Pero ¿de verdad sirven para algo las promesas electorales?

Hoy en día, cuando, acercándonos a un periodo electoral, vuelven a abundar las promesas políticas, conviene abrir un periodo de reflexión para evaluar si deberíamos estar satisfechos

Foto: Un elector, con su imagen reflejada en un espejo, elige su papeleta para ejercer su derecho al voto. (EFE)
Un elector, con su imagen reflejada en un espejo, elige su papeleta para ejercer su derecho al voto. (EFE)

John Stuart Mill, uno de los padres del liberalismo, comentó que era mejor ser un humano insatisfecho que un animal satisfecho. Hoy en día, cuando, acercándonos a un periodo electoral, vuelven a abundar las promesas políticas de todo signo, conviene abrir un periodo de reflexión y de autocrítica, y edulcorarlo con un ligero recuerdo a promesas pasadas, para a partir de ahí evaluar si deberíamos estar o no satisfechos.

La reciente historia democrática española está plagada de promesas que en muchas ocasiones devinieron en incumplimientos flagrantes. Los más relevantes son los incumplimientos financieros. Por ejemplo, la promesa de bajar impuestos en medio de una crisis y llevar a cabo justo lo contrario, o prometer aumentos de impuestos “a los ricos”, “reducir la desigualdad” o “asegurar las pensiones”. Como en general se interpreta, correcta o incorrectamente, que el incumplimiento de una promesa apenas acarrea castigo electoral, es normal que, desde una perspectiva de comportamiento, esta nociva práctica (prometer sin cumplir) se repita.

Las promesas incumplibles pueden deberse a la configuración jurídica de la toma de decisiones. Así, se puede prometer suprimir las autonomías, algo que es prácticamente imposible sin una enorme mayoría parlamentaria y de la opinión pública, o cambiar la forma de Estado, o la independencia de una zona geográfica solo con la voluntad de un núcleo de ciudadanos concreto. Son promesas incumplibles, pero que generan polarización y por lo tanto puede movilizar a un segmento de votantes, de nuevo reforzando la teoría del comportamiento.

También dentro de este marco jurídico se pueden proponer ideas que, aunque puedan resultar más o menos constitucionales, implican el consenso de los socios de la zona euro, o incluso del conjunto de la Unión Europea. Así, por ejemplo, la vuelta al patrón oro, aparte de estrambótica, no se podría ejecutar sin el imposible consenso de todos los países de la zona euro representados en el BCE. O por ejemplo las promesas de cambios en la política de inmigración, ya que debido a la libre circulación de personas, esta tampoco está dotada de una autonomía nacional que redunde en la capacidad de tomar decisiones no consensuadas con nuestros socios.

Son promesas incumplibles, pero que generan polarización y pueden movilizar a un segmento de votantes, reforzando la teoría del comportamiento

El otro crítico orden de promesas incumplibles reside en su ángulo financiero. Así, se pueden prometer incrementos de gastos sin explicar cómo se va a recaudar el dinero para acometerlos, o bien plantear reducciones de ingresos sin acompañar la promesa de una batería de gastos que se pretenden reducir en equivalencia para así mantener el equilibrio presupuestario.

Entre las primeras, como hemos visto, suelen ser frecuentes las apelaciones a “subir impuestos a los ricos” para “hacer sostenible el sistema de pensiones” o “reducir la desigualdad”. Como exponía hace poco un ilustre pensador, si por ejemplo confiscamos el 100% de los ingresos del 1% de los españoles que más gana, la recaudación obtenida pagaría tres días de gasto público… O sea, un pan con unas tortas. Por eso, medidas similares como las que intentó llevar a cabo Hollande en Francia (IRPF al 75% para rentas altas) fueron abolidas, primero por inconstitucionales (confiscación) y segundo por inútiles (a ciertos niveles, la recaudación es limitada ya que el número de declarantes de rentas muy altas es muy limitado). A su vez, el sistema de pensiones, si se analizan las cifras,soloo se arregla desde un replanteamiento en profundidad con un gran acuerdo político, no con un impuesto a los ricos.

Además, el principal factor que provoca desigualdad es el desempleo (el 80%, según la OCDE), por lo tanto, la mejor receta contra la desigualdad es una lucha sin cuartel contra el desempleo, lo que se logra maximizando el crecimiento económico, luego las promesas deberían conducir a conseguir este objetivo, y no al revés. Sociedades con paro reducido y con niveles de desigualdad por renta más bajos que los nuestros (como Dinamarca) lo han conseguido, aparte de con un sistema laboral más flexible y con menos presión vía cotizaciones sociales, con mayores impuestos indirectos (no vía IRPF), es decir, más IVA y menos o ningún bien con IVA reducido, pero de esto nadie quiere hablar porque aunque funcione, es impopular.

Por otro lado, se promete bajar impuestos sin plantear reducciones en partidas de gastos equivalentes. La pertenencia a la zona euro, y por lo tanto al plan de estabilidad y crecimiento, supone que cualquier decisión que tomemos al respecto debe ser compartida y aprobada por nuestros socios, ya que la irresponsabilidad fiscal deviene no solo en nuestro perjuicio sino también en el de los países que comparten moneda.

Si se quiere bajar impuestos, deberían formular qué partidas de gasto se tocan. La inmensa mayoría del gasto del Estado central se centra en el sistema de pensiones, y a nivel autonómico, en sanidad y en educación (de ahí que decir que al suprimir autonomías se hunde el gasto público sea una falacia). Por eso, al plantear reducir impuestos, se evita formular qué partidas se tocarán (porque resta votos) y se argumenta con etéreas promesas no cuantificables y que difícilmente serían aceptadas por nuestros socios como contrapartidas serias en el año en curso (“luche contra el fraude fiscal”, “mayor crecimiento económico inducido”, “curva de Laffer”, de dudosa evidencia empírica en el corto plazo…).

Un programa electoral debe funcionar como un contrato entre un partido político y sus votantes

Un contrato implica la responsabilidad de las partes de cumplir los puntos establecidos. Un programa electoral debe funcionar como un contrato entre un partido político y sus votantes. Si a nivel particular firmamos contratos pensando en cumplir lo que hemos escrito, no tiene sentido realizar lo contrario en un programa, y quizá por eso apenas los leemos y luego nos quejamos de la calidad de nuestra democracia. En otros países se han planteado soluciones, así, en el Reino Unido han proliferado plataformas 'online' que miden el grado de cumplimiento de las promesas de todo tipo de programa (desde local hasta nacional). En Holanda, las promesas de los partidos políticos han de venir cuantificadas en ingresos y en gastos, y las cifras han de ser auditadas por un organismo de responsabilidad fiscal (tipo nuestra AIReF) para que se puedan publicar.

Como expone la frase “nunca olvides tu pasado, si no, no tendrás futuro”, debemos aplicarlo. Pensar en nuestro incumplido pasado para lograr un futuro futurible.

El Observatorio del IE

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