Hasta Bruselas pide a España una "gran acción" para salvar sus empresas

“Yo niego la mayor, Pepa”, le dijo a Pepa Bueno la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en una entrevista concedida a la Cadena SER el pasado martes, “no puede ser que consideremos que lo que hemos estado haciendo no son ayudas directas a las empresas: hay dos formas de dar ayudas, dar el dinero o cubrir los costes de las empresas”. En las últimas semanas, Economía ha argumentado que los ERTE son ayudas directas a las empresas que superan ampliamente los 30.000 millones de euros desde el inicio de la pandemia, ya que el Estado está soportando con una parte fundamental de sus costes los salarios.

Este argumento presupone que estos costes habrían existido sin las ayudas públicas. Pero esto es mucho presuponer. La experiencia invita a pensar que las empresas se habrían descargado de estos costes salariales despidiendo a los trabajadores, que habrían ido directamente al paro. ¿Qué empresa sin ingresos habría podido mantener a sus trabajadores? Los ERTE son una alternativa que tienen las empresas al despido, pero la ayuda está claramente encaminada a los trabajadores, para que no se queden en paro ni pierdan sus ingresos. Sin los ERTE, lo que hubiese ocurrido es que se habrían disparado los despidos y el desempleo, pero las empresas habrían recortado igualmente sus costes salariales, como siempre ha ocurrido en las crisis, de modo que asumir que esta es una ayuda directa a las empresas parece ir demasiado lejos.

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En estas se pasan los días: el Gobierno insiste en que está concediendo muchas ayudas directas y las empresas advierten de que están con el agua al cuello. Desde el estallido de la crisis, ya han cerrado más de 111.000 empresas, 7,5 de cada 100 de las que existían hace un año.

En las últimas semanas, los organismos internacionales han redoblado la presión sobre los gobiernos que todavía no conceden ayudas directas a su tejido productivo por temor a que la crisis genere efectos persistentes sobre la economía. En un artículo publicado por el FMI el martes, los economistas Alfred Kammer y Laura Papi advierten: “El respaldo de liquidez no puede subsanar los déficits de capital. Las autoridades tendrán que reorientar sus ayudas: la liquidez de respaldo, que incrementa la deuda, debe dar paso a apoyo en términos de capital para aquellas empresas que tengan buenas perspectivas después de la pandemia”. El FMI señala a Francia o Italia como ejemplos de países que están dando ayudas directas a sus empresas. Ambos Estados están en una situación fiscal complicada, como la de España, pero no han dudado al poner en marcha estas transferencias.

La liquidez de respaldo, que incrementa la deuda, debe dar paso a apoyo con capital

El Banco de España ha solicitado reiteradamente ayudas directas para los sectores más afectados por las restricciones. La última institución en unirse a la presión ha sido la Comisión Europea, anticipando que suspenderá las reglas fiscales también en 2022 para permitir que los países utilicen toda su capacidad fiscal para salvar el tejido productivo. “En las circunstancias actuales, los riesgos de hacer poco superan los de excederse”, señaló el miércoles Paolo Gentiloni, comisario de Economía, “este es el momento de actuar a lo grande”. Además, señaló que las ayudas "deben cambiar, desde las medidas de ayuda actuales hacia otras que apoyen la recuperación y la resiliencia", para lo que es clave garantizar la supervivencia del tejido productivo y fortalecer sus balances.

En España, las empresas siguen esperando esa ansiada ayuda del Estado. Ya ha pasado más de una semana desde que el presidente de Gobierno anunció un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros y todavía no se conoce ningún detalle del mismo, por mínimo que sea. Pero no solo eso, hace más de medio mes que la vicepresidenta Calviño anunció que estaba diseñando las ayudas. El riesgo es que ocurra como con el ingreso mínimo vital, que llegue tarde y sea tan burocrático que finalmente el dinero no llegue a su destino.

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Economía quiere que las ayudas estén bien diseñadas para que se entreguen solo a las empresas viables, el problema es que determinar con un algoritmo qué empresas son viables en esta situación tan cambiante es un reto casi inalcanzable. Por ejemplo, ¿cómo se determina cuál será el nivel de facturación poscovid de los diferentes sectores para analizar si tienen capacidad para generar recursos propios?

Tan importante es que las ayudas se utilicen bien como que lleguen a tiempo. Los ERTE, por ejemplo, han salvado empleos que ya no son viables, e incluso algunos que no lo eran al inicio de la crisis. Sin embargo, la urgencia obligó a adoptar ayudas generalizadas y el resultado ha sido francamente positivo. Esto es lo mismo que dice ahora la Comisión Europea: salvar hoy las empresas reducirá la magnitud de la crisis y acelerará la recuperación futura. Los países necesitan que la inversión productiva vuelva lo antes posible y la única forma de conseguirlo es que las empresas no estén ahogadas por las deudas.

Tan importante es que las ayudas se utilicen bien como que lleguen a tiempo

Más allá de la eficiencia económica, el Estado debe reflexionar sobre la redistribución de los costes sanitarios. Como ocurre en todas las crisis, siempre hay ganadores y perdedores. Estos últimos suelen ser los sectores que están sobredimensionados y que se ven obligados a realizar un ajuste drástico y doloroso. En esta ocasión, por el contrario, no había un problema de sobredimensión en la hostelería, los transportes o el comercio, simplemente han sido las actividades sobre las que han recaído los costes de controlar el virus.

El papel del sector público no siempre es conseguir la máxima eficiencia económica, sino cubrir deficiencias del mercado. En esta ocasión, la deficiencia es que los costes no se redistribuyen entre sectores, de modo que el Estado es quien tiene las herramientas para corregir esta situación: ayudas e impuestos.

El temor del Ministerio de Economía por la enorme deuda pública que está acumulando el país es comprensible. La Ley de Estabilidad Presupuestaria ya contempla lo que hay que hacer en una situación como la actual. La normativa autoriza a las autoridades a usar toda su capacidad fiscal durante las crisis mediante la cláusula de escape. Pero, al mismo tiempo que permite la acumulación de deuda, obliga a los gobiernos a detallar un plan de reequilibrio para dar transparencia sobre cómo se va a pagar cuando la crisis se solucione.

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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha exigido al Ministerio de Hacienda este informe en reiteradas ocasiones, pero el ministerio ha ignorado su reclamación, incluso aunque se trate de una obligación legal. Su argumento es que en este momento es imposible planificar cómo será el ajuste posterior a la crisis. De esta forma, aplaza el mal trago de explicar cómo se va a pagar la crisis. No hace falta explicar que la contracción fiscal es siempre el trabajo más impopular para un Gobierno, ya que supone recortar el gasto o subir los impuestos. De hecho, el Gobierno actual solo ha hecho expansión fiscal.

Para diluir el miedo a los planes de reequilibrio, la Comisión Europea dijo el martes que "utilizará plenamente toda la flexibilidad de las reglas fiscales" para ayudar a los países más golpeados por la crisis. Esto es, no exigirá ajustes draconianos, sino una senda de reequilibrio razonable. Un nuevo guiño a España para que ahora haga un esfuerzo fiscal para ayudar a su tejido productivo. Ahora solo queda esperar a que Moncloa se decida.