Europa suspende el análisis de las pensiones

Todos los años en junio el Consejo Europeo publica un informe para cada país miembro con un diagnóstico de la situación y acaba con recomendaciones. En la crisis del euro en 2010 era un informe muy relevante, ya que contenía las claves que iban a determinar el ajuste fiscal y las reformas, especialmente para los países que estaban en un programa de la Troika, como le sucedió a España en 2012.

Ahora en Bruselas la prioridad es aumentar el gasto en defensa, defenderse de los aranceles de Trump y la competencia industrial china y el informe ha perdido influencia pero su análisis sigue siendo igual de relevante. El primer punto de la recomendación sigue siendo hacer un mayor esfuerzo en la sostenibilidad de las finanzas públicas, igual que en 2010. Desde entonces, España mantiene un déficit público estructural próximo al 3% del PIB, la deuda pública es mayor y próxima al 100% del PIB y un déficit primario y con ese escenario es imposible reducir el elevado endeudamiento público.

A esa situación de partida hay que añadir la presión para aumentar el gasto militar, mínimo al 2% del PIB y ya se habla del 5%, y eso supondría incrementar entre un tercio y doblar el déficit estructural. Y a eso hay que sumar el envejecimiento de la población que tiene un impacto negativo sobre el sistema público de pensiones y sobre el sistema sanitario que gestionan las comunidades autónomas. En este escenario se entiende que la Comisión Europea haya exigido a España un nuevo análisis sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

El sistema público de pensiones tiene déficit desde 2008. Si se hubieran aplicado las reformas necesarias para corregir ese déficit, España hoy tendría superávit fiscal y la deuda pública estaría próxima al 60% del PIB, el objetivo que exigen los tratados y similar a la deuda pública alemana o de los países centrales. Por lo tanto, la Comisión Europea pone el foco en el principal problema. El sistema necesita al menos 2,5 afiliados por pensionista, estamos por debajo de 2, en algunas comunidades como Asturias o País Vasco están por debajo de 1,5 y solo la Comunidad de Madrid ingresa más de lo que se gasta en pensiones.

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El problema es que cada año entran más pensionistas al sistema de los que fallecen y entran con pensiones medias más altas, sólo ese efecto aumenta el gasto un 3% anual. A eso hay que añadir la subida vinculada al IPC que el propio ministro que lideró la reforma, José Luis Escriva, reconoció aumenta el déficit estructural unos 3 puntos de PIB anual. Y a eso hay que sumar que España mantiene un modelo de crecimiento intensivo en empleo pero sin crecimiento de productividad y con precariedad salarial, especialmente en el segmento de empleos de baja cualificación vinculados al turismo, la hostelería y la construcción.

En este escenario la reforma supuso aumentar los impuestos sobre el salario, algo que el Consejo dice que hay que reducir, y transferir dinero de otros impuestos para cubrir el agujero, pero como hay déficit, una cuarta parte del gasto en pensiones se está financiando con deuda pública. Los manuales de hacienda pública que enseñamos en las facultades de economía justifican emitir deuda pública para invertir en infraestructuras o en educación pero financiar gasto corriente con deuda es una aberración que pagaremos muy caro en el futuro.

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El informe de la Airef consideraba esas transferencias de impuestos como nuevos ingresos y la Comisión Europea, con buen criterio, considera que ese análisis no es apropiado y exige un nuevo análisis. El ministerio de economía y la Airef deberán hacer un análisis más realista y riguroso de nuevo. El ministro de la reforma ahora es Gobernador del Banco de España y se entiende también, cómo se ha filtrado en medios, que haya vetado al servicio de estudios sus informes que ponían en cuestión la reforma y se entiende también que el director del servicio de estudios haya dimitido, provocando una crisis en la institución sin precedentes.

El informe recomienda a España mejorar sus políticas contra la pobreza infantil y mejorar su eficacia en la redistribución de la renta. La mayor parte de nuestros impuestos se dedica a pagar pensiones y sanidad y quedan escasos recursos para el resto de políticas públicas. Es lo que sucedió en Portugal donde el Gobierno de Antonio Costa, socialista, aprovechó la reforma de pensiones de 2011 para reducir significativamente la deuda pública y destinar más recursos a la reducción de la pobreza y la desigualdad y han mejorado significativamente.

El informe se centra también en el que en mi opinión es el principal problema de la economías española, la mala calidad de nuestra regulación, especialmente el diseño de incentivos y la burocracia. El Consejo se centra en la vivienda, principal problema para los jóvenes españoles y recomienda agilizar los trámites de gestión de suelo y construcción de viviendas. Por ejemplo, en España el silencio administrativo se considera negativo, o sea si algún ciudadano hace una consulta a la administración y no le contestan en seis meses se considera que rechazan su solicitud. En EEUU el silencia es positivo y si no hay contestación el ciudadano puede seguir adelante con su petición. Sólo con ese cambio en el Boletín Oficial del Estado aumentaría significativamente la construcción de viviendas.

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También se centra en el desarrollo de redes y electrificación para avanzar en la transición climática. Gracias a las renovables la industria española tiene un coste energético hoy más barato que los de sus competidores europeos, en Alemania el coste de la electricidad para la industria fue en 2024 un 70% más caro que en España. De nuevo si copiáramos a EEUU y las empresas del sector pudieran, una vez obtenida la licencia administrativa que les considera con capacidad técnica y financiera para desarrollar sus proyectos, la declaración responsable seguramente no habríamos tenido el apagón y tendríamos muchas más fábricas europeas conectadas a nuestra red, generando más empleos industriales con mejores salarios, habría más ingresos públicos para reducir el agujero del sistema de pensiones, para reducir la deuda pública y los jóvenes tendrían mejores salarios para acceder a la compra de vivienda.

La última recomendación que me gustaría destacar del Consejo, aunque no por ello la menos importante, es mejorar la relación entre la ciencia y la empresa. En España hay un fuerte desarrollo de universidades privadas, principalmente por qué las universidades públicas son incapaces de cambiar y adaptarse la nueva revolución digital de los datos y la inteligencia artificial, pero las privadas apenas invierten en investigación. Y las universidades públicas están cada vez peor financiadas, principalmente porque la sanidad y las pensiones absorben todo el aumento del gasto público desde hace una década, y son extremadamente ineficientes en transferir su conocimiento a las empresas para que se convierta primero en patentes e I+D y luego en inversión, empleo y mejores salarios.

España está en el euro, la única alternativa al dólar en el mundo, con tipos de interés reales descontada la inflación próximos al 0%, con el sistema bancario con exceso de depósitos y accesibilidad al crédito, la revolución energética y las renovables han metido un intenso shock positivo de competitividad y tiene todo a favor para conseguir el pleno empleo con menor precariedad salarial y desigualdad. Pero, según el Consejo Europeo, está todo por hacer y vamos arrastrando los pies desde hace más de 15 años.