¿Es un disparate subir el salario mínimo a 1.200 euros?

Después de la subida del salario mínimo en España hasta 900 euros, que sucedió el pasado 1 de enero, ahora Unidas Podemos (UP) en su programa electoral propone una subida de este hasta 1.200 euros. Alberto Garzón ha ido más allá y ha propuesto que se llegue hasta los 1.300 euros. Además, en el programa de UP se propone una reducción de la jornada laboral hasta las 34 horas, lo cual supondría una elevación adicional de los costes laborales horarios (esta vez, lineal para todos los trabajadores) de un 15% adicional.

Han surgido muchas voces alertando del peligro que podría suponer esta subida drástica de los salarios, siendo mencionados como más importantes la elevación del paro, la subida de precios y el deterioro de la balanza exterior. Por su parte, los proponentes han defendido que supondría una mejora en el crecimiento y una reducción de la desigualdad.

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Sorprende que casi nadie se haya preocupado de cuantificar los efectos reales de estas medidas, algo sin lo que todo lo que se diga es hablar por hablar. Esto es lo que vamos a ver en esta columna.

Comenzaré por el análisis de la medida más importante, que es la reducción de la jornada laboral a 34 horas. Se trata de una medida de mucho calado, ya que supone reducir un 15% la jornada laboral y por lo tanto aumentar un 15% los costes laborales por hora trabajada. Aunque se propone implantar la medida de forma progresiva, para evitar un 'shock' en la economía, a mi modo de ver finalmente la medida supondría una elevación del nivel de precios y un deterioro de la balanza por cuenta corriente que finalmente conduciría a una reducción del nivel de empleo. Pasamos a cuantificar estos efectos.

Como la parte correspondiente a las rentas de los asalariados, dentro de la composición del PIB, supone el 47% de este, entendemos que esa elevación de los salarios reales de un 15% llevaría a una subida del 7%, aproximadamente, en la renta nacional. No obstante, dado que veríamos un efecto de sustitución entre capital y trabajo, y a la vista de los datos conocidos, podemos estimar que esa subida quedaría en el entorno del 80% de ese valor, es decir, aproximadamente el 5,5%. Esa sería la elevación prevista del nivel de precios, sin tener en cuenta otros parámetros como la menor propensión a ahorrar que se da entre los niveles salariales bajos. Sin embargo, como la tasa de ahorro general de los hogares españoles es baja, tampoco parece que este pudiera ser un efecto muy importante.

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Pero lo importante no sería tanto la subida del nivel general de precios como su repercusión en los costes de producción para las empresas exportadoras. Dado que la mayoría de la exportación española es industrial y que los costes laborales suponen como promedio en la industria española el 8% de los costes generales (frente a, por ejemplo, el 40% en el comercio minorista), su repercusión en los costes de producción sería más baja que la que veríamos en el nivel general de precios del país. Tenemos que contar también con la elevación del nivel de precios en los servicios auxiliares, que suponen aproximadamente otro 8% de costes, con lo que la subida de los costes de producción en la industria exportadora sería de alrededor del 1,5%, contando el efecto de sustitución entre capital y trabajo antes mencionado.

Puesto que la elasticidad-precio a largo plazo de las exportaciones españolas de bienes (aun con la incertidumbre existente) es -0,6, según el Banco de España (BdE), podemos estimar que la medida de reducción de la jornada laboral propuesta por UP supondría una disminución de las exportaciones en el entorno del 1%, con un deterioro asociado para el sector exterior de 0,2 puntos del PIB. En cuanto a los servicios, la repercusión sería mayor, ya que la subida de precios, al ser un sector mucho más intensivo en mano de obra, supondría una elevación de precios en el entorno del 6%. Dada una elasticidad-precio de -0,7, según el BdE, eso supondría una reducción de las exportaciones de servicios de algo más del 4%, con un deterioro asociado de la balanza por cuenta corriente de 0,4 puntos del PIB.

Por otra parte, la subida de las importaciones, asociada a la elevación de las rentas salariales, provocaría un incremento de estas (con una elasticidad-renta, según el BdE, de 2) de aproximadamente el 11%, provocando un deterioro de la balanza por cuenta corriente de algo más de 3,5 puntos del PIB.

Por lo tanto, sumando el efecto sobre exportaciones e importaciones, veríamos un deterioro en la balanza por cuenta corriente de algo más de cuatro puntos del PIB. Esto provocaría de forma inevitable, en el medio plazo, la imposición de medidas de constricción de la demanda por parte de la UE, pues recordemos que la eurozona, desde los pactos de 2011-2012, se mantiene, de forma tácita, con el compromiso de que no existan países que presenten déficits persistentes en la balanza por cuenta corriente. Esa corrección requeriría una contracción de la demanda equivalente al 8% del PIB en el largo plazo, lo que supondría una fuerte bajada en los niveles de empleo de equilibrio de la economía española de aproximadamente 1,5 millones de trabajadores.

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Con una moneda propia, esta medida de rebaja de la jornada laboral que propone Unidas Podemos tendría efectos netos positivos sobre la distribución de la renta, ya que reduciría 'de facto' la oferta de trabajo y desplazaría la curva de equilibrio hacia las rentas de este a costa de las rentas del capital; otro efecto importante sería una pérdida de poder adquisitivo en general en todo el país, por la pérdida de valor de la moneda, por lo que el efecto neto sobre el PIB de equilibrio sería levemente beneficioso por el efecto de sustitución entre capital y trabajo. Pero en el contexto de ausencia de moneda propia, no se comprende que un partido que se define como partidario de reducir la desigualdad abogue por una medida que la aumentaría, pues generaría un fuerte número de desempleados que tendrían rentas muy bajas. Además, este aumento del paro restaría capacidad de negociación a los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales, algo habitual en entornos de alto desempleo, lo que aumentaría aún más la desigualdad.

Analicemos ahora los efectos de la subida del salario mínimo. La encuesta de estructura salarial, publicada por el INE, nos informa (véase el gráfico), de un modo relativamente exacto, de cuántos trabajadores se verían afectados por esta subida: serían, en el caso de la subida de 1.200 euros propuesta por Unidas Podemos, de aproximadamente un 26%, frente a un 30% en el caso de la propuesta de Garzón. Como vemos, pues, una proporción muy importante de los asalariados del país. En su conjunto, se puede estimar su repercusión anual en unos 9.000 millones de euros de aumento en las rentas salariales, lo que provocaría dos efectos. El primero es un incremento de los costes de producción para las empresas, que causaría una elevación del nivel general de precios en el entorno del 1%. La repercusión sobre las exportaciones, cuantificada del mismo modo que en el caso de la reducción de la jornada laboral, sería casi testimonial en el caso de los bienes, ya que los salarios en la industria, según la encuesta de costes laborales, son un 19% mayores que en el conjunto de la economía, luego eso quiere decir que los trabajadores afectados por la subida del salario mínimo en ese sector serían alrededor del 10%. Esto, unido a los factores mencionados anteriormente, haría que las subidas de costes en la industria fueran muy bajas.

La situación en los servicios sería mucho peor, ya que los salarios son menores y el peso de los salarios en los costes está en promedio alrededor del 35%. Esto haría que la exportación de servicios (incluido turismo) se viera afectada con una reducción de la demanda en el entorno del 1%, lo que causaría un deterioro en la balanza por cuenta corriente algo superior al 0,1%.

El segundo efecto que provocaría el incremento de las rentas salariales sería sobre las importaciones. En este caso, el deterioro del sector exterior que causaría el aumento de las importaciones debido a la subida de las rentas salariales sería de algo más de 1,5 puntos del PIB.

Como en el caso anterior, es ilusorio suponer que en el marco del euro Bruselas no tomara medidas contra esta situación, que ocasionaría una destrucción de empleo que podríamos cifrar en algo más de medio millón de puestos de trabajo.

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Es cierto que se produciría un estrechamiento de las bandas salariales, reduciendo por tanto la desigualdad entre los trabajadores mejor y peor pagados, pero también es cierto que la disminución del nivel de empleo de equilibrio que puede soportar la economía española provocada por esta medida tendría el efecto contrario, por lo que no parece que el efecto final sobre la desigualdad pueda ser perceptible.

Tampoco, en ninguno de los dos casos (subida del salario mínimo y reducción de la jornada laboral), parece que pueda haber un efecto neto sobre el PIB, como reclama Unidas Podemos. Si bien es cierto que este efecto sí que se produciría a corto plazo por el aumento de la demanda, a medio plazo las inevitables medidas contractivas impuestas desde Bruselas para volver a equilibrar el sector exterior harían que volviéramos a una situación incluso algo peor a la de partida, por el deterioro inducido en la competitividad, especialmente, de la medida de reducción de la jornada laboral.

En conclusión, es muy preocupante que UP no parezca comprender que el problema del bajo nivel de empleo y reducidos salarios de la economía española responde a dos factores. El primero es una situación heredada de la transición política sucedida a la muerte de Franco en que los cambios en las leyes laborales y la presión sindical ocasionaron subidas salariales y mucha inflexibilidad en los salarios. Eso hizo que mejorara la situación de los trabajadores que tenían empleo, pero a su vez redujo el nivel de empleo que la economía española era capaz de soportar sin entrar en una crisis de la balanza de pagos. El segundo es el bajo nivel de inversión —especialmente centrado en la alta tecnología— que existe en España y que hace que la productividad, y por tanto, en buena medida, los salarios de nuestra fuerza de trabajo, sea crónicamente baja. Solo unas inteligentes y muy costosas inversiones (públicas y privadas) en I+D pueden, en última instancia, garantizar mejoras sostenibles en los salarios.

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Aunque medidas como las reformas laborales impuestas desde Bruselas han demostrado ser capaces de algún modo de reducir en términos reales los salarios y por tanto aumentar el nivel de empleo y el PIB de equilibrio de nuestra economía, es evidente que no sirven ni para reducir la desigualdad ni para mejorar el nivel de vida medio de los asalariados a largo plazo.

Muchos echamos de menos el que haya una izquierda con los pies en el suelo en materia económica, que deje de fantasear con medidas basadas en economía-vudú y que proponga políticas económicas que realmente conduzcan a mejorar el nivel de vida de los más desfavorecidos. Pero, por lo que se ve, esa izquierda está todavía por llegar.