Los ‘hombres de negro’ son los buenos

Pasada la medianoche del 26 de enero de 2011, salen de la Moncloa los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo. Llevan meses negociando con dureza la gran reforma del sistema de pensiones y finalmente han alcanzado un acuerdo con el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en una cena privada en el palacio. Los veteranos sindicalistas han logrado algunas mejoras en la oferta inicial del Gobierno, pero son conscientes de que tienen que tragar ese sapo para empezar a corregir el sistema de pensiones que está en una situación límite, a pesar de que acumula casi 70.000 millones de euros en la hucha de las pensiones.

En ese momento, el sistema de pensiones español estaba en una posición solvente, pero era un espejismo: pronto aparecería un enorme desequilibrio entre ingresos y gastos que era bien conocido por todas las partes. Desde entonces, ha pasado una década en la que el sistema se ha deteriorado más rápido de lo estimado. El Gobierno de Mariano Rajoy intentó corregir este desequilibrio en 2013 con una de las últimas grandes reformas estructurales aprobadas en España, pero cometió el error de cargar todo el ajuste sobre los ancianos y tuvo que deshacer los cambios cuatro años después.

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Una década después, la hucha de las pensiones ha desaparecido y la Seguridad Social ha disparado su deuda un 400%, y eso que todavía no ha empezado a jubilarse la generación del ‘baby boom’. El único apaño que se ha hecho es pasar una parte del déficit al Estado, manteniendo el agujero sobre las cuentas públicas intacto.

La insostenible situación del sistema de pensiones se hace extensible a otros ámbitos de la política económica. La bajísima calidad del mercado laboral español es, probablemente, el origen de todos los problemas económicos del país: precariedad, pobreza, baja productividad, economía sumergida, etc. Las causas están identificadas desde hace años: dualidad de contratos con despido casi libre en los temporales, políticas activas deficientes, mala calidad formativa, etc. Sin embargo, nada se ha hecho para avanzar en este camino en más de un lustro.

La parálisis en las reformas ampliamente identificadas es la gran lacra de la economía española. En gran medida, es consecuencia de la fragmentación política y la polarización, que impide los grandes consensos nacionales, pero también se debe a la falta de liderazgo de la clase política. En este paisaje yermo de reformas (que no sean elevar el gasto público), la Comisión Europea se ha convertido en el único actor capaz de vencer todas estas reticencias. O, al menos, de intentarlo.

Los 'hombres de negro'

Tras el rescate a España del año 2012, la Comisión Europea y el FMI establecieron un férreo control sobre las cuentas financieras del país, en gran medida como consecuencia del fracaso de los supervisores tras años mirando hacia otro lado. Los ‘hombres de negro’, que periódicamente visitaban el país, fueron vistos como un ataque contra la soberanía nacional y los percusores de la austeridad. Sus decisiones provocaron que la crisis fuera más profunda y prolongada, pero la lección quedó bien aprendida: en las crisis, es fundamental aplicar políticas expansivas. La Unión Europea ha aprendido de los errores y en esta pandemia su receta ha sido la suspensión de las reglas fiscales y la creación de un fondo pionero de inversión para la reconstrucción.

Las ayudas europeas están sujetas a una condicionalidad, pero esta nada tiene que ver con la de los años de la crisis. Las nuevas exigencias de la Comisión Europea no entran en el contenido concreto, sino que fija los grandes objetivos económicos que tienen por delante los países. Esto es, las grandes reformas que España lleva años posponiendo. Al fin y al cabo, todo este programa de inversiones tiene un objetivo claro, modernizar las economías europeas y estimular el crecimiento, para lo cual hace falta dinero, pero también textos legales. Estas condiciones giran en torno a las recomendaciones de la Comisión de los años 2019 y 2020, pero permite que cada Estado trace su estrategia.

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Por ejemplo, en materia de pensiones, el objetivo fijado es lograr la sostenibilidad del sistema. Si el camino se traza por la vía de la austeridad o de la subida de impuestos, es una decisión del Parlamento. De hecho, es difícil que la receta que exija Bruselas a España sea hacer recortes cuando es uno de los países con menor gasto público de toda la Unión Europea. Eso sí, si se quiere blindar el gasto, hay que elevar los ingresos sin excusas. En materia laboral, el objetivo es que España deje de ser el 'farolillo rojo' en términos de desempleo, temporalidad, precariedad, etc., para lo que necesita una modernización de las reformas laborales que tiene poco que ver con la reforma de 2013 y mucho con la mejora de la flexibilidad interna, el control de la contratación o la inversión en políticas activas y formación. Para lograrlo, hay una panoplia de recetas que han funcionado en otros países y que dejan un amplio margen de acción para la negociación doméstica.

Los ‘hombres de negro’ supervisarán dos veces cada año el nivel de ejecución de las reformas comprometidas por el Gobierno para seguir desembolsando los fondos europeos. Serán el gran incentivo que tendrá España para abordar las reformas que llevan años bloqueadas. Y no solo para el Gobierno, también para todos los partidos del Parlamento y los agentes sociales. Es el momento de arrimar el hombro y llegar a acuerdos para modernizar la economía del país y asumir los esfuerzos que darán resultados durante años.

En el año 2011, tras un año de negociaciones y duros enfrentamientos, la reforma de las pensiones se aprobó con una mayoría amplia en el Parlamento y el consenso de los agentes sociales. Todos sintieron que habían perdido en el camino, pero hoy sería impensable volver a la regulación previa a esa reforma. Esos grandes acuerdos son los que hoy necesita España y no llegarán sin la presión de los aliados europeos.