El Prestige y el matrimonio homosexual

A primera vista, el Prestige y el matrimonio homosexual no parece que tengan mucho que ver. Pero si lo pensamos bien, sí que están relacionados. Bueno, realmente ellos no, pero sí la forma en que han sido tratados judicialmente. La semana pasada, el Tribunal Constitucional publicó la sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad que el Partido Popular presentó en 2004 sobre el matrimonio homosexual. Y el mes pasado, en La Coruña, empezó el juicio sobre las responsabilidades en la catástrofe del Prestige, que se hundió frente a las costas gallegas en noviembre de 2002. Es decir, el Alto Tribunal ha tardado ¡¡¡ocho años!!! en dilucidar si es constitucional que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Y un juzgado de La Coruña ha tardado ¡¡¡¡diez años!!! en abrir el juicio por el hundimiento del petrolero.

No soy jurista, pero tardar diez años en realizar la instrucción y abrir el juicio sobre un barco que se hundió y provocó una marea negra, me suena a coña marinera. Y que unos magistrados se hayan pasado ocho años leyendo y releyendo la Constitución para ver si en un artículo, o en su espíritu, encontraban algo que les iluminara para decidir si se puede llamar matrimonio a la unión legal de dos personas del mismo sexo, me suena a chiste malo. Aunque parece ser que los garantes de nuestra Carta Magna llevaban estudiando el recurso “sólo” desde el pasado mes de julio. En ese caso, ¿a qué se han estado dedicando desde 2004? Pues supongo que a estudiar y resolver otros recursos de inconstitucionalidad, de amparo o conflictos de competencias, por lo que no han podido ponerse con lo del matrimonio homosexual hasta este verano. 

Eso me lleva a pensar que, o son muy poco eficientes en su trabajo o les cae más trabajo del que pueden absorber. Vamos a pensar en lo segundo. En ese caso, o debería ampliarse el número de magistrados constitucionales -algo que parece difícil, porque el artículo 159 de la Constitución fija en 12 su número-  o debería caerles menos trabajo, limitando el número de recursos que les llegan. Lo único seguro es que no podemos resignarnos a que tarden ¡¡¡ocho años!!! en decidir sobre un asunto.

Lo más grave de todo, es que no se trata de un problema que sólo afecta a nuestro Alto Tribunal, sino que es la práctica habitual en todo nuestro sistema judicial. Lo estamos viendo  en el caso Prestige y lo vemos a diario en multitud de otros. Nos hemos acostumbrado, o no nos ha quedado más remedio que acostumbrarnos, a que los procesos de instrucción se dilaten años, a que los juicios empiecen muchos años después de que acaecieran los hechos que se juzgan, a que las sentencias se recurran y vuelvan a recurrir hasta el infinito y más allá. Todo esto forma ya parte de nuestro paisaje habitual y, por tanto, lo vemos con naturalidad.

Pero no le echemos la culpa de esta situación a la crisis o a los recortes. Antes de la misma, en la época de las vacas gordas, pasaba exactamente igual. Si esto ocurre, es por una escandalosa falta de recursos y por una muy deficiente organización judicial. Pero, sobre todo, por una desidia absoluta de nuestros sucesivos Gobiernos y de nuestros sucesivos Parlamentos, muy preocupados por asegurarse el control político de los principales órganos judiciales, pero insensibles a que ciudadanos y empresas tengan que esperar años para ver resueltas sus cuitas con la justicia. Estamos ante un problema estructural, que requiere de soluciones estructurales. Soluciones que empiezan porque el Gobierno se dé cuenta de que, tanto o más daño hace a nuestra economía un sistema judicial ineficiente -como el que tenemos-  que un sistema financiero ineficiente o que un sistema educativo ineficiente. Que, por cierto, también los tenemos.

Sin una justicia eficiente y ágil en los plazos, además de confiable, de nada servirán todas las medidas que se están tomando para recuperar la competitividad de la economía española, ni los sacrificios que está haciendo la inmensa mayoría de la población. Tan importantes para la competitividad de una economía son un mercado laboral flexible, un sistema financiero saneado, un sistema educativo orientado a la excelencia, una diplomacia orientada hacia la promoción exterior de nuestras empresas o una unidad efectiva del mercado interior, como un sistema judicial que no se demore años y años en resolver los asuntos que le llegan. ¿O es que vamos a tener que seguir resignándonos a que los tiempos de la justicia española sigan sin ser de este mundo?