Desmontando los anuncios económicos 'históricos' del Gobierno

El Consejo de Ministros del martes fue histórico si se atiende a las medidas anunciadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El techo de gasto más alto de la historia (por apenas 46 millones de euros) para un Presupuesto expansivo y también la mayor oferta de empleo público jamás registrada. Y todo ello combinado con una gran rebaja del déficit público, que pasará del 8,4% del PIB hasta el 5%, una reducción de 3,4 puntos del PIB que es también inédita en la historia de España. Sin embargo, la realidad que hay detrás de estas noticias las desluce notablemente.

El techo de gasto de 196.142 millones de euros es, indudablemente, el más alto de la historia. ¿Pero cómo es posible que siga creciendo si en 2022 habrán desaparecido algunas de las medidas contra la crisis sanitaria como los ERTE o el cese de actividad de los autónomos? ¿Realmente el Gobierno va a realizar un gasto en 2022 comparable al que existía durante la pandemia? No, y es comprensible que así sea. Sin embargo, hay varios motivos que explican que el techo de gasto no refleje esta realidad.

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El primero es que estas prestaciones con mayor dotación presupuestaria no se contabilizan en el subsector del Estado, sino en el de los fondos de la Seguridad Social, que incluye tanto las prestaciones del SEPE como las ayudas a empresas y autónomos en términos de exoneraciones a la cotización. Estas prestaciones solo se contabilizan en el techo de gasto si los Presupuestos contemplan una partida extraordinaria para ayudar a este subsector.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2021, el Gobierno solo contempló la extensión de estas ayudas hasta el 31 de enero, de modo que aprobó una transferencia mínima al SEPE: 4.500 millones de euros para todo el año cuando ya en abril se habían gastado más de 5.000 millones en prestaciones covid. En definitiva, el techo de gasto no refleja la realidad del esfuerzo presupuestario que han realizado conjuntamente el Estado y la Seguridad Social, de modo que ahora tampoco refleja la reducción del gasto que se va a producir.

El segundo motivo es que el Gobierno contabiliza en el techo de gasto el trasvase del déficit de la Seguridad Social hacia el Estado. Este proceso, que el Ejecutivo bautizó como 'traslado de los gastos impropios', forma parte del acuerdo alcanzado con los agentes sociales para la reforma de las pensiones. Lo que está haciendo el Gobierno es financiar con los PGE una serie de gastos de la Seguridad Social para aliviar su déficit. Este traslado del déficit de un subsector a otro no implica un aumento del gasto público total: sin embargo, sí que se contabiliza como un incremento del techo de gasto.

[Panel: los principales indicadores económicos]

En total, el Estado transferirá casi 4.500 millones adicionales a la Seguridad Social que están incluidos dentro del techo de gasto. Sin esta cuantía, el techo de gasto mostraría la reducción del gasto público que se avecina en 2022 gracias al paulatino agotamiento de los estabilizadores automáticos.

El Gobierno insiste en comunicar que los Presupuestos de 2022 serán muy expansivos, de ahí la maniobra para elevar el techo de gasto. Y es cierto que los fondos europeos darán un gran impulso al gasto, pero ya en 2021 se debería ejecutar una parte significativa de estos fondos, tanto los del plan de recuperación como las ayudas de crisis del React-EU.

La ejecución de los fondos europeos es una incógnita, pero en el caso de los recursos nacionales, la realidad es que el gasto decrecerá y será una buena noticia porque indicará que ya no son necesarias las medidas de contención de la crisis económica. De hecho, en el programa de estabilidad remitido en abril a Bruselas, el Gobierno ya asumía una reducción del gasto del conjunto de administraciones públicas de algo más de 6.000 millones de euros.

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El mejor indicador para comprender que la política fiscal con recursos nacionales será contractiva en 2022 es el del déficit. El Gobierno proyecta una reducción del déficit que es histórica, pasando del 8,4% de este año al 5%. Son la friolera de 3,4 puntos menos de déficit, un ajuste nunca antes visto. ¿Cómo se podría compaginar un gran ajuste del déficit con un Presupuesto expansivo? Sencillamente, no es posible.

Es cierto que el crecimiento económico realizará gran parte de este trabajo. Solo el crecimiento del PIB permitirá restar a la Administración central 0,5 puntos de déficit por el aumento del denominador en la ratio déficit/PIB. Pero todavía quedarían casi dos puntos para cumplir con la estimación del propio ministerio para 2022. Parte de esa brecha se cubrirá con los ingresos adicionales que proporcionarán la recuperación económica y la inflación: el propio ministerio estima un crecimiento de la recaudación del 4,6% para el próximo año. Esto aportaría otros 10.000 millones adicionales de recaudación, lo que llevaría el déficit de la Administración central hasta el entorno del 5% del PIB.

De ahí hasta el 3,9% estimado por el Gobierno hay unos 14.000 millones adicionales. Una parte adicional se puede cubrir con menores transferencias a las comunidades autónomas, o con mayores ingresos por tasas y precios públicos. Pero la realidad es que la tasa de referencia del déficit que ha marcado el Gobierno implica una reducción del gasto público de la Administración central. Y lo mismo ocurre con los fondos de la Seguridad Social, ya que la estimación del déficit de Hacienda implica una reducción del déficit de casi 12.000 millones de euros, una vez descontado el efecto del crecimiento del PIB.

Pero, además, para ser extremadamente rigurosos, la comparativa del techo de gasto debería realizarse en términos reales y no nominales. Como la inflación está creciendo con fuerza, un techo de gasto que sube un 0,02% no podrá adquirir los mismos bienes y servicios o la misma cantidad de empleo. El Gobierno estima que el deflactor del PIB en 2022 será del 1,5% y el deflactor del consumo privado, del 1,3%, de modo que no se puede hablar del "mayor techo de gasto de la serie histórica" en términos reales. Pero la propaganda todo lo aguanta.

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La oferta pública de empleo es otra de las grandes e históricas noticias anunciadas el martes por la ministra de Hacienda: casi 30.500 plazas. “Esta cifra es reflejo de la filosofía con la que trabaja el Gobierno”, explicó Montero, “una apuesta por lo público, un reconocimiento a sus trabajadores y una Administración que tiene que ser moderna”. Sin embargo, la mayoría de estas plazas ofertadas se destina a la estabilización de puestos de trabajo (convertir empleos temporales ya existentes en indefinidos) y cubrir jubilaciones. La creación neta de empleo es de 2.500 plazas, una cifra que está muy lejos de cumplir con las demandas de los trabajadores públicos y que no es, ni de lejos, la más alta nunca registrada.

De cara a los próximos años, las ofertas públicas de empleo tendrán que ser también muy ambiciosas. Primero, para culminar el proceso de estabilización acordado con los sindicatos y, segundo, para cubrir el volumen ingente de jubilaciones que se van a producir en los próximos años. Pero eso no significa apostar por el refuerzo de las plantillas públicas.