El riesgo moral de dejar caer la hostelería

Una de las expresiones económicas que se popularizaron tras la quiebra de Lehman Brothers fue la del ‘riesgo moral’. Este concepto designa al incentivo que tiene un sujeto a asumir un riesgo cuando es consciente de que los costes los soportará un tercero. Durante la burbuja financiera, los bancos asumieron grandes riesgos sabiendo que por su gran tamaño el Gobierno no podría dejarlos quebrar ("demasiado grandes para caer"). Entraron así en una carrera que condujo al desastre de 2008. El Ejecutivo de George Bush utilizó el argumento del riesgo moral para dejar caer a Lehman Brothers, pero finalmente tuvo que frenar el colapso total enterrando la moralidad bajo miles de millones de dinero público.

La moralidad de las acciones es clave durante las crisis, ya que es cuando está en juego las quiebras empresariales. En esta ocasión, sin embargo, el sector privado llegó a la recesión con una situación financiera saludable, lo que explica que una contracción de tal magnitud como la que se vivió entre marzo y mayo no generara una depresión económica. Sin embargo, las empresas llevan meses acumulando pérdidas y sus balances se van deteriorando rápidamente.

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La peor parte se la está llevando las actividades relacionadas con el turismo (hostelería, transporte, ocio…) y los territorios que dependen de la llegada de viajeros. En esta ocasión, no es el sector público el que soporta el grueso de los costes de la crisis, sino que es el sector privado y, en concreto, estas actividades que están restringidas por decreto. Nada menos que el 60% de la caída de la producción en 2020 se centró en tres actividades: hostelería, transporte y comercio. Nada menos que 63.000 millones de euros, un coste que se acumula sobre las espaldas de las empresas y los trabajadores.

Los rebrotes obligarán a extender las restricciones a la movilidad y la actividad económica de la hostelería hasta el próximo verano, en el mejor de los casos. Esto significa que el sector tiene por delante un largo camino de pérdidas hasta poder recuperar una cierta normalidad de negocio. Al final del túnel acumularán más de un año de pérdidas y muchas empresas se habrán quedado por el camino. Muchas ya lo han hecho. Según los registros de la Seguridad Social, ya se han dado de baja 20.200 empresas de hostelería, nada menos que el 11%. En el caso de los transportes, se han cerrado casi 7.000 empresas (el 9%) y 23.700 del comercio. Miles de pymes que no han podido soportar tantos meses de crisis.

Cerrar la hostelería

El coste del cierre de actividades completas no lo soportan los responsables políticos de estas decisiones, sino las empresas y sus trabajadores. La idoneidad de estos cierres ha sido y será un foco de debate en los próximos meses (hasta ha llegado a los tribunales), pero no lo será en este artículo. Realmente es demasiado pronto para juzgar si estas decisiones están siendo acertadas y eficientes: ¿El coste económico es proporcionado al beneficio en términos de salud que generan?

Opinión

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La limitación de la actividad persigue el bien común, en este caso, la salud pública. Pocos argumentos más poderosos que este se pueden dar para limitar una actividad económica. Pero esta decisión tiene unos costes que en la actualidad soportan algunos individuos. Según los datos del Banco de España, en la hostelería la rentabilidad mediana del activo está en el -12%. Solo unas pocas empresas escapan de los números rojos. Y si se baja al 25% de las empresas en peor situación, la rentabilidad es del -72%. Una situación que no podrán soportar durante mucho tiempo.

Estos números muestran la magnitud de las pérdidas empresariales que, en definitiva, son pérdidas para miles de familias. Máxime si se tiene en cuenta la abundancia de pymes en estos sectores. Si se trata de un coste provocado por la búsqueda del bien común, será esa colectividad quien tenga que soportarlas. Al menos en los casos en los que esté en juego la quiebra. Y la forma de repartir este coste es con ayudas públicas y el pago de impuestos: como son progresivos, pagarán más aquellos sectores que salgan fortalecidos de la crisis. Por ejemplo, una empresa industrial que se beneficia de la salud pública, porque todos sus trabajadores acuden a su puesto de trabajo, tendrá que contribuir para soportar los costes de lograr esa salud pública.

[Consulte aquí los principales indicadores económicos]

En las últimas semanas el debate sobre las ayudas públicas se ha centrado sobre la eficiencia de las mismas. El objetivo sería centrar las ayudas en empresas viables y dejar caer aquellas que no lo sean. Si se profundiza en este discurso de la eficiencia, es probable que sea más rentable dejar caer a algunas que todavía son viables, ya que en estos sectores la oferta se adapta rápidamente a la demanda. Para que se entienda: no pasa nada por dejar caer a un bar, ya que cuando vuelva el consumo, habrá otro que abra un negocio en ese local.

El problema es que con esta estrategia no se internalizan los costes externos de las decisiones políticas. Al contrario, la factura recae sobre otros individuos, que son quienes asumen el coste del riesgo moral. De ahí que sea imprescindible conceder ayudas directas a las empresas obligadas al cierre o a limitar su actividad. Esta es la vía para que todos los contribuyentes asumamos el coste que tiene la búsqueda del bien común. Y, en su caso, que reclamemos a los líderes políticos buenas decisiones en materia sanitaria y también económica.