¿Es España una democracia?

“Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.”

Constitución Española, artículo 6

 

¿Es España una democracia? ¿Se trata de una pregunta baladí? En absoluto. La democracia española está sustentada en los partidos políticos. Los partidos, directa e indirectamente, nombran y quitan a los miembros del Ejecutivo de la Nación, de las Comunidades Autónomas, a los del gobierno de los jueces, a magistrados del Constitucional, a los componentes del Consejo del Banco de España, de la CNMV, de la Comisión de la Energía, del Tabaco, de Defensa de la Competencia, de Radio Televisión Española y las cadenas autonómicas, de las Cajas de Ahorro… Tanto poder acumulado desde la instauración de la democracia (y en opinión de este humilde columnista, tan inútilmente empleado) nos debería hacer reflexionar sobre si la fuente última de este poder, es decir, la estructura del partido político, es democrática tal y como manda la Constitución. 

¿Son los partidos democráticos? Esta pregunta es clave, ya que de nada sirve alardear de demócrata hacia afuera si la estructura de funcionamiento del partido en la práctica no difiere de la que tenía Falange en la época de Franco.

¿Qué define la “estructura interna y funcionamiento democráticos” que propugna la Carta Magna? Volvamos a nuestra Constitución. Artículo 16: “libertad ideológica”; artículo 20: “derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones”; artículo 23: “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Les animo a que comparen el espíritu de estas leyes con la realidad de los partidos políticos, empezando por sus estatutos.

Yo ofrezco tres reflexiones:

Primera: cuando un líder de un país como Egipto, Túnez, Siria, somete a plebiscito su reelección, o bien la de su sucesor designado, y el pueblo “aprueba” esta elección de candidato único con más de un 90% de los sufragios, ¿por qué no consideran que estos países son democráticos?  Cuando un líder de un partido político (o sindicato) español “designa” a su heredero y un oscuro y antidemocrático sistema de compromisarios “aprueba” a este candidato, o bien éste se presenta a la reelección como alternativa única obteniendo aprobaciones de más de un 90% de los votos, ¿de verdad se puede definir esta estructura como democrática sin sentir vergüenza?

Segunda: la Constitución reconoce el derecho a una tutela judicial efectiva.  Este elemento es clave para que exista una democracia de pleno derecho. Cuando se prevén sentencias de asuntos capitales para la nación o nombramientos de magistrados o jueces clave en función de qué partido ha designado al vocal del CGPJ o al magistrado del Constitucional decisorio, ¿se puede definir esto como tutela judicial efectiva sin sentir vergüenza?

Tercera: cuando se violenta formalmente una norma para que cumpla en la forma la ley pero cuyo contenido es claramente contrario a su espíritu puede aparecer la figura del “fraude de ley”. Una vez un diputado me reconoció que los partidos no son democráticos, pero “sí sobre el papel”. O sea, que los partidos políticos son tan democráticos como la extinta República Democrática Alemana.  Si los estatutos de los partidos incurren en fraude de ley y se viola el artículo sexto de la Constitución Española que encabeza este post, ¿qué podemos esperar del sistema judicial para que ponga fin a este atropello?; ¿podemos seguir financiando de nuestros impuestos a los partidos políticos tan antidemocráticos sin sentir vergüenza?

Lo peor no es la situación en sí, por muy lamentable que sea, sino la desidia de la sociedad española, que durante años se ha visto aletargada y percibe como “normales” acontecimientos aquí descritos tan contrarios a la democracia y tan nocivos para la nación. ¿Es España una democracia? Probablemente sí. ¿Es España una partitocracia?  También. Ahora bien ¿qué es más España, democracia o partitocracia? Esta pregunta es esencial. Si respondemos partitocracia y asumimos el carácter no democrático de los partidos, el presente y el futuro es escalofriante.  Si es así, ¿qué puede hacer la sociedad civil para que España sea mucho más democracia y mucho menos partitocracia?