Inversión en infraestructuras, mantenimiento y crisis fiscal

Todos los españoles estamos consternados con el accidente ferroviario en Adamuz, acompañamos en el dolor a las familias de los fallecidos y deseamos una pronta recuperación a los heridos. Los economistas analizamos el comportamiento humano y en las últimas décadas se ha investigado mucho sobre comportamiento emocional, mal llamado irracional. El ser humano ha desarrollado una capacidad única en su corte central del cerebro, pero las decisiones se toman con la parte más emocional del cerebro, heredada de los reptiles que se adaptaron de un planeta totalmente ocupado por agua a los primeros espacios de tierra firme hace millones de años.

Es mucho más probable tener un accidente en un coche, pero aunque los accidentes de avión y tren son mucho menos probables, son más traumáticos y generan más incertidumbre. Yo intento ser coherente con lo que enseño y soy una persona muy racional, pero soy un usuario muy frecuente de la alta velocidad y reconozco que me ha generado enorme inquietud el accidente. Sabemos que la vía se acababa de remodelar hace menos de un año, que estaba ya adaptada a la nueva regulación de señalética europea más exigente en seguridad, que el tren era relativamente nuevo, que estaba adaptado a esa señalética y que había pasado sin problemas su revisión recientemente.

Por lo tanto, para eliminar esa incertidumbre necesito que mi Gobierno que cobra de mis impuestos me informe qué ha pasado, con criterios basados en argumentos técnicos y sin politizar una tragedia con tantos fallecidos, como sucedió en la dana de Valencia, y con la máxima transparencia informativa para no repetir lo que sucedió en el apagón que aún no sabemos cuál fue la causa de que durante un día los españoles estuviéramos sin electricidad y qué medidas está tomando el Gobierno para que no vuelva a pasar.

La realidad es que, desde el accidente ferroviario en Alemania en 1998, en el que fallecieron 101 personas, los dos accidentes más graves de ferrocarril en Europa han sido en España: el accidente en Angrois en 2013, en el que fallecieron 79 personas, cuya causa fue un error humano que seguramente se pudo evitar con una mejor señalética en la vía, y el de Adamuz, cuyas causas están aún por determinar. Lo que nos dicen los datos económicos es que, en 2007, el Estado español se gastaba el 39% del PIB y en 2022, el último año con presupuestos aprobados y, por lo tanto, comparable, se gastó el 46%. Sin embargo, la inversión pública ha caído desde el 5% del PIB en 2007 hasta el 2% en 2022; en los años noventa, la tasa de inversión pública no cayó en ningún año del 3% del PIB.

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La mayor parte de la inversión es en nuevos proyectos, pero cuando finalizan, la inversión se convierte en gasto de mantenimiento. En 2024, el Estado se gastó en mantenimiento de la red ferroviaria 470 millones de euros, 118.000 euros por kilómetro de red de alta velocidad; o sea, la alta velocidad es una infraestructura fundamental y con gran aporte al desarrollo económico y al bienestar de los ciudadanos, pero es extremadamente cara de mantener. Para comparar ese dato con el gasto de mantenimiento en 2007, conviene corregir por la inflación, que suele ser una buena aproximación a la subida de salarios, que son una partida importante de este tipo de servicios de mantenimiento. Pues bien, a los precios y la inflación de 2024, en 2007 el gasto de mantenimiento por kilómetro fue de unos 180.000 euros, o sea, ha caído más del 30%. Pero tras la liberalización de la red en 2021, dos nuevas compañías operan en España y Renfe ha creado Avlo para competir con precios bajos y, por las mismas vías de alta velocidad, pasan diez veces más trenes que hace veinte años y eso aumenta el deterioro de la red y exige mayor gasto en mantenimiento y la realidad es que el Estado español dedica mucho menos dinero a esa función clave.

A esto tenemos que sumar los costes de la corrupción. En los casos de corrupción, la Justicia y los medios acaban destacando el dinero robado a los contribuyentes, pero los economistas sabemos que el coste de la ineficiencia que provoca es infinitamente mayor. Cuando la adjudicación de un contrato se rige por criterios de corrupción, no se adjudica a la mejor oferta técnica, sino a la que paga más mordida. Eso afecta negativamente a la calidad y diseño de la infraestructura y también al mantenimiento. Aunque no hay ningún indicio que en este caso haya sombra de corrupción, en la sentencia de la Gürtel la mayoría de empresas que contribuían eran constructoras y recibían mucho dinero del Estado para hacer infraestructuras, el anterior ministro de Fomento está en la cárcel investigada por corrupción, el actual ministro de Fomento era íntimo amigo personal de su predecesor y su mano derecha en el PSOE de Valladolid fue secretario general de Infraestructuras con Ábalos y el cerebro reptil de los españoles nos hace ya desconfiar de todo.

Cuando se elaboran presupuestos del Estado, la prioridad siempre son las pensiones que consumen uno de cada tres euros del gasto

Cuando se elaboran presupuestos del Estado, la prioridad siempre son las pensiones, que consumen uno de cada tres euros del gasto público y la práctica totalidad, junto con la sanidad, de la regla de gasto. Eso obliga a recortar en otras partidas y aunque Adif es una entidad con ingresos propios de los cánones que cobra y los servicios que presta en las estaciones, principalmente alquileres, también depende de los presupuestos del Estado.

El accidente de Adamuz ya no tiene solución, los costes son irrecuperables, pero nunca puedes desaprovechar una crisis. Los españoles tenemos que irnos un rato al rincón de pensar y replantearnos cuántos impuestos pagamos, cuánta deuda pública tenemos, ya que nos gastamos más de lo que ingresamos desde 2007, y en qué se gasta ese dinero. Las infraestructuras son determinantes para seguir generando PIB e ingresos públicos en el futuro para pagar pensiones, sanidad, educación y dependencia, y ni les estamos dando la prioridad que merecen, ni estamos invirtiendo el dinero necesario para mantenerlas.