La necesaria reforma de las cajas de ahorro

Las Cajas de Ahorro presentan una tasa de morosidad considerablemente más alta que la de los bancos. Ello se debe, en parte, a que se incorporaron (con tanto entusiasmo como falta de visión) a la financiación de la burbuja inmobiliaria cuando ésta agotaba ya su recorrido. Se calcula que hasta un 60% de sus créditos pueden estar ligados al sector inmobiliario (en forma de hipotecas a las familias, préstamos a promotoras, a constructoras, a inmobiliarias…). Pero el elevado número de créditos fallidos no sólo se debe a que se hayan tomado decisiones empresariales equivocadas, ni a los efectos de la crisis. La financiación de proyectos regionales disparatados (como el aeropuerto de Ciudad Real) o la concesión de créditos arriesgados a empresarios afines al poder político (20 de ellos debían 3 000 millones de euros a la CCM) también tienen que ver con lo sucedido.

 

Además, estas entidades han sido utilizadas como instrumentos políticos en operaciones empresariales que han perturbado sectores estratégicos de la economía española (recuérdese la historia de La Caixa, Gas Natural y la OPA sobre Endesa). Dicho de otra manera, las interferencias políticas en la gestión de las Cajas están en el origen de los problemas que padecen estas entidades, así como de los que ellas han provocado al conjunto de la sociedad. Entre estos últimos habría que contabilizar no sólo el previsiblemente alto coste de rescatar a las Cajas en apuros, sino también el recorte en la concesión de créditos a familias y empresas que, según los datos del Banco de España, ha sido mucho más acusado que en el caso de los bancos.

La politización, que explica en parte el problema en que se han convertido las Cajas, dificulta asimismo las soluciones. Las Cajas y las Comunidades que las controlan son muy reacias, por ejemplo, a permitir las fusiones entre entidades de diferentes territorios, pese a que sean convenientes desde un punto de vista económico, por miedo a ver así diluida su capacidad de control.

No cabe ignorar que la sociedad española valora positivamente algunos rasgos de estas entidades, como la obra social que realizan con una parte de sus beneficios, la dinamización económica que favorecen en las zonas en las que operan, el que eviten la exclusión financiera entre algunos grupos o la mayor competencia que permiten en el sector financiero, que disminuiría si cayesen en manos de los bancos.

Pero, si cuestionar la naturaleza jurídica de las Cajas o su obra social suscita controversias, existe sin embargo un amplio consenso social sobre la necesidad de despolitizar sus órganos rectores, que son los de la mitad del sistema crediticio español, para amoldarlos a los principios del buen gobierno corporativo.

La situación actual se basa esencialmente en la LORCA (Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro). Dicha Ley establece un marco general, que deja un margen de actuación a las leyes autonómicas que la desarrollan. A estas normas han de amoldarse, a su vez, los Estatutos de cada Caja. En este juego, las Comunidades Autónomas han sido juez y parte. Pueden legislar sobre los órganos rectores de unas Cajas en las que ellas mismas están representadas. Como cabía esperar, han ido legislando según les convenía, fortaleciendo su propia representación hasta convertirla en hegemónica. Los recientes acontecimientos en Caja Madrid resultan ilustrativos al respecto ¿No tendría sentido limitar ese margen de actuación de las Comunidades?

Según la normativa actual, a las administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público puede concedérseles hasta el 50% de los derechos de votos en la Asamblea General de cada Caja ¿No convendría disminuir este porcentaje? Por otro lado, los representantes de los trabajadores en esa Asamblea son elegidos por “sus representantes legales” (los sindicatos) ¿No sería mejor que los trabajadores eligiesen directamente a sus representantes mediante listas abiertas? Además, los representantes de los impositores han de agruparse en listas únicas (que terminan no siendo independientes) ¿Por qué no elegirlos de otra forma, por ejemplo por sorteo entre las candidaturas individuales presentadas (sujetas al cumplimiento de ciertos requisitos mínimos)?

Respecto al Consejo de Administración, en la actualidad reproduce exactamente la misma relación de fuerzas que la Asamblea (de donde provienen sus miembros, salvo contadas excepciones). Las exigencias de experiencia previa en el sector financiero, en el académico o de conocimientos profesionales relevantes, son nulas ¿Y si se formase exclusivamente con Consejeros profesionales, a los que se les exigiesen como requisitos años de experiencia en el sector financiero, o académica, e incompatibilidades? Esto no impediría que algunos de ellos pudieran ser propuestos por los distintos grupos representativos: los impositores, trabajadores, tenedores de renta fija, propietarios de cuotas participativas y (en su caso) fundadores.

Por último, ¿por qué no separar en un nuevo Consejo Social a los representantes de las administraciones públicas, las entidades y corporaciones de derecho público, para que (junto a otros) decidan sobre la estrategia general que debe regir los fines y usos de la obra social, pero sin inmiscuirse en la actividad puramente bancaria de las Cajas?

Otras reformas también podrían ser convenientes.

-Eliminar el derecho de veto de las administraciones  autonómicas a las fusiones entre Cajas de diferentes Comunidades.

- Ceder al Banco de España las funciones de regulación y supervisión de las Cajas que hoy tienen las Comunidades Autónomas.

- Incrementar las sanciones de carácter personal a los miembros de los órganos de administración que incurran en conductas negligentes.

La aceptación por parte de las Comunidades Autónomas y de las Cajas de estas reformas debería ponerse como condición ineludible para acceder a los recursos del FROB. Nadie tiene derecho a pedir que se le rescate con el dinero de todos y, encima, poner las condiciones. Aunque, no seamos ingenuos: todas estas sugerencias son ciencia-ficción, pues los dos grandes partidos han desarrollado el sistema actual y ambos se benefician de él (por mucho que de cara a la galería pretendan disimular y echar la culpa al otro). Los ciudadanos deberíamos recordar a los políticos que tanto critican a “los banqueros” que, en realidad, ellos mismos son los que hoy controlan directamente la mitad más problemática del sistema financiero español.