Con frecuencia podemos escuchar o leer de diversos economistas, en su mayoría de sesgo liberal radical, que el Estado es "enorme”, “mastodóntico” o que “acapara más del 50% del PIB”. Algunos de ellos llegan a afirmar, basándose en estos datos, que España es, 'de facto', un Estado socialista. Lo afirman sin el menor rubor, a pesar de que en la experiencia diaria de cualquier persona la inmensa mayoría de lo que consume transcurre en un circuito en su gran mayoría privado. Las excepciones más notables son las redes de saneamiento, la mayoría de las redes viarias o la Sanidad y Educación públicas.

Estas afirmaciones contraintuitivas de estos los economistas ultraliberales vienen de un error básico de concepto, y es que están comparando dos magnitudes totalmente diferentes. Por una parte toman el PIB, que es valor añadido, y por otra Presupuesto público. Es el mismo error que cometen muchos economistas de izquierdas cuando comparan la facturación de Apple con el PIB de Chile o de Finlandia. Lo correcto es comparar el valor añadido generado por el sector público con el PIB o el generado por Apple con el PIB de un país.

Afortunadamente, el INE elabora una detallada contabilidad de las actividades económicas en el país, el marco 'input-output', que nos da los datos reales. En 2007, último año en que los datos de Sanidad y Educación públicas aparecen desagregados en la contabilidad nacional española, las administraciones públicas (AAPP) produjeron 57.168 millones de euros de valor añadido (VAB), frente a un PIB de 1,081 billones, es decir, un 5,3%. Si a eso le añadimos la Sanidad pública (31.019 millones de VAB) y la Educación pública (aproximadamente el 80% de la educación de no mercado, ya que el resto es concertada, 25.670 millones) y otras actividades controladas por el sector público (saneamiento y cultura, 5.350 millones), tenemos que el tamaño real del sector público ese año fue de 119.207 millones, es decir, el 11% del PIB. La cifra es idéntica, por ejemplo, a la del año 2000, en que el VAB de las actividades controladas por el sector público fue de 70.865 millones y el PIB de 646.000 millones. Las cosas, a pesar de que ya no aparecen desagregados los datos de Sanidad y Educación públicas, no parecen haber cambiado mucho desde 2007.

Siguiendo con el ejemplo de Apple, el valor añadido que genera la empresa, a pesar de que es con diferencia el mayor del mundo, es sobre el 30% de la cifra de negocio y por tanto no se puede comparar con Finlandia sino con Sri Lanka o Cuba. Una cifra muy grande, desde luego, pero menos impresionante. Si tomamos por ejemplo Bayer, una empresa muy grande en ventas pero más normal en cuanto a la proporción de valor añadido que genera sobre ventas, el valor añadido se sitúa en el entorno de los 7.000 millones. La comparación en este caso sería con Haití o Nicaragua y no, si erróneamente tomamos la cifra de ventas, con Eslovenia o Bulgaria.

Es evidente que el sector público podría ser más pequeño. Podrían privatizarse las redes de saneamiento, la Educación, la Sanidad o incluso buena parte de la Administración pública. Podríamos bajar los impuestos y que los ciudadanos pagáramos por todos esos servicios. Otras actividades que no generan valor añadido, como el pago de las pensiones, podríamos también ir extinguiéndolas y que cada persona se buscara la vida haciendo una previsión para su vejez o por si un día no pudiera trabajar. Los que reclaman esto denuncian la ineficiencia de lo público y también la necesidad de que las personas sean más responsables de sus vidas. También la injusticia que supone el que se les quite a muchas personas sin su consentimiento buena parte de lo que ganan para cubrir el Presupuesto público.

Respecto a la primera queja, hay que decir que esa supuesta ineficiencia es difícil de demostrar. En la sanidad, por ejemplo, vemos cómo si esta es en su mayoría privada, como ocurre en EEUU, no solo es mucho más cara para las familias, sino que además se producen fenómenos de inseguridad y desamparo y peores cifras de morbilidad y mortalidad. Respecto a la educación, es complicado decir nada, pues no existen países que no tengan una educación pública amplia, hecho que debería hacernos reflexionar sobre por qué ocurre esto. Hay razones históricas muy importantes para ello.

Esta ofensiva de una ideología caduca y que parecía superada tiene un motivo claro, la cooptación de las instituciones democráticas por poderes económicos

Sobre el hecho de que muchas personas no están conformes con la carga impositiva que tienen y que se necesita para cubrir el Presupuesto público, resulta una queja que simplemente encubre un individualismo casi enfermizo, una falta de respeto absoluta por la democracia o bien simplemente una justificación de los intereses egoístas de personas que piensan que salen perdiendo al estar económicamente en una situación mejor que la media.

Respecto a la necesidad de que las personas sean más responsables que reclaman los ultraliberales, esta demanda responde a un concepto idealizado del ser humano como una máquina de procesar la información perfectamente racional, un concepto que proviene de la Ilustración y especialmente de Descartes. Sin embargo, como demuestran tanto la experiencia como las aplastantes pruebas empíricas de la psicología moderna, esto para nada es así. La racionalidad no es sino una capa superficial que transcurre en la conciencia humana y que oculta la mayor parte de la actividad psicológica de las personas. Si surgieron todos los sistemas de coberturas sociales, no fue más que en pequeña medida porque algunas personas pudieran tener una enorme mala suerte y quedarse desamparadas aun sin haberlo podido prever, sino porque de hecho muchas personas actúan de forma irracional a la hora de anticipar hechos que podrían pasar o hechos (como la vejez) que pasarán dentro de mucho tiempo. Ni el adoctrinamiento ni el ejemplo en cabeza ajena persuadirán a una gran cantidad de personas para que actúen como un ser perfectamente racional y previsor. Esta evidencia fue la que históricamente determinó, cuando hubo suficiente riqueza en la sociedad, que se instauraran los programas sociales y servicios públicos que conocemos.

Por otra parte, también se hizo evidente que determinados servicios de las sociedades complejas no surgían de forma espontánea por la iniciativa privada y que tenían que ser los poderes públicos los que los proveyeran. Este hecho también parecen olvidarlo los ultraliberales. Esta ofensiva de una ideología caduca y que parecía ampliamente superada, a mi modo de ver, tiene un motivo claro, y es la cooptación cada vez mayor de las instituciones democráticas por los poderes económicos. Es decir, que estos economistas solo son las correas de transmisión ideológica de la codicia sin límites de personas extremadamente poderosas que buscan una justificación ante la ciudadanía para llevar a cabo sus objetivos. Con ello están llevando a la sociedad a una situación en que todos tendremos peores servicios y más caros, tendremos más inseguridad en nuestras vidas y muchas personas se verán abocadas a una situación personal pésima sin necesidad alguna.