Gracias, Rubius

En esta entrada del blog, no voy a hablar de El Rubius, ni criticar su decisión ni soltar mamarrachadas. Sí voy a celebrar que, gracias a su decisión de cambiar su residencia a Andorra, se ha creado un debate sobre la fiscalidad que puede ser muy positivo para España. Y más si llega a los jóvenes, un público al que nos cuesta mucho llegar a los periodistas económicos. En las dos últimas semanas, he escuchado y leído muchas opiniones sobre fiscalidad mezclada con grandes conceptos: solidaridad, patriotismo, egoísmo… Las opiniones son válidas, pero los argumentos tienen que ajustarse a la realidad, esto es, a los datos.

¿Es España un infierno fiscal?

La respuesta a esta pregunta es muy sencilla: depende de con quién se compare. Respecto a Andorra o Mónaco, España sí es un infierno, pero para España sería muy difícil imitar a estos países tan pequeños porque tienen unas características muy particulares. Por ejemplo, ¿sabías que estos dos estados no tienen moneda propia, sino que utilizan el euro? Otro ejemplo: para bajar el IVA a su nivel sería necesario salir de la Unión Europea.

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Si hacemos la comparativa internacional, los datos nos muestran en qué posición relativa está España y podremos interpretar si se trata, o no, de un infierno fiscal. La presión fiscal en España (porcentaje de recaudación tributaria sobre el PIB) se sitúa en el 34,6%, muy cerca de la media de la OCDE, que es del 33,9%. Esto es, la presión fiscal que soportan los españoles está en línea con la media de los países desarrollados. (Los datos utilizados son los de la OCDE por ser la mejor base de datos armonizada que existe para esta información).

Sin embargo, no todos los impuestos son iguales y hay algunos que 'duelen más'. Es el caso del IRPF y, en general, los impuestos sobre rendimientos del trabajo y del capital, ya que son los que Hacienda nos retiene y los que declaramos cada año en la campaña de la renta. Además, estos son los que hacen que los grandes patrimonios se vayan a terceros países que tengan mejores tipos impositivos.

Pues bien, la presión fiscal con estos impuestos en España es del 10,1%, inferior a la media de la OCDE, que es del 11,5%. De hecho, la recaudación con estos impuestos en España es incluso inferior a la de EEUU en casi un 1 punto.

También es interesante analizar la cuña fiscal que soportan las rentas altas sobre su salario, esto es, qué parte se queda el sector público. Esto es importante porque el tipo del IRPF que se aplica es progresivo, aumenta a medida que los salarios crecen. La cuña fiscal que soporta un salario que es un 67% superior al salario medio (unos 45.000 euros brutos anuales) es del 40%. Este dato tiene en cuenta tanto el pago del IRPF como de la cotización social a cargo del empleador. La cifra del 40% de España se sitúa en la parte media de la OCDE, entre Australia (39%) y Reino Unido (42%).

En España, la presión fiscal se carga con mayor peso sobre las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, esto es, un impuesto directo al trabajo. Es ahí donde obtenemos una cifra superior a la de nuestros vecinos, pero esta cuantía no la pagan los trabajadores y los ‘youtubers’ solo la pagarán si contratan trabajadores. La cotización social de los ‘youtubers’ es el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), un sistema muy beneficioso para los autónomos con ingresos altos, ya que pueden elegir su propia base de cotización y así aportar menos de lo que les correspondería si fuesen asalariados.

Impuestos y crecimiento económico

La relación entre el tamaño del estado y el crecimiento económico es igualmente sensible y ha sido ampliamente estudiado en la literatura económica. Hay quien utiliza el gráfico de la dispersión entre el PIB per cápita y la presión fiscal o el gasto público, ya que esa correlación tiende a ser positiva: los países con los impuestos más altos son también los que tienen mayor PIB. Sin embargo, esta comparativa tergiversa la realidad, ya que confunde causa con efecto: no es que los países se desarrollen por elevar el peso del sector público, sino que cuando se desarrollan, las sociedades optan por elevar el gasto público para redistribuir la renta y evitar la pobreza. Lo que sí muestra este gráfico es que el progreso de los países no está reñido con una presión fiscal elevada.

Para hacer un análisis riguroso, es necesario analizar cómo evoluciona el PIB de cada país ante las variaciones del gasto público. Aunque no existe una correlación clara, ya que cada país tiene unas particularidades, hay algunas conclusiones que están bastante extendidas entre los economistas. En este artículo reciente publicado en la revista de Funcas ‘Papeles de Economía’, los catedráticos Eduardo Bandrés Moliné y María Dolores Gadea hacen una compilación de la evidencia empírica publicada hasta la fecha.

En líneas generales, el aumento del gasto público ha provocado una merma en el crecimiento económico desde los años 60. Sin embargo, esta afirmación tiene muchos matices. El primero es que la composición del gasto público es clave para determinar el crecimiento económico: las transferencias sociales son menos eficientes desde el punto de vista del crecimiento, mientras que la inversión pública o el gasto en bienes y servicios es más eficiente. El segundo es que, la eficiencia del gasto público depende en gran medida de la calidad institucional de las administraciones públicas. Los que utilizan las mejores prácticas de gobernanza y gestión, como son los países nórdicos, el impacto negativo del gasto público es casi inexistente. Esto significa que logran elevados niveles de redistribución de renta y lucha contra la desigualdad sin afectar a su crecimiento potencial.

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Por el contrario, los países con unas instituciones poco avanzadas, donde no se utilizan las prácticas de buen gobierno, el diseño de las políticas basado en datos y la supervisión continua del gasto público, acaban provocando una lacra sobre el crecimiento. Una vez más, la OCDE da los datos que permiten comparar la situación de España con otros países para analizar su posición relativa. En materia de gasto sanitario y educativo, España está en la media de los países desarrollados. Sin embargo, el gasto en los servicios generales de la administración pública presenta un elevado nivel de ineficiencia, dejando a España entre los peores puestos de la OCDE, solo mejor que Grecia, Italia y Eslovaquia.

Esto significa que existe un amplio margen de mejora para el gasto público en España, en especial en la prestación de servicios generales. Aunque también es importante señalar que el grueso del gasto se dedica a partidas cuyas mejoras de eficiencia son limitadas o nulas: transferencias sociales (incluye pensiones), sanidad y educación. Las mejoras de eficiencia es una de las grandes tareas pendientes que hay en España. En los últimos años se han dado los primeros pasos para el análisis de las políticas públicas con las auditorías del gasto que está realizando la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). El problema es que los partidos utilizan sus informes con una interpretación ideológica, de modo que todavía queda mucho camino hasta lograr que la cultura del buen gobierno en el sector público termine por imponerse.

En España es urgente un debate riguroso sobre fiscalidad y la eficiencia del gasto público alejado de las consignas ideológicas. Hay que analizar el gasto y determinar cuáles son las mejores prácticas para lograr los resultados perseguidos. Es posible conseguir un estado que logre servicios públicos de calidad y evitar la pobreza sin afectar al crecimiento económico, y ese tiene que ser un gran objetivo nacional.

Antes teníamos menos impuestos

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, se pronunció sobre la polémica de la fuga de ‘youtubers’ el pasado martes. Hay una parte de su intervención que quiero rescatar porque me parece muy relevante ya que tiene potencial para instalarse en el debate sobre fiscalidad: “La sanidad, la educación y la justicia ya se pagaban hace 20 años cuando teníamos un marco fiscal mucho menor”. Entiendo que por “marco fiscal” se refiere a “presión fiscal”.

Es cierto que la carga fiscal en España ha aumentado en las últimas décadas y hay varios motivos que lo explican, entre ellos que esos recursos se han destinado a mejorar las dotaciones de capital y de servicios públicos que no existían en los ochenta. Pero la diferencia más relevante se encuentra en la pirámide poblacional. Hace tres décadas, el gasto en pensiones era muy bajo y el grueso de la población se dedicaba a trabajar. Todos esos ingresos que se generaban por cotizaciones sociales y que superaban al gasto en pensiones se dedicaban a financiar la sanidad pública. Según el Tribunal de Cuentas, entre 1989 y 2018 esta deuda superó los 100.000 millones de euros. Para que se hagan una idea de la magnitud de la que estamos hablando: la subida del IRPF a las rentas altas que acaba de aprobar el Gobierno y que tanta polémica generó tardaría 200 años en generar esa recaudación.

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Esos trabajadores hoy están jubilados o están muy cerca de hacerlo y el excedente que antes dedicaban a financiar la sanidad se ha reorientado para soportar las prestaciones de jubilación, que en la mayoría de los casos incluso superan al salario más frecuente. El gasto en pensiones nos ha obligado a elevar la presión fiscal y lo seguirá haciendo en la próxima década. El camino es inevitable: la presión fiscal seguirá aumentando en la próxima década, ya que aunque se consigan mejoras en la eficiencia del gasto público, el incremento será tan fuerte que arrastrará al conjunto de los presupuestos públicos. La única opción para evitarlo es recortar la solidaridad con los mayores.

España va camino de destinar el 45% de su gasto público a transferencias sociales: jubilación, desempleo, ayudas a hogares, etc. En estas partidas es muy difícil conseguir mejoras de eficiencia, ya que son simplemente transferencias. Eso sí, son susceptibles de una reflexión entre la ciudadanía. Las sociedades democráticas llevan décadas apostando por una mejora de la protección social, incluso el mundo anglosajón ha seguido este camino. En este sentido, el debate sobre la potencia de la 'red social' es lícito y dependerá de la tolerancia de las sociedades a la desigualdad y la pobreza. Lo que sí es clave, desde el punto de vista de la eficiencia económica, es que la protección social no suponga un desincentivo al empleo, ya que, en ese caso, tendrá un efecto agregado negativo. Los países nórdicos han elaborado su protección con una atención específica sobre esta cuestión y en España, el diseño del ingreso mínimo vital también se ha realizado con este objetivo. Una vez más, la calidad institucional se impone.