La Airef y el control del gasto

España, según el FMI en sus recientes previsiones, es uno de los países del mundo con mayor deuda pública. Las reglas fiscales europeas exigen que la deuda esté por debajo del 60% del PIB, niveles en los que están próximos Alemania y países del centro de Europa, y España está próxima al 100% desde hace ya demasiados años. Con el momento de mayor incertidumbre global en décadas provocado por las políticas de Donald Trump y su aleatoriedad, los países más endeudados son más vulnerables.

Eso fue lo que le pasó a España en 2008 y por eso nuestra economía destruyó más empleo y la tasa de paro subió más que en el resto de los países. Pero en esa crisis la deuda era privada y desde 2010 España hemos pasado de tener la mayor deuda externa del mundo, por la elevada deuda de las familias y las empresas asociada al boom inmobiliario hasta 2007, a tener posición acreedora privada con el exterior. Los bancos españoles han pasado de tener más crédito que depósitos de clientes en 2008 y financiar la diferencia en los mercados de capitales internacionales, a tener una amplia cantidad de depósitos por encima de sus créditos y reducir casi a cero su dependencia de los mercados financieros internacionales. Pero ahora la mayor parte de esa deuda externa es pública.

Mario Draghi en su informe indica los problemas de competitividad de la industria europea y uno de los problemas es que los nuevos competidores asiáticos tienen menor nivel de gasto público, especialmente de estado de bienestar, menores impuestos sobre los salarios y eso es una ventaja competitiva con los países europeos, no la única pero relevante. Por lo tanto, si España y Europa quieren mejorar su competitividad deben reducir los costes laborales no salariales.

En las crisis, los ingresos públicos caen y el gasto público aumenta, especialmente el vinculado a la prestación por desempleo, y la deuda pública crece. Si los países quieren retornar la deuda a una senda de estabilidad deben aprovechar los momentos de bonanza del ciclo, cuando los ingresos públicos crecen y los gastos por desempleo caen, para ahorrar y reducir la deuda.

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En este escenario es muy relevante el papel de la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal, AIReF, que se creó en la crisis de 2012 y en los últimos años se ha convertido en una de las instituciones públicas más independiente y con mayor rigor técnico en sus análisis, algo que lamentablemente escasea en España. En medio del ruido mediático es importante que la opinión pública sepa las recomendaciones de la AIReF para reducir nuestra deuda, la principal vulnerabilidad de la economía española en un momento donde el riesgo de inestabilidad financiera ha aumentado significativamente desde la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Las previsiones de crecimiento de la AIReF son unas décimas menores a las del Gobierno, pero, aunque es lo que ocupa más espacio en los medios es irrelevante al tratarse de una diferencia ridícula que apenas impacta sobre las previsiones de deuda pública. Más relevante es el análisis de la regla de gasto y la denuncia de la Airef de la escasa ambición del Gobierno para presentar un plan fiscal creíble a medio plazo. Como los malos estudiantes, el Gobierno ha presentado un plan fiscal en Bruselas para conseguir el aprobado ramplón, conscientes que la Comisión Europea tiene ahora demasiados problemas como para obligarles a revisar el plan. Pero el verdadero examen es ante los inversores internacionales, sin los cuales no tendríamos dinero para pagar las pensiones y los sueldos de nuestros funcionarios.

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Para evitar los errores de la crisis del euro en 2010, se han modificado las reglas fiscales y ahora lo relevante es cumplir una regla de gasto. Si en las fases de bonanza contienes el crecimiento del gasto, permites que el aumento de los ingresos reduzca el déficit y la deuda sin necesidad de subir impuestos ni aplicar recortes, como tuvieron que hacer tanto el presidente Zapatero como el presidente Rajoy en 2010 y 2012 respectivamente.

La AIReF certifica en su informe que el estado incumplió su regla de gasto en 2024, la va a volver a incumplir en 2025 y en todo el horizonte de previsión. La desviación es mayor que la de las previsiones de crecimiento de PIB, pero no excesiva, el problema es que la Airef ha solicitado al Gobierno modificar sus procedimientos para ser más eficaz en el análisis del gasto público y el Gobierno no le hace caso sistemáticamente. Trump ha pedido a Elon Musk propuestas de reducción de gasto público en EE. UU. y lo ha hecho con técnicas de datos y escaso conocimiento de cómo funciona un estado y el gasto público. La Airef lleva años estudiando y haciendo propuestas para reducir el gasto público y cumplir la regla con un extenso conocimiento del funcionamiento del estado y con visión pragmática para que sea posible.

Basta analizar la evolución del gasto público para identificar el problema. Por ejemplo, el gasto en pensiones ha pasado de 169.000 millones en 2003 a 310.000 millones en 2024 y ya supone la mitad del gasto público de todas las administraciones. Mientras que las políticas de viviendas, incluyendo administración central, comunidades, diputaciones, ayuntamientos, etcétera, se han reducido de 19.000 millones en 2003 a 11.000 millones en 2024. Si hay una crisis de vivienda y somos un país tan endeudado, ¿por qué aumentamos tanto el gasto en pensiones?

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La respuesta es sencilla: hay unos 10 millones de votantes jubilados con altas tasas de participación en las elecciones y muy movilizados y los jóvenes no lo están. Si los jóvenes dejaran de votar a los partidos que recortan el gasto en vivienda, como hacen los pensionistas con las pensiones, la situación cambiaría radicalmente. Entiendes ahora querido lector, ¿por qué el Gobierno no permite a la AIReF hacer un análisis más profundo sobre propuestas de reducir la partida de gasto en pensiones, por ejemplo?

En 2003 el gasto en defensa fue de 18.000 millones, en 2024 de 20.000 millones y el Gobierno se ha comprometido a aumentarlo hasta 30.000 millones este mismo año. La pregunta que hacemos los economistas y por la que somos tan incómodos y nos llaman la ciencia fúnebre es: ¿quién lo va a pagar? Bruselas excluye el aumento del gasto militar de la regla de gasto y el Gobierno les ha dicho que eso no va a afectar a ninguna partida de gasto social. Por lo tanto, o se recorta en inversión y cada vez tendremos peores trenes, carreteras y apagones, o amamantará la deuda pública. Pero si un día los inversores de bonos deciden no comprarnos la deuda pública, como le hicieron a Trump hace un mes, al Gobierno le entrarán los nervios, como le sucedió a Zapatero en 2010 y a Rajoy en 2012, y le pedirán a la Airef propuestas para tener un plan fiscal creíble.

Entonces Pedro Sánchez descubrirá que España no son los Estados Unidos y qué crédito viene del latín creer y se ha gastado toda su credibilidad fiscal en sus siete años en la Moncloa.