La economía política del apagón

En la serie Chernóbil se nos mostró la verdadera historia del mayor accidente nuclear registrado. Un mal diseño de la central, un error humano y un comisario político que tarda horas en informar a Moscú del accidente y decide gestionarlo desde una óptica política y por motivos patrióticos. El apagón del lunes recuerda inquietantemente a esa historia, con la ventaja de que hoy la mayor parte de nuestras fuentes de generación son renovables e inocuas para el ser humano, y nuestras centrales nucleares están bien diseñadas, cumplen con los criterios de seguridad y han demostrado su fiabilidad incluso en situaciones extremas como un cero eléctrico o durante la última DANA, en la que la central de Cofrentes (Valencia) siguió operando a pesar de los problemas de estabilidad en la red.

Conocí a Pedro Sánchez en 2014, cuando fue nombrado secretario general del PSOE. En ese momento era un economista formado en una universidad privada de escasa reputación, un diputado prácticamente desconocido y sin responsabilidades destacadas, elegido como una solución transitoria. Pedro tenía una ambición de poder descomunal y una confianza en sí mismo como nunca había visto antes. Sin embargo, carecía de un plan claro para España, algo imprescindible para ganarse la confianza mayoritaria de la ciudadanía.

Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 mediante una moción de censura, con tan solo el 22,6% de los votos y 85 escaños. Siete años después, su mejor resultado electoral sigue rondando los 120 escaños, lo que lo convierte en el presidente con menor respaldo popular de la historia democrática reciente de nuestro país. En aquel 2018, ya estaban aprobadas las resoluciones del Congreso Federal del PSOE celebrado el año anterior, cuya ponencia económica tuve el honor de coordinar. En medio de una intensa guerra orgánica dentro del partido, mi objetivo fue dotarlo de un plan que permitiera gobernar si se ganaba la confianza ciudadana y que impulsara la convergencia de España, en renta por habitante, con los países más desarrollados. Un objetivo aún pendiente: el salario medio español, descontando la inflación, es hoy similar al de 2005 y más bajo que en 2018, cuando Sánchez asumió el poder.

Para la elaboración de la ponencia, reuní a un equipo de unas 100 personas progresistas, técnicamente solventes y con experiencia, capaces de contribuir a ese plan. Incluí a todas las facciones del partido y a todas las federaciones. Como es natural, también se incorporaron personas cuyas aportaciones fueron mínimas y que, sin embargo, hoy ocupan altos cargos en el gobierno. Para coordinar la política energética propuse a Xabier Garmendia, ex viceconsejero de Industria y Energía en el Gobierno de Patxi López, ingeniero industrial especializado en energía, con experiencia en el sector privado y firme defensor de la transición energética basada en renovables.

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Por presiones internas, me vi obligado a invitar también a Cristina Narbona, entonces presidenta del partido y madrina política de Teresa Ribera, ministra de Energía en el gobierno de Sánchez. Narbona declinó participar, alegando que su cargo en el Consejo de Seguridad Nuclear era incompatible con colaborar en la ponencia. En una entrevista, me preguntaron por la posición del partido sobre la energía nuclear y respondí con honestidad: "Estamos aun trabajando en la ponencia y no hemos tomado una decisión definitiva". Ese mismo día, Narbona me envió un correo indicándome que el PSOE ya había adoptado una postura antinuclear y que no me metiera en líos. Me sugirió que copiara íntegramente la ponencia energética del Congreso anterior, que ella misma había coordinado.

No seguí su consejo y hasta ahora no había compartido ese correo, pero creo que es relevante para entender lo sucedido el lunes: la causa principal del apagón es el mismo dogmatismo político que marcó Chernóbil. Nuestra ponencia, por el contrario, se adelantó siete años al informe Draghi. Para nosotros, la energía no era un fin, sino un medio para que España aprovechara sus ventajas naturales —sol y viento—, redujera el coste energético frente a sus socios europeos y pudiera desarrollar una política industrial que mejorara el empleo, la productividad, los salarios y redujera la pobreza y la desigualdad, ámbitos en los que España sigue liderando negativamente en Europa.

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Sánchez ganó aquel congreso y, del equipo que coordiné, eligió principalmente a personas leales, aunque no fueran las más preparadas. Este es uno de los mayores problemas de la política española: los partidos se han convertido en estructuras clientelares donde la meritocracia ha dejado de existir, a diferencia de lo que ocurrió durante la Transición. Para liderar la política energética, Sánchez eligió a Cristina Narbona y Teresa Ribera, dos figuras doctrinarias del ecologismo político. En nuestra ponencia incorporamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente aquellos centrados en empleo y salarios, en coherencia con una visión socialdemócrata compatible con los límites planetarios. Sin embargo, Sánchez, Ribera y Narbona dieron prioridad casi exclusiva al ODS 13 (Acción por el Clima), subordinando a él todas las políticas públicas, especialmente las energéticas y la gestión de Red Eléctrica.

Gracias a Ribera y Narbona, Sánchez ha construido una agenda internacional notable, ya que España ha liderado desde 2018 los objetivos más ambiciosos en energías limpias entre los países desarrollados. Sin embargo, como ocurrió en Chernóbil, toda la estrategia está subordinada a un relato político. Desde los tiempos de Nikola Tesla, George Westinghouse y Thomas Edison, se optó por la corriente alterna para el transporte eléctrico, por motivos eminentemente económicos: es más barata de transportar que la continua. Las energías eólica y solar fotovoltaica son grandes avances de la humanidad, capaces de generar electricidad a un coste inferior al de los combustibles fósiles. No obstante, la fotovoltaica produce electricidad en corriente continua, que debe transformarse en alterna para su transporte, generando así problemas de sincronización. Esta es una ley física conocida desde hace más de un siglo, pero que el Gobierno ha ignorado en favor del relato político.

España ha funcionado antes con altos porcentajes de renovables sin incidentes. Pero en abril, unas condiciones meteorológicas inusuales de lluvia y viento provocaron un exceso de generación renovable, que hundió los precios del mercado mayorista. En un sistema capitalista, para que una inversión sea sostenible, debe ofrecer una rentabilidad superior al interés de la deuda pública más su prima de riesgo. Con precios cercanos a cero, ninguna fuente de generación primaria es rentable y la política energética empuja al sistema al caos.

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Las renovables requieren inversiones altas, pero operan a costes marginales de operación casi nulos. Sin embargo, muchas plantas financiadas con deuda no generan suficiente flujo para cubrirla y están en riesgo de quiebra. Las nucleares, penalizadas con tasas e impuestos elevados desde 2018 por la política antinuclear, pagan hasta 20 euros por megavatio solo en cargas fiscales. Las centrales de ciclo combinado, que queman gas, no pueden operar por debajo de 100 €/MWh. Por ello, en abril se pararon tanto las nucleares como las de gas, generando problemas graves de tensión y estabilidad en la frecuencia de la red.

En 2018, Pedro Sánchez nombró a Teresa Ribera ministra de Energía y a Jordi Sevilla presidente de Red Eléctrica. En 2020, Sevilla dimitió denunciando interferencias del ministerio. Ya entonces advirtió que subordinar la eficiencia técnica al relato político generaría problemas. Su reemplazo fue Beatriz Corredor, sin experiencia en el sector, pero gratamente recompensada con un sueldo de medio millón de euros anuales por su fidelidad. Ahí empezó nuestro particular "Chernóbil".

Una semana antes del apagón, Repsol tuvo que parar su refinería de Cartagena por problemas en la red eléctrica. El ministro Óscar Puente reconoció también fallos en varias líneas ferroviarias. La causa era la reducción de energía sincrónica, que aumentó la probabilidad de un colapso, y finalmente ocurrió, dejando sin luz a todo el país. Un hecho impropio de una nación desarrollada.

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Lo que tocaba entonces era un diagnóstico transparente y un plan de acción para evitar que volvamos a quedarnos sin luz, un apagón que podría haber costado más de 1.500 millones de euros, el 15% del presupuesto anual en política pública de vivienda. En lugar de eso, Sánchez atribuyó el incidente a un ciberataque, culpó a las eléctricas, y dos días después, la presidenta de Red Eléctrica nos aseguró que todo sucedió en un segundo, que no dimitiría y que tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo. La realidad: en 40 años de historia, Red Eléctrica ha gestionado más de 20 millones de segundos, muchos con alta carga renovable, y nunca había colapsado el sistema.

Ahora es el momento de aplicar el informe Draghi: condicionar la política energética a la competitividad para proteger nuestros empleos industriales frente a la competencia china y las políticas proteccionistas de EE. UU. Para ello es vital aprovechar que Teresa Ribera es vicepresidenta de la Comisión Europea y avanzar en el mercado único eléctrico, ampliando la interconexión con Francia. También urge una regulación que otorgue seguridad jurídica a las inversiones en almacenamiento, especialmente en baterías y bombeo hidráulico. Y, por supuesto, es imprescindible abandonar el populismo de señalar a las eléctricas como culpables de todos los males.

La socialdemocracia nació porque se entendía que el comunismo era incompatible con la democracia. Los socialdemócratas no estamos en contra del mercado, sino que apostamos por políticas públicas que corrijan las desigualdades y garanticen la igualdad de oportunidades mediante servicios como una educación pública de calidad.

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Estos cambios no se producirán de un día para otro, pero estamos más cerca de que España disponga de un sistema eléctrico descarbonizado, sostenible y competitivo que nos permita cumplir con los 17 ODS —especialmente el empleo y los salarios dignos— y también con el ODS 13 de reducción de emisiones. Para lograrlo, es imprescindible poner al frente de Red Eléctrica a alguien con conocimientos técnicos y méritos demostrados, capaz de mantener los objetivos de transición energética sin subordinar la gestión a un relato político.

Mucho me temo, sin embargo, que Pedro Sánchez volverá a aplicar su Manual de Resistencia... y seguiremos atrapados en nuestro particular Chernóbil.