Subir los impuestos a las familias para pagar las pensiones

El esperpento de la eliminación de la modalidad de tributación conjunta en el IRPF ha marcado la actualidad económica en los últimos días. El Gobierno incluyó esta medida en el resumen que hizo del plan de recuperación y desde entonces ha centrado sus esfuerzos en desmentir su propio texto. Las dos posibles explicaciones son inquietantes: o bien el Gobierno ha tardado apenas dos días en rectificar un plan que lleva elaborando casi un año, o bien algún ministerio metió un caballo de Troya en el texto referido a las medidas de igualdad que burló la supervisión de los ministerios de Economía y Hacienda.

Lo que está claro es que el Gobierno de Pedro Sánchez había solicitado previamente a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un informe sobre este beneficio fiscal en el que estudiase su hipotético desincentivo sobre la incorporación de la mujer al mercado laboral y su incidencia sobre la progresividad del tributo. Esto significa que en el Ejecutivo ya existía, cuando menos, una sospecha sobre los efectos perniciosos de este beneficio fiscal.

2 millones de familias pagarán de media 1.150€ más al año si se elimina la tributación conjunta

Javier G. Jorrín

Al margen de la realidad que exista tras este batacazo del Gobierno, lo que revela es la necesidad de buscar un discurso que permita aumentar los impuestos sobre las familias para aumentar la recaudación. El Gobierno lleva años elaborando un relato para la subida de impuestos: la fiscalidad verde, la igualdad de cotizaciones sociales entre los autónomos o la igualdad, bandera que ha enarbolado para proponer la desaparición de la tributación conjunta.

El Gobierno es consciente de que necesita “ensanchar las bases imponibles” para conseguir un verdadero incremento de la recaudación, y así lo señala en el programa de estabilidad. Pero eso significa ‘atacar’ allí donde está el grueso de las rentas y del patrimonio, las clases medias. Y conseguir que estos hogares vean con buenos ojos una subida de los impuestos será muy complicado, por mucho que el mensaje sea desincentivar la contaminación, eliminar trabas a la incorporación de la mujer al empleo o hacer progresiva la cotización de los autónomos.

[Consulte aquí los principales indicadores económicos]

Además de la dificultad de argumentar una subida de impuestos, el Ejecutivo se enfrenta a un problema adicional: ¿para qué quiere elevar la recaudación? La respuesta también figura en el programa de estabilidad comunicado a Bruselas: pagar las pensiones y reducir el déficit público. Es cierto que ese programa no incluye la recaudación prevista con la futura reforma fiscal que nadie sabe cómo será, ni siquiera el propio Gobierno, pero el horizonte que dibuja muestra claramente cómo el gasto público se concentrará en la protección social, en especial, las pensiones.

El efecto conjunto de la revalorización garantizada de las pensiones, que mantendrán o ganarán poder adquisitivo todos los años, y la jubilación de la generación del ‘baby boom’ provocará un inminente aumento del gasto público. El Gobierno ha proyectado un gasto en protección social equivalente al 18,4% del PIB en 2024, cuando la crisis esté claramente superada, lo que supone un incremento de 1,5 puntos respecto al nivel de gasto de 2018. Esta subida supone un gasto público de más de 20.000 millones de euros en términos absolutos, destinados principalmente al pago de pensiones.

Eso significa que el Gobierno tiene que argumentar una subida de impuestos de más de 20.000 millones sobre las familias trabajadoras (de forma directa o indirecta) para financiar el gasto en pensiones. Un discurso que tiene difícil relato. El resto del margen presupuestario que pueda conseguir el país se tendrá que destinar a rebajar el déficit público estructural. Durante los últimos años, los gobiernos han mirado hacia otro lado con el déficit, asumiendo su pago con deuda y sin preocuparse demasiado por atajar este desequilibrio. Tras la crisis, ya queda poco margen para ignorar el volumen de deuda, que supera ya el 120% del PIB.

De este modo, pensiones y reducción del déficit apenas dejarán margen para otras políticas de gasto. De hecho, el Gobierno ha dibujado en su programa de estabilidad que España saldrá de la crisis con un gasto en sanidad y educación idéntico al que tenía antes de la pandemia, del 10,3% del PIB. Un proyecto de país que difícilmente puede ilusionar a las familias, por mucho que se trabaje el relato.