el ministro José Luis Escrivá ha defendido que cualquier reforma tiene que dar un margen prudencial de tiempo a los individuos para que se adapten a las nuevas reglas del juego y entrar en vigor de forma progresiva (a los primeros afectados apenas les supondrá una merma). Además, hasta el año 2022 sigue entrando en vigor la reforma de 2011 para elevar a 25 años el cálculo de la prestación, por lo que será necesario esperar, al menos, a 2023 para el siguiente cambio. La Seguridad Social ha ganado unos años de margen gracias al traspaso de los 'gastos impropios' al presupuesto del Estado, lo que anticipa que aquellos que están a punto de jubilarse no se verán afectados por la reforma.

La propuesta del Gobierno pretende moderar el gasto en pensiones con prestaciones más bajas en el futuro, lo que permitirá a la Seguridad Social mantener las pensiones actuales. Con esta elección se generaría un desajuste, ya que serían los trabajadores actuales quienes tendrían que soportar el coste de reajustar un sistema que lleva décadas desfasado, pero que no se ha querido corregir. El problema de la pirámide poblacional es ampliamente conocido desde los años ochenta, pero en España se ha optado por la estrategia de dejar pasar el tiempo hasta que estalle.

La premisa con la que trabaja el Gobierno es que quienes están hoy jubilados no tienen capacidad de reacción para buscar ingresos adicionales si sufren un recorte de su pensión. Este punto es cierto, pero eso significa que considera que los actuales trabajadores sí tienen la capacidad para mejorar sus ingresos o para elevar su ahorro de cara a la jubilación. Pero con los niveles de pobreza actuales y las dificultades que tienen los jóvenes para encontrar un trabajo y emanciparse, si pudieran conseguir más ingresos, lo harían sin dudarlo.

A la hora de corregir los errores repetidos durante décadas, hay que analizar también la situación actual de las diferentes generaciones. La contribución que haga cada una de ellas también debería tener en cuenta su capacidad económica y no solo la edad. Desde el estallido de la crisis del año 2008, si ha habido un grupo social que ha salido reforzado, ese es el de los jubilados.

En el año 2019, el único grupo social que había recuperado y superado los niveles de consumo de la burbuja inmobiliaria son los pensionistas. El gasto por persona superó los 13.300 euros, un 13% más que en el año 2008. Con esta subida se han convertido en el grupo social que más consume, solo por detrás de las personas cuyos ingresos principales proceden de las rentas del capital (grandes patrimonios). El consumo de los jubilados es un 12% superior al de los trabajadores asalariados.

Las cifras son similares si se analizan desde el punto de vista de la renta. Los ingresos netos per cápita de los mayores de 65 años han crecido un 22% desde el año 2007 (primer dato de la Encuesta de Condiciones de Vida), mientras que los ingresos de los que tienen entre 16 y 29 años están estancados y los del grupo de 30 a 44 años han crecido apenas un 4%. De esta forma, el grupo social con mayores ingresos son los jubilados, que han superado en este periodo a todos los trabajadores, con una renta per cápita de casi 13.000 euros en 2018 (último dato disponible).

La renta de los jubilados ha superado incluso a la de los trabajadores sénior: en 2007 era un 12% inferior y en 2018 era ya un 3% mayor. Es cierto que el efecto composición influye en las rentas de todos los grupos sociales, pero lo que es indudable es que quienes más ingresan en la actualidad no son los trabajadores, sino los pensionistas. Este desequilibrio podría invitar pensar en un reparto diferente de los esfuerzos para corregir los defectos del sistema de pensiones. Al menos uno que no cargue todo el ajuste sobre los menores de 55 años.

Sin duda dentro de cada grupo social también existen desigualdades que la futura reforma podría ayudar a corregir. El mejor ejemplo son las pensiones mínimas que dejan en una situación muy vulnerable a pensionistas que viven solos, en especial a las mujeres viudas. En su caso sería deseable una mejora de las rentas por la vía de las pensiones mínimas financiadas con cargo a los presupuestos del Estado.

Sin embargo, los datos del riesgo de pobreza también son muy diferentes en función de las franjas de edad y, nuevamente, los jóvenes salen perdiendo. La tasa de riesgo de pobreza de los menores de 29 años duplica a la de los mayores de 65 años. Además, los jóvenes cuentan con una agravante que es muy importante: la vivienda. Según la última 'Encuesta de condiciones de vida', del BdE (del año 2017), el 84% de los hogares en los que el cabeza de familia tiene más de 65 años tienen vivienda en propiedad, mientras que entre los menores de 35 años este porcentaje se reduce al 41%, menos de la mitad.

Eso significa que los jóvenes se han quedado al margen del proceso de revalorización de la vivienda que se ha producido en los últimos años de recuperación económica. Sin embargo, han sido quienes han sufrido el incremento del coste de los alquileres, lo que significa una transferencia de rentas a los propietarios de vivienda, en muchos casos, personas mayores. De hecho, el 61% de las personas entre 65 y 74 años tienen otras propiedades inmobiliarias además de su casa principal.

Con todos estos datos sobre la mesa sería incomprensible que la futura reforma de las pensiones asigne los esfuerzos solo en función de la edad. O, visto en términos políticos, en función del número de votos de cada cohorte de edad. Cualquier reforma que no respete la solidaridad entre ciudadanos en función de su renta estará abocada a generar una fractura generacional.

Consecuencias económicas