Los presupuestos del Estado residual

Los Presupuestos Generales del Estado, sobre todo en la versión consolidada que incluye el gasto de la Seguridad Social, parecen tener una dimensión y, por tanto, una capacidad de actuación formidables. En 2010, el gasto consolidado previsto será de 330 471 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a una tercera parte del PIB. Sin embargo, esta primera impresión resulta totalmente engañosa. En realidad, detrás de esas grandes cifras lo que subyace es un Estado residual, que ha ido entregando su capacidad de articular políticas comunes.

Ha de tenerse en cuenta que la mayor parte de ese gasto está previamente comprometido, por lo que no otorga ninguna capacidad de actuación discrecional. Se trata de transferencias obligatorias, en las que el Estado sólo hace de intermediario entre los ingresos públicos y los destinatarios últimos que realmente los gastan. Así, 108 282 millones se gastan en pagar las pensiones de la Seguridad Social, 30 612 millones se destinan a las prestaciones y subsidios de desempleo de los parados, otros 83 595 millones se van en transferencias a otras administraciones (53 632 a las Comunidades Autónomas, 17 760 a las corporaciones locales y 12 202 a la Unión Europea) y 23 267 millones corresponden a los pagos de intereses de la deuda pública. Una vez hechos todos estos ajustes, lo que le queda a los ministerios de la Administración Central para realizar políticas activas, tras deducir los 27 572 de gastos de personal, equivale aproximadamente a sólo un 5% del PIB. El “Estado residual” resultante ha quedado ya reducido a la impotencia en áreas trascendentales. Por ejemplo, nos encontramos con partidas como la del Ministerio de Educación, sobre las que aún se mantiene el ritual de analizar si suben o bajan, cuando su cuantía total es ridícula (3 088 millones, la vigésima parte de un gasto educativo que controlan las Comunidades Autónomas en un 95%). Incluso la única partida activa de cierta influencia que quedaba, el gasto en infraestructuras, está siendo preasignada regionalmente en los nuevos Estatutos.

Este proceso autodestructivo del Estado, iniciado hace décadas, todavía continúa hoy (pese a lo escaso del camino que falta por recorrer). Recientemente se ha aprobado una reforma de la financiación autonómica (excelentemente analizada por el profesor Ángel de la Fuente) que concederá 11 000 millones de euros adicionales a las Comunidades Autónomas. Tales recursos son cedidos por una Administración Central que padece una situación presupuestaria propia insostenible. La reforma afecta ya al presupuesto de 2010: de los escasos 6 500 millones adicionales que se espera recaude la subida de impuestos, 2 000 serán para las Comunidades y 800 para los Ayuntamientos, dejando únicamente 3 700 en manos de la Administración Central. 

Otro ejemplo del voluntario vaciamiento del Estado, que empeora su mala situación para mejorar la de las Comunidades, es el de la liquidación en 2010 de los anticipos del Fondo de Suficiencia en 2008. Debería llevar a que las Comunidades devolviesen a la Administración Central 7 313 millones que recibieron de más, pero la devolución se ha pospuesto (en principio) hasta 2011.

Es más, incluso para lograr la aprobación de estos Presupuestos de 2010 se ha pagado el peaje de seguir avanzando en la dirección centrifugadora. El PNV ha condicionado sus votos al blindaje del concierto, que ha logrado. Un concierto que da lugar a un cupo mal calculado, opaco y discriminatorio.

La dirección correcta parece exactamente la contraria. Al calor de los ingresos impositivos que, de forma excepcional, proporcionaba la burbuja inmobiliaria, se ha construido un aparato burocrático (central, regional y local) que genera un gasto público imposible de mantener con unos ingresos normales. Por ello, el déficit público español tiene un carácter estructural y no desaparecerá de manera automática cuando la recesión finalice. Los superávit temporales de la Seguridad Social, otro de los elementos que permitía enmascarar lo que estaba sucediendo, están también a punto de desaparecer.

La única solución consiste en afrontar una de las reformas estructurales que la economía española tiene pendientes y a menudo se olvida: el rediseño del llamado “Estado de las Autonomías”. Hay que evaluar sin prejuicios qué ha funcionado bien y qué ha funcionado mal para los intereses de los ciudadanos en todas las administraciones. Han de redistribuirse las competencias donde esto suponga una mejora. Ha de elaborarse un plan de sostenibilidad de las finanzas públicas que vincule a todas las administraciones, pues hoy en día es imposible controlar el gasto público, el déficit o la deuda sin involucrar a las administraciones regionales. Éstas, además, han de coordinarse entre sí y con la Administración Central. El actual modelo sólo puede durar mientras sea posible seguir endeudándose. Conviene reformarlo ahora, cuando aún se pueden evitar escenarios peores, en vez de tener que hacerlo obligados por las circunstancias.