Subidas de impuestos: la cuadratura del círculo de Sánchez

Uno de los problemas graves con los que se va a encontrar el nuevo Gobierno es la política presupuestaria. A mi modo de ver, la principal cuestión —irresuelta desde hace décadas— con que se enfrenta Sánchez es la falta de reconocimiento que tienen los políticos de la situación real de la economía española. España ha dejado de ser un país soberano, por su pertenencia a la UE y a la eurozona en primer lugar, y, lo que es más importante, por su enorme dependencia de los mercados financieros internacionales para ir renovando su gigantesca deuda exterior.

La primera cuestión hace, como es lógico, que tengamos que cumplir con las reglas presupuestarias que exige la UE, a pesar de que temporalmente pueda existir una mayor flexibilidad, como ha pasado durante la Gran Recesión. El que esto cambie no depende de nosotros, sino básicamente de Francia y sobre todo de Alemania, y no hay ningún indicio de que vayan a modificarse las cosas en un futuro próximo. Por lo tanto, es una condición que tenemos que aceptar y que viene unida a nuestra pertenencia al club europeo, y que parece que muchos políticos españoles no acaban de asimilar.

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La segunda cuestión, mucho más trascendente, es la de la deuda externa neta, fosilizada desde hace casi una década en el entorno del billón de euros y que provocó, junto con una situación similar de Portugal y una también delicada de Italia, que el BCE tuviera que intervenir para salvar la eurozona. Los mercados financieros habían dejado de confiar en la capacidad de repago de la deuda de estas economías, lo que las llevó a una situación de quiebra técnica en el periodo 2011-2012. Pero la consecuencia de esta intervención es que los tres países hemos pasado a ser auténticos enanos políticos en política internacional, como pasa siempre a la hora de tomar decisiones en que una parte es la que debe el dinero y la otra es la acreedora.

Este es sin duda el peor legado de la expansión crediticia asociada a la burbuja inmobiliaria, en que como recordamos los bancos acudieron de forma masiva al crédito exterior con el fin de financiarla. A día de hoy, la mayoría de ese crédito se ha reconvertido en deuda pública, buena parte de ella en manos del BCE (o mejor dicho, de su filial española, el Banco de España).

La consecuencia de todo esto es que las posibilidades que existen de mejorar pensiones, prestaciones sociales, sanidad, educación, I+D o cualquier otra prestación o servicio público (más allá de la propia dinámica de crecimiento económico) mediante incrementos del gasto público no respaldados por subidas de impuestos son nulas, pues no serán consentidas en ningún caso por Europa.

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También se habla muchas veces por parte de ciertos analistas de que la estructura funcionarial en España está sobredimensionada, pero esto ni es cierto en nuestro entorno geográfico ni tampoco lo es si analizamos la evolución a lo largo del tiempo, ya que en 1996 había 12,63 millones de ocupados en España y 2,27 millones de empleados públicos, es decir, una ratio de 1:5,6, mientras que ahora tenemos 18,87 millones de ocupados y 3,11 millones de empleados públicos, una ratio de 1:6,1. Esto lo que nos dice es que la intensidad de empleo público en España es ahora bastante menor (un 10%) que en 1996, en contra de lo que suele comentarse. Sí que es cierto que ha habido privatizaciones que explicarían 200.000 empleos de esta diferencia, pero aun así la ratio seguiría siendo actualmente menor que en 1996.

Otra de las críticas que se suelen hacer es que los salarios públicos son relativamente mejores —y más si tenemos en cuenta la estabilidad del empleo y otros beneficios— que los privados, pero esto no es tanto como se suele decir, ya que las comparaciones se suelen hacer sin tener en cuenta que el nivel de cualificación de los empleados públicos es mayor en promedio que el de los empleados del sector privado.

Aun así, en el cuadro comparativo europeo los empleados públicos españoles salen bastante bien parados, como podemos ver, ya que en España los empleados públicos están en la zona de los países ricos cuando nuestros salarios en el sector privado están en la zona media dentro de la UE y en la baja en el grupo de países que componen el gráfico. Esto explica la inmensa demanda de empleo público que ha habido en España desde hace décadas, demanda que siempre supera en varias veces a la oferta y que provoca que muchas personas sacrifiquen años y años de sus vidas inmersas en un absurdo y anacrónico sistema de oposiciones. Todo un ejemplo de cómo desperdiciar el capital humano de un país.

Por esta vía, la lógica nos diría que habría posibilidades de desviar los recursos públicos a mejores fines sin subidas de impuestos, pero ningún político va a plantear esto pues supondría en primer lugar tirar piedras a su propio tejado y en segundo lugar enfrentarse al poderosísimo 'lobby' funcionarial.

En este gráfico podemos comprobar cómo no es cierto que tengamos demasiado empleo público, tampoco en una comparativa internacional. En realidad, somos de los que menos tenemos.

Pero al ser los salarios altos (para nuestras posibilidades), eso nos lleva a que nuestro gasto respecto al PIB en salarios públicos sea intermedio.

Otro de los mitos que solemos escuchar es que nuestros impuestos son bajos y que por lo tanto hay mucho margen de subida. Pero aquí una vez más los políticos se
enfrentan a problemas que no quieren afrontar, pues son impopulares. El primero es que la valoración de nuestro PIB, como he comentado en varias ocasiones desde esta
columna, hay indicios sólidos de que es de las más generosas de la UE, lo que hace que parezca que recaudamos menos en relación a nuestro PIB de lo que realmente
recaudamos, que es lo que vemos en nuestro siguiente gráfico.

Pero si abandonamos este indicador y nos vamos a otros como la carga fiscal que soporta el empleado medio, vemos que España se encuentra bastante más arriba, aunque aún en una posición media-baja. Esa diferencia se explica, a mi modo de ver, por la generosidad en la estimación de nuestro PIB. Esto lo vemos a continuación.

Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, y es que, como vemos, la forma de resolver en países de nuestro entorno el que existan unos servicios y prestaciones públicas amplios es gravando de forma fuerte las rentas medias, ya que es, en las modernas economías globalizadas, donde existe capacidad de recaudación real. Y esto ningún político lo va a reconocer, sea de izquierdas o de derechas, aunque luego cuando Europa nos aprieta las tuercas actúen de acuerdo a esta realidad, como se vio con las sucesivas subidas de IVA e IRPF que padecimos.

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Por eso Sánchez está intentando la cuadratura del círculo. Sus subidas de impuestos a la banca y grandes empresas no van a valer para que paguen más los que más tienen, ya que estas empresas tienen control sobre sus mercados y repercutirán esto íntegramente en los clientes. Es decir, en nosotros. Solo se ve capacidad recaudatoria, aunque limitada, en la subida del impuesto al diésel, pero esto es una medida que, aunque buena ambientalmente, es muy regresiva. El aumento del IRPF a las rentas de más de 120.000 euros se repercutirá de forma previsible sobre el consumidor final, ya que estos salarios se dan sobre todo en grandes empresas con buen control sobre sus mercados, y lo que podemos esperar es que los salarios de los altos ejecutivos suban para igualar el aumento del IRPF y en consecuencia que las empresas suban precios para compensarlo.

En el fondo, nuestros políticos están topando con la mentalidad del votante medio español, que quiere buenos servicios y prestaciones públicos pero siempre y cuando los pague otro, y eso evidentemente no puede pasar porque el otro piensa exactamente igual. Al fin y al cabo volvemos a ver, como en tantos aspectos de la convivencia en España, que faltan sentido de la realidad, formación democrática, generosidad y sobre todo un sentido de pertenencia a una comunidad.