El camino hacia una sociedad más igualitaria (V): pensiones
Las pensiones públicas cumplen un papel fundamental pero el sistema español debe ser mejorado
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Posiblemente no haya tema más espinoso y difícil de tratar de una manera racional en la España actual que el sistema de pensiones. Que el sistema actual de financiación ha quedado obsoleto es evidente, como demuestra el abultadísimo déficit que año tras año sufre la Seguridad Social (casi 400 euros por habitante en España), pero el camino que se debe seguir está siendo objeto de un intenso debate, que va desde propuestas de privatización hechas desde Vox hasta propuestas de reforzar la financiación y mejorar las pensiones que hace Unidas Podemos.
Se escucha frecuentemente que las pensiones españolas son excesivamente generosas, pero para ver si es así lo mejor es acudir a los datos. En el primer gráfico vemos que el porcentaje de PIB que España dedica a pensiones no es alto dentro de lo que es el contexto europeo, situándose en 2017 por debajo de la media de la Eurozona y, entre los países la Europa más rica, solo por encima de Alemania, Reino Unido, Suecia y Noruega. Para el gráfico he elegido normalizar el gasto en pensiones como porcentaje del PIB en función del porcentaje de población mayor de 65 años, lo que no cambia demasiado la situación ya que toda la UE está muy envejecida y España tampoco destaca especialmente en este aspecto. Por lo tanto los datos desmontan totalmente la tesis de que en España las pensiones son excesivamente generosas dentro de lo que es el contexto europeo, ya que nos encontramos literalmente en la media.
El sistema público de pensiones supone un elemento crucial en la reducción de la desigualdad, como se ve claramente en el siguiente gráfico, que representa la desigualdad en una serie de países de la OCDE antes y después de impuestos y transferencias. Las grandes diferencias en el grado de redistribución se explican por varios factores, como son la presión fiscal, su progresividad, el tamaño del sector público, su estructura salarial, el tamaño del sistema público de pensiones, la estructura de este y otras políticas sociales. Dada la enorme cantidad de dinero que se maneja en el sistema público de pensiones en muchos países, este resulta uno de los factores clave. Se pueden consultar los datos completos aquí.
Como se ve en el gráfico, España es uno de los países de la OCDE con mayor desigualdad de mercado, algo que se explica fundamentalmente, aunque no solo, por sus elevadísimos niveles de desempleo. Como expliqué en el primer artículo de esta serie dedicada a la desigualdad, este es el factor fundamental que provoca esta situación, por lo que la reducción de este debería ser siempre la prioridad para cualquier política económica que persiga mejorar el bienestar de la población y la desigualdad. Como vemos también, la capacidad para reducir esta desigualdad de mercado que existe en España es intermedia (está en la media de 32 países de la OCDE), pues la reduce en algo más del 25%.
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Existe mucho margen de mejora, pues en muchos países de Europa esta reducción es mayor, siendo, entre los países de nuestro entorno, el máximo en Irlanda (40%) y el mínimo en el Reino Unido (algo menos del 25%). Incluso en un país como Alemania, con un sistema público de pensiones menos generoso que el español, se consigue realizar una mayor reducción de la desigualdad que en España. En el gráfico destacan también casos como Chile, con un sistema privado de pensiones y en el que la reducción de la desigualdad impulsada por el sector público es muy pequeña (5%). Esta situación se repite en países donde el sistema público de pensiones es rudimentario, como México.
Sin embargo, es parcialmente falso, como se dice habitualmente, que la mayor desigualdad existente en España en los últimos años se deba sobre todo a la austeridad impulsada por los diferentes gobiernos (que en todo caso algo ha contribuido), pues como se ve en el gráfico el sector público ahora contribuye más a la reducción de la desigualdad que hace 15 años. El factor fundamental, como he dicho antes, ha sido la destrucción de empleo provocada por la crisis.
España ha sido uno de los países donde mejor ha evolucionado la contribución del sector público a la reducción de la desigualdad, lo que se ha debido sin duda a las reformas fiscales impulsadas en la última década que, salvo la última auspiciada por el Gobierno de Rajoy, han acabado siendo más progresivas. Esto sin embargo no ha sido suficiente como para contrarrestar la gran influencia provocada por la enorme destrucción de empleo del período 2008-2013. Como se ve, este efecto se dio también en países que tuvieron agresivas reformas impulsadas en última instancia por la presión europea para reducir el déficit público, como Grecia y Portugal. Un efecto paradójico de esta presión tan grande que sufrimos.
En el siguiente gráfico queda más claro cómo ha sido el aumento de la desigualdad de mercado el principal responsable del aumento de la desigualdad en España en los últimos años, siendo los dos países donde con más dureza golpeó la crisis y más aumentó el paro (España y Grecia) donde más se incrementó esta desigualdad de mercado. En estos gráficos aún se reflejan poco los efectos de las sucesivas reformas laborales, que sin duda han contribuido a atenuar el efecto reductor de la desigualdad que la fuerte disminución del desempleo de estos últimos años ha tenido. Esto requiere una explicación más amplia y una serie de medidas en materia de política laboral que explicaré en otro artículo.
Las pensiones públicas juegan, pues, un papel clave en la reducción de la desigualdad, con toda la serie de efectos beneficiosos que tal reducción tiene sobre la sociedad en general, por lo que de cara al futuro es fundamental reforzar y mejorar este sistema. En primer lugar hay que dejar claro que el sistema en modo alguno es insostenible, como se repite con frecuencia, pues España se encuentra en la media de los países de nuestro entorno en cuanto al porcentaje de la riqueza nacional que se dedica a pensiones públicas. Lo que hay es una crisis del sistema de financiación de las pensiones, que está causado por el cambio demográfico y en la esperanza de vida, y que por lo tanto debe ser adaptado en consecuencia.
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Recordemos que la motivación de que existan pensiones de jubilación es doble. Por una parte está el reconocimiento de que las personas según cumplen años van perdiendo la capacidad para realizar un trabajo, y por otro es un reconocimiento de un derecho a un descanso de las obligaciones del trabajo en el tramo final de la vida. Como vemos en este gráfico de Eurostat, en España la edad esperada en que una persona empezará a estar limitada por motivos de salud coincide bastante bien con la edad de jubilación.
Aunque es un hecho que el incremento de la población mayor de 65 años y su mayor esperanza de vida, más los avances de la medicina con el consiguiente incremento de tratamientos médicos, suponen una carga mayor sobre la población trabajadora, también es cierto que la decisión de qué población se debe considerar pasiva y cuáles son las condiciones mínimas que debe tener esta población son decisiones que deben ser tomadas por el conjunto de la sociedad de la forma más democrática posible.
El sistema público de pensiones garantiza a la población jubilada una renta que es aproximadamente dos tercios de la renta nacional, y no parece que haya grandes quejas sobre este consenso. Tampoco, con los números en la mano, es previsible que haya grandes problemas como nos dicen a veces, salvo que una fuerte y persistente crisis económica haga caer mucho los ingresos públicos como se vio durante el período 2008-2013. De hecho, el déficit del sistema de pensiones se ha estabilizado en los últimos años en el entorno del 1,5% del PIB debido a la fuerte creación de empleo.
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Otro posible problema en cuanto a la financiación de las pensiones podría venir de la mano de grandes aumentos en la esperanza de vida, pero, por desgracia, se está viendo que el persistente incremento de esta visto en los últimos siglos (y especialmente en los últimos 150 años) parece estar frenándose, siendo controvertidos los factores detrás de este hecho. Existen varias hipótesis al respecto, y las más aceptadas son los cambios en el estilo de vida (aumento de la obesidad, cambios en la alimentación y actividad física), el menor progreso de la medicina (los grandes descubrimientos ya se han hecho) y que posiblemente estemos alcanzando los límites biológicos de la longevidad de nuestra especie. Por tanto este problema no es probable que se plantee en el futuro, y el aumento de la población anciana dependiente va a venir más por la llegada de los 'baby boomers' a la edad de jubilación que por otra cosa.
Esto también va a ser un fenómeno transitorio y de poco más de tres décadas de duración, pues el máximo número de nacimientos se dio en España en 1974 (jubilación en 2041 según la ley actual) y ya en 1983 el número de nacimientos fue poco mayor del actual (jubilación en 2050). Por tanto, el grueso del aumento de la población jubilada se dará desde ahora hasta aproximadamente 2045. Luego empezará otra vez a disminuir la proporción de población jubilada de forma bastante rápida. Esta situación demográfica que se dará desde ahora mismo hasta dentro de unos 35 años será sin duda alguna una obligación grande para el resto de la población, pero en modo alguno se puede decir que no se pueda financiar ni que sea una situación injusta para la población no jubilada siempre y cuando la economía no entre en un declive persistente.
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Un último tema que no se puede dejar de tratar es cuál es la situación dentro de la propia población jubilada. Desgraciadamente, y siendo un sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional, en mi opinión el sistema público de pensiones español se caracteriza por una desigualdad que debería ser mejorada. El índice de Gini de las pensiones es muy elevado (27), lo que indica que existen muchas pensiones muy bajas y un número relativamente elevado de pensiones bastante más altas. En concreto, tenemos más de seis millones de jubilados cobrando menos del salario mínimo (900 euros). Esto son dos de cada tres jubilados. Por otra parte, tenemos algo más de un millón de jubilados cobrando más de 2.000 euros al mes, que es además un 60% más que el salario más frecuente en España.
En mi opinión debería hacerse una reforma importante del sistema de pensiones en España para que fuera mucho más equitativo, reconociendo que es un sistema de solidaridad intergeneracional y que se dirigiera hacia una subida de las pensiones más bajas con el fin de minimizar las numerosas situaciones de ancianos (y sobre todo ancianas) pobres. Esto debería acompasarse con una bajada en las más altas con el fin de dedicar estos ingresos a los jubilados más pobres. Dado que el sistema no estaba planteado de esta forma, la reforma debería hacerse de una manera progresiva para que los trabajadores con ingresos más altos puedan anticiparse a esta situación. Pero no cabe duda de que esta sería una reforma altamente beneficiosa para reducir la desigualdad dentro de nuestra sociedad.
En el próximo artículo hablaré del sector público, de su papel en la creación de empleo y del papel de los salarios que paga el sector público en la desigualdad.
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