¿Cómo recortar el gasto autonómico superfluo?

Cabe preguntarse, en primer lugar, si tal recorte es necesario. Las frías estadísticas parecen demostrar que sí. Debido a sus compromisos con los partidos nacionalistas para mantenerse en el poder, el gobierno ha intentado desde el inicio de la crisis concentrar los ajustes en la administración central. A las comunidades se les ha dotado de 11.000 millones de euros adicionales, gracias a la reforma de la financiación autonómica, y se les ha permitido aplazar la devolución de los anticipos excesivos que habían recibido. Sin embargo, la administración central no tiene capacidad para equilibrar por sí sola el conjunto de las cuentas públicas. Hoy ya sólo controla un 20% del gasto público, correspondiendo un 36% (casi el doble) a las comunidades autónomas y el resto a la Seguridad Social (30%) y a los entes locales (14%). En términos de empleo, 320.124 personas trabajan para la Administración Central, excluyendo los 263.323 del ejército y las fuerzas de seguridad del Estado, frente a 1.345.577 para las comunidades.

Un segundo argumento refuerza la necesidad de disminuir el gasto autonómico superfluo. No parece legítimo centrar los recortes en partidas que dan al ajuste un carácter antisocial, como las pensiones, el gasto en dependencia, los salarios de maestros, enfermeras, guardias civiles y bomberos, si existen alternativas en forma de gastos difícilmente justificables. Reduciéndolos, ese ajuste antisocial podría haberse evitado. Nada permite descartar, por otro lado, que nuevos recortes sean necesarios en el futuro. Al contrario, el gigantesco tamaño de nuestro déficit público, de algo más del 11% del PIB (más de 110.000 millones de euros) y la desconfianza creciente de nuestros acreedores (que ya exigen un diferencial de dos puntos respecto al bono alemán para prestarnos) indican que disminuciones adicionales del gasto pueden resultar inevitables.

Aceptemos, por tanto, que esa disminución del gasto autonómico es necesaria. La siguiente pregunta que suele plantearse es la de si es posible. Sólo el que esta cuestión se plantee tan habitualmente da una idea del grado de claudicación colectiva que la sociedad española ha alcanzado. En ella reside la soberanía por lo que, en último término, puede convertir en posible todo lo que considere necesario (eligiendo los representantes que promuevan las reformas legales adecuadas). Es más, en el asunto que nos ocupa ni siquiera sería necesario reformar la Constitución, como suele afirmarse. Bastaría con aplicar las normas vigentes. No lo entiende así, por desgracia, el gobierno actual. Por boca del vicepresidente Chaves, respondía a la diputada Rosa Díez (quien defendía una moción cercana a las ideas expuesta en este artículo) que en la Constitución no existe una relación de subordinación de las comunidades autónomas respecto al gobierno central y que, por tanto, éste no puede imponerles nada. Resulta sorprendente que tan novedosa doctrina no haya provocado ningún revuelo. No es coherente con el sentido común, ni con toda una batería de artículos de la Constitución. En el link se recoge el texto constitucional completo.

El artículo 149.1.13ª de la Constitución atribuye al Estado competencia exclusiva sobre las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”. El artículo 149.1.14ª añade la competencia exclusiva sobre “Hacienda general y deuda del Estado”. El artículo 131.1 señala que “El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general…”.  Los artículos 128.1 (“Toda la riqueza del país… está subordinada al interés general”) y 103.1 (que establece el principio de coordinación) refuerzan los anteriores. Muy expresivo resulta el 150.3: “El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad”. En consecuencia, el Estado podría (y debería) ejercer el papel de coordinación y supervisión general que le otorga la Constitución y al que los sucesivos gobiernos (del PSOE y del PP) han ido renunciado voluntariamente.

Si es necesario y legalmente posible ¿qué tipo de mecanismos podrían utilizarse para logra el objetivo de reducir el gasto autonómico superfluo? Por ejemplo, medidas como la introducción de un techo de gasto a las comunidades, o hacer que el incumplimiento del límite de déficit tenga consecuencias. Para ello, existen instrumentos no sólo legales sino también financieros, como el no avalar las emisiones de deuda autonómica o el condicionar la transferencia de la parte de la recaudación impositiva estatal que corresponde a las comunidades. No parece de recibo que, hoy en día, la Comisión europea tenga más capacidad de control sobre el gobierno de España que éste sobre las 17 comunidades autónomas.

Los recortes del gasto no deberían haberse iniciado en sueldos y pensiones, sino en el número de consejerías y parlamentarios de las Comunidades Autónomas, de personal de confianza y de libre designación, de las llamadas “embajadas autonómicas” y de empresas del sector público no administrativo (como radios y televisiones públicas, observatorios, agencias, consorcios y fundaciones de todo tipo). Tal vez ni con todo esto bastase, pero sería necesario empezar por aquí para poder exigir otro tipo de sacrificios más dolorosos con un mínimo de legitimidad moral. El ahorro potencial es considerable. Por ejemplo, el 1 de junio de 2010 se ha actualizado el inventario de entes dependientes de las comunidades autónomas con los datos disponibles el 1 de enero de 2010. Existen 2.181 “entes” (un nombre muy adecuado) que hasta ahora se hayan detectado. Multipliquen esa cifra por el número de directivos, trabajadores, millones de presupuesto o de déficit y deuda que ustedes mismos atribuyan a un “ente” medio, y saquen sus propias conclusiones. Por cierto, el número de estos “entes” ha continuado aumentando durante la crisis.