Tres paradojas del nuevo Gobierno

09/01/2020 05:00

Adelantado en

Hace años, tuve la suerte de conocer al senador de los Estados Unidos Chris Dodd, autor de la famosa ley Dodd-Frank, que reformó el sistema bancario norteamericano tras la crisis financiera de 2008. Cuando desgranó la ley, le pregunté sobre un extraño límite que esta había impuesto a los bancos en ciertas inversiones, que no podían superar el 3% del balance.

“¿Por qué el 3%?”.

Me respondió: “Porque era el porcentaje con el que conseguía los votos suficientes en la Cámara y en el Senado, no hay ninguna razón fundamental detrás”. Esa respuesta me recordó una definición que escuché hace tiempo en el sentido de que la política “es el arte de lo posible”.

Recordando este precedente, me pregunto por tres de las medidas estrella anunciadas por el nuevo Gobierno de coalición, y sus paradójicos efectos.

¿Es un disparate subir el salario mínimo a 1.200 euros?

Juan Carlos Barba

Afortunadamente, es posible cuantificar los efectos de esta medida que propone Unidas Podemos

Primera: la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a un nivel que podría alcanzar los 1.200 euros al final de la legislatura. 'A priori', esta medida parece ayudar a los empleados más vulnerables, sin embargo, el análisis empírico a lo largo de los años y de las geografías muestra que genera el efecto contrario: se reduce la creación de empleo, lo que perjudica precisamente a jóvenes y colectivos en paro, que de otra forma hubieran conseguido un trabajo. En el caso de España, por ejemplo, la creación de empleo antes de la última subida del SMI se situaba en un 3,2%. Hoy en día, asciende un 1,7-2%. Esto supone que más de 100.000 personas no han podido acceder al mercado laboral durante 2019; una parte se puede deber a la subida del SMI, la otra a la desaceleración nacional e internacional. Si lo que se pretende con la política es reducir la desigualdad de ingresos, según la OCDE, el 80% del aumento de desigualdad de ingresos en España (medido como coeficiente de Gini) se debe al aumento de desempleo que se generó durante la crisis. Por lo tanto, minorar la creación de empleo ralentizará la reducción de la desigualdad. Toda una paradoja.

Por otro lado, otro efecto de la subida intensa del SMI es el traspaso de trabajadores hacia la economía sumergida, que en España representa ya casi el doble en proporción al PIB que en otros países occidentales. Un mayor peso de la economía sumergida supone menor capacidad de recaudación fiscal, lo que a su vez cuestiona el futuro del Estado social. Otra gran paradoja.

Por último, plantear que el SMI deba de ser el mismo en toda la nación cuando los costes de vida son muy diferentes (piénsese, por ejemplo, la diferencia entre alquilar un piso en Madrid o en un pueblo de Lugo) atenta contra toda lógica, y subir con intensidad el SMI y no aplicar diferentes baremos en función del coste de la vida expulsa del mercado laboral específicamente a los trabajadores de las provincias donde el coste de vida es más bajo, que son también las menos pobladas, con lo que se acentuará la despoblación. Nueva paradoja.

Segunda: la derogación de la reforma laboral de 2012 se defiende alegando que deja desprotegido al trabajador frente al empleador. Sin embargo, la reforma consiguió un hecho insólito en el mercado laboral español: reducir al máximo el umbral a partir del cual se puede crear empleo. Así, por ejemplo, en el año 2014 la economía creció un 1,3% y se creó empleo en igual cantidad, algo inaudito para nuestra economía, que no era capaz de crear empleo sin crecer un mínimo de un 2%. Esta relación es la que se conoce como coeficiente de Okun. Investigadores norteamericanos de la NBER ya expusieron en 2013 cómo España con sus cambios laborales había conseguido un coeficiente de los más positivos de la OCDE. Esto explica en parte cómo el país ha sido capaz de reducir su desempleo desde más de un 26% hasta el 14% actual, lo que, en otras palabras, supone que prácticamente uno de cada tres parados de la zona euro que han encontrado trabajo desde el final de la crisis (casi 10 millones en la zona euro) ha sido un español. Aunque haya elementos de la reforma que habría que mejorar y actualizar, la derogación supondrá un empeoramiento del coeficiente de Okun, lo que generará menor crecimiento del empleo, algo que, como hemos visto, empeorará la desigualdad. Paradójico.

Los analistas se dividen ante un Gobierno PSOE-UP: del recelo al 'no será para tanto'

Carla Raffin

Mientras hay quien ve esta hoja de ruta poco proclive "a la libertad de empresa" y critica las subidas de impuestos, también se da el argumento de que los cambios no son tan disruptivos

Además, parece existir cierta relación entre elementos de la reforma laboral y la mejora de productividad que experimentó el país en los años subsiguientes. Como hemos ido defendiendo, el principal factor que explica los sueldos es la productividad, no las leyes. La productividad española comienza a estancarse, y la reversión de la reforma laboral podría acentuar esta tendencia, lo que amenazaría la recuperación salarial en ciernes (los sueldos medios de los 19 millones de trabajadores españoles suben ya un 2%, según el INE, con la inflación creciendo la mitad). Otra gran paradoja.

Tercera: las limitaciones al precio de los alquileres que se han anunciado que se podrían plantear pueden parecer también una medida para proteger al inquilino frente al propietario. Sin embargo, la literatura académica, que analiza datos, no intenciones, es muy clara sobre sus efectos: genera menos oferta de alquiler, y eso acaba provocando mayores precios que acaba soportando precisamente la parte percibida como vulnerable, 'el inquilino'. Hay múltiples ejemplos que avalan estos hechos, entre otros, San Francisco o Berlín. El coste de la vivienda, y por lo tanto su precio, sobre todo viene representado por el precio del suelo, el coste de construcción y el coste financiero. La inseguridad jurídica aumenta el tercero, y la falta de suelo, el primero. Si se quiere reducir el coste de la vivienda, hay que liberar suelo y reducir el coste de capital mediante seguridad y estabilidad jurídica, lo contrario provocará más paradójicas subidas por la tensión entre demanda y menor oferta.

El emperador romano Diocleciano, en el siglo III d. C., ya intentó combatir los males económicos como la inflación de una forma sencilla: prohibiéndola mediante decreto (reguló prácticamente el precio de cada artículo). El resultado fue un estrepitoso fracaso. Lamentablemente, el ser humano no aprende la Historia.

La política es el arte de lo posible, pero debería ser el arte de legislar según los hechos.