La casa torcida

Como manda la tradición, cuando las dificultades crecen, los propósitos de enmienda devienen increíbles, y los andamios se alabean, toca escurrir el bulto. El alboroto orquestado en torno a las opciones de salida de la UEM ha vuelto a evidenciarlo. Pese a que el documento en cuestión, de exquisita claridad, se limita a poner en negro sobre blanco hipótesis en absoluto novedosas, una vez más, la coyuntura ha sido aprovechada para devolver el debate secesionista a primera plana. El aumento de áreas políticas cuyas decisiones se tomarán por mayoría cualificada, los efectos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en un entorno recesivo, y las penurias económicas que aquejan a la mayoría de Estados Miembros, atribuidas total o parcialmente al corsé del euro, son razones que justifican, según su autor, examinar de manera explícita la exit clause contenida en el Tratado de Lisboa, tras su reciente entrada en vigor.

 

Aunque ésta había venido obviándose; a fin de eludir controversias en el proceso de integración detallando un procedimiento proceloso, de inciertas consecuencias, que alimentase su probabilidad de acaecimiento; su inclusión obedece a la necesidad de contemplar tal contingencia a modo de estrategia institucional preventiva, y como mero reconocimiento de una realidad práctica del derecho de soberanía política. Así, el artículo 50 establece que un Estado Miembro que desee retirarse de la Unión Europea deberá informar al Consejo de su intención; éste elaborará directrices para lograr un acuerdo en dicho sentido, de manera que por mayoría cualificada, y previa aprobación del Parlamento Europeo, se concluya el mismo en nombre de la UE. La retirada se haría efectiva en la fecha pactada o, en su defecto, dos años después de la notificación original. En caso de arrepentimiento una vez fuera, tocaría ponerse de nuevo a la cola para cumplir con los requisitos de admisión de cualquier otro candidato, esencialmente, los criterios de Copenhague y, para los encuentros en la tercera fase, Maastricht.

 

Teniendo en cuenta que la retirada voluntaria puede ser consensuada o unilateral, que la UME resulta obligatoria a largo plazo, excepto para quienes hubiesen negociado con anterioridad cláusulas opt-out, y puesto que la única forma de salirse del euro es mediante el abandono simultáneo de la UE, la disposición podría ser utilizada por algunos socios como elemento de coerción permanente para obtener concesiones. Free-riding. Un temor fundado también en el uso de la eurofobia, histórica o sobrevenida, por parte de fuerzas políticas interesadas en contentar a su electorado, real o potencial, con promesas independentistas, lo cual aconseja su enmienda de forma que la retirada tuviese que ser aprobada, con carácter previo, mediante referéndum local.

 

Asunto diferente sería una hipotética expulsión. Legal y conceptualmente cuestionable, el TUE permite la suspensión de ciertos derechos de un Estado Miembro por violación grave y persistente de sus obligaciones. Pero dado que el derecho de expulsión no existe como tal, que la reforma de los Tratados requiere unanimidad, y que el excluido lo sería en contra de su voluntad, esta posibilidad, de momento, es considerada inviable. Además de tratarse del proceso más complejo de todos, por cuanto afecta a bienes jurídicos vinculados a una membresía de la que se pretende privar, ya sea como remedio o como sanción, resulta contrario a la letra y el espíritu de la casa común. En cualquier caso, el informe aduce dos vías indirectas para hacerle el vacío a uno o varios de los socios: el procedimiento de cooperación reforzada, y la posibilidad de crear una "nueva Unión", en la que sólo participase la crème de la crème. Por último, se aborda una potencial euroización, es decir, la circulación del euro dentro de un territorio ex UEM, quedando relegada tal eventualidad al supuesto de una retirada negociada, para evitar un precedente de integración à la carte e incumplimiento selectivo de las disposiciones comunitarias.

 

Llegados a este punto, cabría conjeturar de manera específica respecto a España. Si hace apenas un año abordábamos su inexcusable permanencia, reitero marco teórico, contexto global, y argumentos a su favor. Pacta sunt servanda. Lo contrario sería aceptar, a priori, recibir la puntilla a cambio de premiar dejación de funciones y electoralismo de garrafón, incentivando los conflictos de interés propios de un laissez faire-laissez passer mal engendrado y peor administrado, tras décadas de corrupta partitocracia feudal. Ruina definitiva. Y ahí me planto. Las políticas devaluacionistas, además de empobrecedoras y adictivas, generan perversos efectos secundarios en forma de tolerancia cruzada con actividades productivas demasiado sensibles a los precios, destruyendo el tejido competitivo basado en estándares de calidad y generación de valor añadido. Rigideces estructurales, escasa cualificación, y caros costes sociales en relación a diferenciales de productividad, realimentan una economía abonada a bienes y servicios no-exportables, de no-mercado. Causalidad circular y acumulativa.

 

Dada la heterogeneidad de países core vs. periféricos, la observancia transitoria de la convergencia nominal precisaba el concurso de profundas modificaciones en los fundamentos reales de las regiones más atrasadas, a fin de garantizar en el futuro, de un lado, la disciplina impuesta por el PEC y, de otro, la senda de cohesión y catching-up. La difusión tecnológica a través de un espacio único aportaba golosos beneficios, aunque también elevaba los riesgos de shocks asimétricos, al partirse desde diferentes niveles que ahondarían los gaps iniciales, cuyos ajustes más inmediatos descansarían en movilidad de factores y transferencias fiscales. De ahí la importancia de la eficiente aplicación de los Fondos Estructurales y la financiación alternativa. La mejora de infraestructuras, equipamiento tecnológico, educación, y formación profesional, debía permitir incrementos de competitividad, merced a una mano de obra suficientemente especializada, productiva, capaz de redimir la permanente condena de escasa cualificación y creciente mileurismo. Capital humano, pilar de convergencia real.

 

Ahora que los desequilibrios que tanto nos afligen requieren, más que nunca, visión de largo plazo, sentido de la responsabilidad, y esfuerzo colectivo, de nada sirve imaginar escenarios ideales pero imposibles, buscándose salidas de emergencia que sólo conducen a otra generación perdida. Tal vez sea pedir demasiado. Quizá merezcamos la lección que dimos por sabida. Y, sin embargo, haciendo honor a los compromisos adquiridos, no queda otra que deconstruir esta casa torcida.