El rescate europeo de España

Hoy mismo el presidente Zapatero nos presentará, sin duda, como un gran éxito el rescate europeo aprobado durante el fin de semana. Se nos dirá que los mecanismos de decisión han funcionado, que se ha avanzado hacia una gobernanza económica europea, que la Bolsa se ha recuperado. No se dejen engañar: lo sucedido en realidad refleja un enorme fracaso colectivo, una auténtica humillación para nuestro país.

Repasemos brevemente, en orden cronológico, el camino que hemos recorrido hasta llegar aquí. Pues no nos ha traído la crisis por sí sola, sino la forma radicalmente equivocada de hacerla frente. De ella, el presidente del gobierno (con la complicidad de los que le mantienen en el poder) es directamente responsable.

Al incremento del gasto y la disminución de los ingresos públicos provocados automáticamente por la crisis (como las prestaciones de desempleo o la menor recaudación de los diferentes impuestos) se ha sumado una política discrecional costosa e ineficiente, que ha llevado el déficit público a niveles insostenibles. ¿Dónde están ahora los 11 mil millones de euros de la reforma de la financiación autonómica, los 12 mil millones dejados de recaudar por la deducción de 400 euros en el IRPF, los 13 mil millones de los dos fondos de inversión local, etcétera?

Todavía hace unos días, ya con todos los márgenes agotados y al borde del abismo, la incapacidad de reacción se plasmaba en un vergonzoso Consejo de Ministros que anunciaba, como un gran logro, un recorte de 16 millones en el gasto público (en un país con un déficit de más de 100 mil millones). A ello se ha vuelto a unir el engaño, el insulto a la inteligencia de los españoles: el problema, una vez más, no nos afectaba e incluso andábamos sobrados para ayudar a Grecia y ganar dinero en el intento.

La verdad, como viene sucediendo en España desde hace demasiados años, era justo la contraria a la proclamada por el discurso oficial. La economía española estaba, insisto, al borde del abismo. La Bolsa se hundía un 15% en pocos días, el interés exigido para comprar deuda pública española subía (hasta el 4,4% para el bono a 10 años, frente al 2,77% del alemán) y, como en los peores momentos del inicio de la crisis, los mercados amenazaban secarse para la deuda y las empresas españolas. Cuando la tozuda realidad se convirtió en demasiado evidente, la reacción fue, de nuevo, inadecuada: “es una locura” (desde luego), “no doy crédito” (más bien “no tengo crédito”).

Para calmarnos (¿o intranquilizarnos más?) se convocó una mini cumbre con la leal oposición, la otra cara de la misma moneda. Acuciados por el fin del plazo para usar el FROB, hablaron algo sobre las cajas, además de aprobar la ayuda a Grecia (sin decir que se aprobaba para intentar evitar nuestro propio contagio o para ser ayudados si llegase nuestro turno) ¡Como para quedarse tranquilos!

Hasta que este fin de semana, nuestros socios europeos (animados por el propio Obama, que esta vez sí se acordaría del otro faro de Occidente) tuvieron que tomar cartas en el asunto. Todo con nocturnidad y prisas, como cuando se ayuda a un mal estudiante a punto de enfrentarse al examen (en este caso, a la apertura de los mercados).

La enorme magnitud de la respuesta (750.000 millones) y su celeridad no deberían alegrarnos. Sólo indican la dimensión del problema que se había generado: en los mercados de deuda, en las bolsas, en la cotización del euro, en la situación de los bancos y cajas (compradores habituales de deuda pública). España se ha terminado convirtiendo en un peligro para Europa, preocupando hasta a los Estados Unidos.

Por eso, no nos engañemos. En esta operación, somos nosotros (más que Portugal o Grecia) los rescatados preventivamente. Lo prueba no sólo la cuantía del rescate, excesiva para las necesidades de esos pequeños países, sino también el que ya, como en los países de tercer mundo intervenidos por el FMI, otros han tomado el control de la situación, ante nuestra incapacidad para autogobernarnos. Algo que debería de resultar humillante para un país como España. Recuerda uno ahora las referencias en la última campaña electoral a la primera división, a superar a Francia (o al pleno empleo).

Al presidente, que decía a Rajoy la semana pasada que no retiraría los estímulos fiscales, le han corregido sus mayores, obligándole a improvisar un recorte de 15.000 millones de euros (de momento). No sólo se nos obliga a tomar medidas, además se supervisará su cumplimiento desde el exterior. El 18 de mayo así se hará en una reunión del Ecofin (en la que podrían pedirse mayores esfuerzos) y la propia Comisión nos evaluará en junio.

Y ¿de dónde se recortará? ¿De la inversión productiva, como la última vez? Porque se quiere ignorar un grave problema estructural, de fondo, institucional, por ser políticamente incorrecto mencionarlo. Entre PSOE y PP han terminado construyendo, tras décadas de empeño, un Estado residual. En España, la administración central sólo controla el 20% del gasto público, algo que no sucede en ningún otro país. Se suele decir que es el 50%, pero en esa cifra se incluye el 30% que corresponde a la Seguridad Social. Por el contrario, las comunidades autónomas controlan el 36% del gasto público, casi el doble. Lo mismo reflejan las cifras de personal (583.447 trabajan para la Administración Central, incluyendo 263.323 en el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado, frente a 1.345.577 para las comunidades). Véase en el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas la tabla 1.1 de la página 18.

El Estado solo no puede equilibrar el conjunto de las cuentas públicas. Tiene para ello que ejercer las funciones de coordinación general de la política económica, de armonización e inspección, que le otorga la Constitución pero que ha abandonado voluntariamente por miras partidistas de corto alcance. Es posible imponer límites de gasto a las comunidades y hacer que los objetivos de déficit tengan consecuencias si se incumplen. No puede tolerarse que la Comisión tenga mayor control sobre el gobierno español que éste sobre las 17 comunidades autónomas. En el número de consejerías y parlamentarios autonómicos, en el personal de confianza y libre designación, en las embajadas, en el sector público no administrativo (televisiones, observatorios, agencias, consorcios y fundaciones) es donde deberían iniciarse los recortes. Hasta alguien poco sospechoso de  antipatía al PSOE como el profesor Santos Juliá es consciente de ello. Léanse su artículo en El País del domingo pasado. Aunque, puestos a suprimir ¿por qué no comenzar el ajuste por el actual presidente del gobierno?