Septiembre: el mes de los presupuestos

Empieza el curso político y el Gobierno tiene la obligación legal de enviar un proyecto de presupuestos al Congreso antes del 1 de octubre. En los años anteriores se incumplió este compromiso y gobiernan con los presupuestos de la anterior legislatura prorrogados. ¿Cómo es posible que las cosas sigan funcionando? Principalmente, porque la mitad del gasto público en España lo gestionan las comunidades autónomas y ahí el nivel de fragmentación y de ingobernabilidad es muy inferior al del Parlamento de la nación.

Aun así, es sorprendente que el Gobierno esté aumentando tanto el gasto público con presupuestos prorrogados dos años seguidos y seguramente la intervención general detectará irregularidades cuando audite las cuentas en los próximos años y acabaremos sabiendo las causas. Por ejemplo, el gasto en defensa ha aumentado cuatro décimas de PIB desde la pandemia hasta el 1,3% y el Gobierno se ha comprometido en la OTAN con Donald Trump a aumentarlo hasta el 2%. ¿Cómo ha aumentado el Gobierno tanto el gasto en defensa sin presupuestos? ¿Cómo puede comprometer subirlo mucho más en la OTAN dependiendo del voto de Sumar y Podemos, que están en contra de aumentar el gasto militar?

Antes de llevar el proyecto de presupuestos, el Gobierno debe aprobar el techo de gasto y la senda de déficit que debe estar alineada con las reglas fiscales de Bruselas. La regla de gasto para España limita el crecimiento del gasto próximo al 3%, aunque el gasto en defensa está excluido de la regla. La regla exige también que el déficit previsto sea inferior al 3% que haya compromiso de ajuste del déficit estructural en los próximos años y que se vaya reduciendo la deuda para aproximarse al 60% del PIB que es el objetivo.

Los ingresos públicos siguen creciendo por encima del PIB nominal potencial y eso ayuda a que todo este sudoku cuadre. El déficit en 2024 fue el 3,2%, cercano a la regla, y gracias a los bajos niveles de tipos del BCE y también de la prima de riesgo permiten que la deuda sobre PIB también se reduzca en la proyección futura. Hasta junio, el déficit en España sigue la misma senda que en 2024, eso implica que la política fiscal está siendo expansiva ya que el gasto crece muy por encima de la regla del 3% fijada por el Consejo Europeo y también por encima del PIB nominal potencial de la economía española.

Opinión

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La Comisión tiene demasiado lío con países como Francia, con un déficit muy superior al nuestro, que no crece y cuya proyección de deuda hasta 2030 aumenta y se aleja significativamente del 60% del PIB. Alemania también ha aprobado un plan de aumento de gasto ambicioso, infraestructuras y gasto en defensa principalmente, y sus proyecciones de deuda también aumentan y eso relajará la presión de la Comisión sobre la aplicación de las reglas fiscales.

Tampoco se está produciendo una vigilancia de los mercados financieros. En la crisis de 2007 la deuda mundial estaba en el 200% del PIB y ahora está próxima al 240%. La deuda privada sigue siendo similar, pero la pública ha crecido casi 40 puntos de PIB, especialmente en China cuyas ciudades están altamente endeudadas y han visto cómo sus ingresos disminuyen tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el frenazo de la construcción de nuevas viviendas. Con más deuda, los inversores exigen mínimas primas de riesgo a los países más endeudados y las agencias de rating le suben la calificación a países con elevada deuda como Portugal y España, en el caso de España con déficit público primario aún, alegando que crecen. Los aranceles de Trump reducen el crecimiento potencial mundial y dificultarán el pago de la deuda futura y los inversores no perciben ese riesgo, lo cual es un riesgo en sí mismo que sucedió antes de 2007 y ya sabemos que acabó mal.

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Por lo tanto, estamos ante un escenario sencillo para negociar unos presupuestos y la pregunta es: ¿por qué el Gobierno no lo consigue? La razón es que la aritmética de las elecciones de 2023 fue endiablada, Sánchez negoció sólo acuerdos de investidura y se aventuró a un escenario desconocido en toda la historia de nuestra Democracia. Su socio de Gobierno, Sumar, no consolidó su proyecto político y está en tensión permanente con Podemos por ocupar ese espacio denominado la izquierda a la izquierda del PSOE. Sánchez ha renunciado al centro y busca votos en ese enjambre que es la batalla entre Sumar y Podemos.

Seguramente esta es ahora la mayor dificultad para alcanzar los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos. Pablo Iglesias argumenta que no está dispuesto a apoyar un aumento del gasto militar y no tiene ningún incentivo para permitir que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz agoten la legislatura. Luego está la negociación con Puigdemont, que siempre es una lotería imprevisible. Y luego con ERC, PNV y Bildu, que como piden dinero y los ingresos públicos crecen son más sencillos de alcanzar.

El acuerdo de investidura con ERC se está cumpliendo, Pedro Sánchez ya ha aprobado la condonación de la deuda autonómica pactada y se negocia con nocturnidad y alevosía traspasar a la Generalitat la Agencia Tributaria y el cobro de sus ingresos con el objetivo último de llegar a un cupo catalán, similar a los beneficios que disponen hoy los vascos. Pagando impuestos similares a los de Madrid, un ciudadano vasco recibe un 50% más de gasto público y eso sólo se puede explicar porque aportan muchísimo menos a los gastos comunes del Estado, especialmente al estado de bienestar fuera del País Vasco. El mayor agujero es la Seguridad Social que explica por sí sola todo el déficit público y el aumento de la deuda pública desde 2007 y para eso el PNV y Bildu no tienen problemas para aceptar que el pago del déficit de las pensiones de los vascos, el mayor déficit por pensionista de toda España, lo asuman todos los españoles, especialmente los jóvenes que tendrán que pagar esa deuda en el futuro. Si ese modelo se replica en Cataluña, que pesa el triple que País Vasco en el PIB, España está condenada a una crisis fiscal en el futuro por insostenibilidad del pago de su deuda pública.

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Lo que recomendamos los economistas es hacer una política anticíclica. Los primeros modelos teóricos que defendían la estabilidad presupuestaria en todo el ciclo económico fueron de economistas keynesianos que ahora en el mundo de la polarización serían tildados de ultraliberales. Cuando las familias gastan y las empresas invierten, como ahora, el Estado debe contener el gasto y aprovechar para tener superávits y reducir su deuda. Así, cuando llegue la recesión, siempre acaba llegando, las familias y las empresas se asusten y reduzcan su gasto y su inversión, el Estado dispondrá de margen fiscal para aumentar el gasto y reducir el impacto de la recesión sobre la tasa de paro, la desigualdad y la pobreza. Estas reglas fueron aplicadas por primera vez por los socialdemócratas suecos en 1934. El presidente Zapatero introdujo una regla de estabilidad presupuestaria cíclica en el artículo 135 y Pedro Sánchez la negoció personalmente en el Congreso con el PP. Ahora en la nueva era, la izquierda dice que hay que gastar siempre, en expansión y en recesión, y la derecha dice que hay que bajar impuestos y contener el gasto superfluo, pero el gasto crece igual que cuando gobierna la izquierda. El resultado desde 2007 es que la deuda pública en España casi se ha triplicado y somos uno de los países con mayor deuda pública del mundo.

Los cimientos de este modelo es que haya inversores internacionales confiados que compran nuestra deuda pública a tipos muy bajos. Eso es lo que está pasando, y si eso cambia, todos dirán que la culpa de la inestabilidad financiera será de los malvados fondos buitre de Wall Street. Pero los economistas sabemos que las causas están en las fases expansivas y en la España del realismo mágico cualquier escenario es posible, hasta que el Gobierno consiga aprobar sus presupuestos de 2026 o no.