La irresponsabilidad fiscal de España

Decía Franklin que las ganancias pueden ser temporales e inciertas, en tanto que los gastos son siempre constantes y ciertos.

Este jueves supimos que el déficit fiscal español superó el 5% de PIB frente al comprometido 4,2%, o sea que en el sector público los gastos superan a los ingresos en más de 50.000 millones de euros, unos 9.000 millones más de los pactados. Los objetivos acordados con Europa conllevan un déficit de un 2,8% para 2016, un enorme esfuerzo fiscal adicional, casualmente situado en un supuesto año poselectoral, 'objetivo' que será también insatisfecho.

España lleva desde 2008 sin cumplir en ningún año los objetivos fiscales comprometidos con la Unión Europea, con independencia de que gobierne un partido u otro, y también con independencia de que se disfrute de mayoría absoluta o relativa, y todo ello a pesar de que España disfrute hoy en día de las mejores condiciones de financiación de su historia (el tesoro español se financia por debajo del de los EEUU, valga la paradoja). La consecuencia es que los desfases se financian engrosando aún más la deuda pública, que ha  triplicado su importe hasta alcanzar niveles de aproximadamente un billón de euros.

Supone el mayor nivel de endeudamiento de la historia de nuestra nación. El Reino Unido terminó de pagar la deuda incurrida en la Segunda Guerra Mundial el año 2008. Sin haber librado ninguna guerra, y a pesar de no ser juez ni parte, las futuras generaciones de españoles tendrán que hacer frente a una carga casi similar, consecuencia de la colectiva irresponsabilidad fiscal.

¿Cómo hemos llegado a esta situación?

Primero, reflejando bien el axioma de Franklin, las proyecciones de ingresos se han incumplido sistemáticamente, con independencia de que el PIB cayera o subiera. De hecho, en 2015 el PIB creció más de lo que el propio Gobierno pronosticaba, pero sin embargo se incumplieron los objetivos de recaudación, lo que genera sonrojo al confundir una partida clave (la recaudación) con 'Alicia en el país de las maravillas'.

Como los pensionistas suponen siete millones de votos, no hay voluntad política de hacer frente al agujero, lo que hace que el problema se agrave

Segundo, el sistema de pensiones genera un enorme boquete en la Seguridad Social. Las pensiones han pasado de suponer un 7% del PIB antes de la crisis a un 12% actualmente. Los motivos son a) el progresivo envejecimiento de la población (que irá a peor, dado que solo nacen 1,3 niños por mujer), b) el aumento en la pensión media, debido a que se jubilan nuevos pensionistas que han devengado pensiones más elevadas que las de la gente que fallece, y c) que la creación de empleo precaria resulta en reducidas cuotas de seguridad social, insuficientes para hacer frente a los incrementos de gastos. Como los pensionistas suponen siete millones de votos, no hay voluntad política de hacer frente al agujero, lo que supone que el problema se va agravando, y será costeado de una forma cada vez más asfixiante por los más jóvenes, de forma que habrá que reducir dinero en otras partidas como educación, sanidad o inversión en infraestructuras.

Tercero, las comunidades autónomas siguen sistemáticamente presentando relevantes desviaciones frente a los objetivos comprometidos. El Fondo de Liquidez Autonómica ha supuesto financiación sin corresponsabilidad fiscal, ya que las comunidades incumplidoras se benefician de las mismas condiciones que las que sí han cumplido, lo que ha generado un enorme problema moral, ya que el incentivo que se ha desarrollado es que genera más réditos políticos no cumplir que cumplir, perverso incentivo aplicado con independencia de los colores políticos. La vergonzosa reapertura de la televisión pública valenciana es un reflejo del mal moral que nos atañe.

En democracias consolidadas como la holandesa, las autoridades fiscales revisan los programas políticos antes de que se publiquen

Cuarto, a medida que se han acercado las fechas electorales, el Estado central, las administraciones regionales y las locales han vuelto a utilizar irresponsablemente la máquina fiscal (vía impuestos y gastos) para intentar arañar votos a costa de incumplir los objetivos de déficit con nuestros socios europeos y con las generaciones futuras que ni tienen voz ni voto.

Como consecuencia del rescate financiero del que se benefició España en la primavera de 2012, nuestros socios europeos nos impusieron la creación de una agencia independiente de responsabilidad fiscal (AIReF). Dicha agencia emula el funcionamiento de otras, como la norteamericana Congressional Budget Office, que buscan arrojar luz sobre la irresponsabilidad política a la hora de jugar con los déficit fiscales, explicar las enormes secuelas que dicha irresponsabilidad suponen en términos de deuda acumulada para generaciones futuras y proponer soluciones.

Es interesante que una agencia tan importante haya tenido que ser impuesta desde fuera, sin que ningún Partido la haya impulsado previamente, ni tampoco la sociedad española la hubiera reclamado. A pesar del estrangulamiento financiero a la que Hacienda está sometiendo a la AIREF para que no realice su fundamental trabajo (que ha supuesto una denuncia de la AIReF ante la Justicia), su desempeño está resultando numantino y fundamental. La AIReF ha avisado sistemáticamente de la irresponsabilidad fiscal y de los incumplimientos de los objetivos de déficit, en parte por la demagogia en la política de pensiones.

Además, en democracias consolidadas como la holandesa, las autoridades fiscales revisan los programas políticos antes de que se publiquen, de forma que se compruebe si las promesas electorales están cuantificadas correctamente en su gasto inherente, así como si es realista la forma de financiar dichas promesas reflejadas en el programa. Si no es así, no se permite su publicación, de forma que se acota el papel de la demagogia. Por desgracia, en España los programas no se revisan, y pecan sistemáticamente de dicha demagogia, con independencia de si el partido es populista o popular.

Recordemos la frase de Thomas Jefferson en 1816: “Creo firmemente que el principio de gastar dinero para que sea pagado por la posteridad bajo el nombre de deuda no es más que una estafa a gran escala hacia las futuras generaciones”.

En otros países las recomendaciones y advertencias de las autoridades fiscales calan en la sociedad y provocan una movilización ciudadana que acaba marcando la agenda política.

¿Qué nos ocurre a nosotros?