Demandas de los agricultores: qué ocurre realmente y cómo se podría resolver

¿Hasta qué punto tienen razón los agricultores? ¿Son razonables las soluciones que proponen?

Foto: Concentración para protestar por los precios del sector. (EFE)
Concentración para protestar por los precios del sector. (EFE)
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En estos últimos días, hemos asistido a movilizaciones masivas por parte de los agricultores, que se quejan de recibir precios injustos por sus productos. Hemos asistido también a cargas policiales y a manifestaciones de algunos políticos próximos al Gobierno que han reclamado controles de precios, sentido en el que se dirigen también las demandas de los agricultores.

En este artículo, haré una revisión de lo que se sabe realmente a día de hoy sobre los comportamientos abusivos por parte de mayoristas y detallistas en el mercado de los alimentos. Este tipo de comportamientos, cuando se producen, daña los intereses de los productores (que es lo que dicen los agricultores) y/o de los consumidores, en forma de precios más altos. También haré una revisión de las soluciones que pueden aplicarse para corregir esta situación, a la vista de las características del mercado y de la legislación europea.

Demandas de los agricultores: qué ocurre realmente y cómo se podría resolver

Hay multitud de trabajos académicos realizados en este sentido, dada la importancia del mercado alimentario. La inmensa mayoría de ellos llegan a conclusiones muy similares. Por ejemplo, en este trabajo se encontró que si bien los precios de la leche terminaban ajustándose cuando los costes de producción aumentaban, esto ocurría con mucha más lentitud, lo que llevaba a que los ganaderos tuvieran que soportar bajos márgenes durante periodos prolongados de tiempo, algo que no sucedía cuando una situación similar ocurría entre los distribuidores, que ajustaban rápidamente los precios. Esto se debe a la atomización y falta de organización del sector.

El mismo efecto encontró este trabajo en el mercado de la carne de cordero, donde la distribución se beneficiaba de cualquier cambio de condiciones a costa de los productores, tanto si el cambio era negativo como positivo. Este efecto también ha sido observado en España en el tomate (ver aquí) y por parte de la OCDE de forma generalizada a nivel internacional (ver aquí), aunque el trabajo de la OCDE hace énfasis en que existen ciertas limitaciones empíricas al respecto.

Sin embargo, esto no nos dice nada de si existe un abuso de poder a largo plazo haciendo que los mercados no alcancen su equilibrio de mercado teórico por parte de la distribución alimentaria. Esta distribución está obviamente mucho más concentrada que la producción, sobre todo teniendo en cuenta que los grandes actores de la venta minorista (Mercadona, Carrefour, DIA, Alcampo, Aldi…) actúan muchas veces integrando los dos estratos (mayorista y minorista).

Ya hace unos años (ver aquí) se avisaba de que si bien el proceso de concentración del sector minorista en la alimentación había beneficiado en principio al consumidor, ello podría desembocar finalmente en falta de competencia y en la adopción de comportamientos de tipo oligopólico y oligopsónico por parte del sector.

De lo que se quejan los agricultores realmente es de esa conducta de tipo oligopsónico, en que unos pocos y muy poderosos compradores les estarían imponiendo unos precios abusivamente bajos. En toda Europa, se ha estudiado este posible fenómeno por la gravedad de sus implicaciones en un sector tan importante como el de la alimentación humana, y se han encontrado fuertes evidencias de su existencia en Alemania (ver aquí), con índices de Lerner (que mide el control sobre el mercado por parte de una empresa) entre 0,5 y 11% sobre el precio final de las carnes de porcino y vacuno. Este efecto también ha sido observado en numerosos sectores de la agroalimentación en España (ver aquí) y en Francia (ver aquí).

En este trabajo, bastante reciente, se observó un cierto control de mercado en todos los sectores analizados en la Unión Europea (carne, harinas, leche y frutas y verduras), aunque en general el nivel de colusión que se encontró en los mercados era relativamente modesto, excepto en el caso de la carne, en que era algo mayor. En el caso concreto de España, se ve una posición intermedia entre los países de Europa y, en lo que atañe a las frutas y verduras, que han sido los ejemplos puestos por los políticos en estos últimos días, tampoco se detecta un control excesivamente grande de precios en el mercado por parte de los comercializadores, aunque en todo caso los mercados distan de manifestar un comportamiento perfecto.

Estos hallazgos han sido reproducidos en otros trabajos como este para el caso de la comercialización de la leche, encontrándose un cierto control de precios por parte de los comercializadores. En este trabajo también se encontró que España ocupa una posición intermedia en el contexto europeo. De forma muy interesante, este trabajo encontró que la abolición de las cuotas lácteas otorgó más poder a los distribuidores de leche. Finalmente, este trabajo encontró en España evidencias de colusión y de control de precios por parte de mayoristas y detallistas. La herramienta matemática desarrollada permite detectar fácilmente comportamientos de manipulación de precios. El trabajo concluía que, dada la enorme volatilidad de estos mercados, las medidas regulatorias de precios son muy difíciles de implementar.

Esto nos debe hacer reflexionar sobre la posible eficiencia de las medidas reclamadas tanto por agricultores como por algunos líderes políticos de Podemos, como Irene de Miguel, en el sentido de controlar los precios. Estas prácticas no solo es muy dudoso que se pudieran implementar en el marco de la política agraria común, pues serían probablemente prohibidas, al considerarse una subvención encubierta, sino que, además, como destaca el trabajo anterior, serían políticas casi imposibles de implementar por las razones dichas.

Sin embargo, esto no quiere decir que se deba renunciar a controlar estos comportamientos inadmisibles por parte de ciertas empresas y que dañan seriamente tanto a productores como al consumidor. Existen herramientas útiles y que deben ser utilizadas por los poderes públicos. Entre ellas, está la regulación anti-trust que, como destaca este artículo, fue eficaz por ejemplo en el conocido caso de la colusión en el mercado de la pasta italiano para evitar este tipo de amaños en los mercados.

En este sentido, existen herramientas econométricas como las expuestas en el trabajo anteriormente mencionado o las desarrolladas por Peltzman a principios de siglo que deberían ser utilizadas para sancionar severamente a las empresas infractoras por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia, que existe precisamente para eso. En esa dirección deberían dirigirse las demandas de los agricultores y debería moverse el Gobierno, y no reclamar medidas que, aunque puedan parecer posibles, no lo son en absoluto. Aunque es evidente que las quejas de los agricultores son justas, hay que evitar a toda costa el caer en la tentación de las soluciones aparentemente fáciles pero que en realidad distan mucho de ser así, y en su lugar aplicar soluciones que son conocidas y que ya han demostrado su eficacia.

No me gustaría, sin embargo, terminar este artículo con un llamamiento tanto a los agricultores como al Gobierno en el sentido de que abandonen estrategias de comunicación alarmistas, pues no tiene ningún sentido exponer que los precios de las frutas y verduras frescas se multiplican por cuatro o por seis desde el productor al consumidor. Eso es, efectivamente, un hecho, y como tal lo expone el Ministerio de Agricultura en sus estadísticas oficiales hace muchos años. Pero ¿quiere eso decir algo sobre si hay comportamientos abusivos en algún punto de la cadena o sobre si estos son más o menos graves? Realmente nada.

Como hemos visto, existen evidencias de que sí que existen estos comportamientos abusivos, pero desde luego no alcanzan ni mucho menos la magnitud que parece insinuar esta estrategia comunicativa. Para resolver un problema, no es necesario exagerarlo cuando ya de por sí es inadmisible, pues eso solo sirve para causar el desprestigio de quien está ejerciendo su derecho a denunciar a quien se comporta de forma abusiva. Tampoco sirve de nada proponer soluciones impracticables cuando ya existen mecanismos para evitar el abuso de poder.

Por otra parte, aun implementando las políticas adecuadas para castigar a quienes tratan de capturar rentas que legítimamente no les corresponden, hay que decir que eso no quiere decir que los agricultores —y ganaderos— vayan a obtener en todo caso un beneficio satisfactorio por la venta de sus productos. Los mercados de productos alimentarios son mundiales, y asistimos al enfrentamiento entre una ideología globalista, que entiende que debe primar la libertad de mercado y que esta asignará de forma eficiente la producción de cada alimento a cada área geográfica, con la realidad de agentes económicos muy poderosos que interfieren en este supuesto mundo ideal de mercados mundiales en equilibrio perfecto y con intereses geoestratégicos, que entienden que la producción de alimentos no puede depender de unos flujos comerciales que en caso de conflicto pueden verse alterados causando disrupciones en el suministro de alimentos. En ese complejo escenario, se mueven nuestros agricultores y ganaderos, peones en un gran juego en el que a veces pueden ser la pieza sacrificada.

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