La hora de la verdad para la política económica del Gobierno

Aunque parezca contradictorio, la política económica durante la crisis fue la más sencilla de todas. La lección de la crisis de 2008 a 2013 no deja margen de elección: hay que destinar todos los esfuerzos presupuestarios a contener la crisis para evitar una caída dura y prolongada. Así lo hicieron todos los países europeos, que aplicaron prácticamente las mismas recetas económicas en estos meses: dotar de liquidez a las empresas, conceder algunos rescates en los sectores más golpeados, aprobar esquemas de protección de rentas, etc. El consenso ha sido absoluto y las medidas de estímulo han sido apoyadas por todos los colores políticos y también por sindicatos y patronales. En todo caso, las críticas se han limitado a pedir más ayudas, porque la política expansiva siempre es la mejor valorada.

Ahora, con el proceso de vacunación en marcha y la previsión de recuperación económica, llega el momento más difícil: iniciar una agenda reformista para recuperar el crecimiento y planificar una política fiscal restrictiva para revertir el déficit público acumulado en estos meses. Esta es la fase más delicada desde el punto de vista político, pero el Gobierno ya no tiene margen para seguir posponiendo las decisiones. Es el momento de afrontar la baja productividad de la economía, las barreras al mercado único y la competencia, el desequilibrio de las pensiones, la bajísima calidad del mercado laboral, etc. En palabras de Unai Sordo, secretario general de CCOO, el argumento “se concreta en esa frase, que cada vez se oye más, de ‘ahora no toca”. Ya no hay excusas: tenemos nuevos Presupuestos, el calendario electoral queda limpio a partir de febrero y el proceso de vacunación ya está en marcha.

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En los últimos días, los sindicatos se han puesto nerviosos ante el trajín de los ministerios preparando las reformas que los países deben remitir a Bruselas para recibir los fondos de la ayuda europea. Tanto CCOO como UGT llevan meses insistiendo en que no existe condicionalidad en los fondos, y técnicamente están en lo cierto. La Comisión Europea no ha exigido el mantenimiento de la reforma laboral o de pensiones, pero la aprobación de los fondos estará vinculada a las respuestas que den los países sobre las recomendaciones europeas de los dos últimos años. Y este punto sí es clave.

Bruselas evaluará los planes de España sobre la reforma laboral, el sistema de pensiones, la unidad de mercado o la inversión pública. Eso no significa que se tenga que mantener la legislación actual, pero sí que los planes deben respetar dos principios fundamentales: las cuentas públicas tienen que ser sostenibles y la política económica debe fomentar el crecimiento económico. En otras palabras, utilizando el ejemplo de las pensiones, la Comisión Europea no obligará a España a hacer recortes, pero sí exigirá que el sistema sea solvente. Esto es, para mantener el ‘statu quo’ de los pensionistas, hay que subir los impuestos o hacer recortes en otras partidas.

En definitiva, es técnicamente cierto que Bruselas no quiere hablar de condicionalidad en las ayudas europeas, sino de coordinación y entendimiento. Sin embargo, pensar que los 70.000 millones en ayudas directas que recibirá España no estarán vinculados al cumplimiento de las recomendaciones del semestre europeo es una ingenuidad.

El Gobierno está en una encrucijada y en las próximas semanas tendrá que elegir un camino

El Gobierno se encuentra en una encrucijada y en las próximas semanas tendrá que elegir un camino. Así lo han expuesto los sindicatos: “Este año es un año en el que hay que abordar la derogación de las reformas laborales”, exigió la semana pasada el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Pero una derogación total de las reformas (incluida la de Rodríguez Zapatero) difícilmente puede contar con el visto bueno de los socios europeos.

La preocupación de los sindicatos ha escalado rápidamente. De negar la condicionalidad de los fondos han pasado a pedirle al Gobierno que no asuma compromisos concretos para así dar margen a la negociación colectiva. Su temor ahora es que el ala socialista del Ejecutivo acuerde una agenda económica con Bruselas que minimice su margen de acción. Si Sánchez presenta una hoja de ruta aplaudida por los socios europeos y que cuente con el respaldo de la CEOE, será mucho más difícil modificarla. Y más cambiarla radicalmente con propuestas como la derogación de las reformas de pensiones.

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En esta crisis, Bruselas no exigirá reformas draconianas ni ajustes muy severos que socialmente no sean aceptables. La lección está aprendida. Pero tampoco admitirá una agenda económica desfasada que ignore la competitividad, la eficiencia o la sostenibilidad de las cuentas públicas. En este sentido, derogar las reformas laborales para recuperar algunos de los problemas del pasado o blindar los privilegios de los pensionistas sin otros ajustes complementarios difícilmente pasará el examen de los socios europeos.

La cuadratura del círculo se cierra con la presencia de Unidas Podemos como una voz independiente dentro del Gobierno. En los últimos días han surgido numerosas desavenencias entre socios, en materia económica se han concretado en la polémica sobre la rebaja de las futuras pensiones y la congelación del salario mínimo interprofesional (SMI). Unidas Podemos encontrará en los sindicatos el mejor aliado para presionar al PSOE. La formación tensionará las relaciones dentro del Consejo de Ministros, pero difícilmente podrá romper la cuerda.

La última encuesta del CIS muestra un nuevo deterioro de Unidas Podemos en intención de voto. Si hay un partido que tiene que alargar el calendario electoral, ese es el de Pablo Iglesias, por lo que la tensión interna difícilmente se puede convertir en votaciones contra el PSOE en las decisiones clave. Más ruido que pondrá más obstáculos a la encrucijada en que se encuentra el Gobierno, pero que será su única vía para sacar adelante su agenda social.