Un plan de choque para promover el empleo basura

El Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, adopta una serie de “medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas”. Dos prácticas habituales de este gobierno se vuelven a poner de manifiesto en él. Por un lado, la más burda manipulación del lenguaje, convertido orwellianamente en instrumento de ocultación de la realidad.

Resulta una burla sarcástica hablar de “transición al empleo estable” cuando lo que se está incentivando, de forma probablemente inefectiva, es el empleo no sólo temporal, sino además a tiempo parcial. Cuando ya se ha renunciado a resolver de verdad los problemas, todo el esfuerzo puede invertirse en enmascararlos. La otra mala práctica habitual es el gobernar por Real Decreto, burlando al Congreso de los Diputados su facultad de enmendar los textos legislativos.

Sólo se le deja la posibilidad de aceptarlos o rechazarlos en bloque, siempre con el pretexto de la urgencia. A buenas horas, con 4.700.000 parados, tras tantos años de incompetencia y negación de la crisis, les entran las prisas.

El Plan que nos ocupa consta de cuatro programas:

1º) Un “Programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable”. Consiste en bonificar las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en los contratos a tiempo parcial de jóvenes menores de 31 años o parados de larga duración. Esta propuesta insiste en un modelo que el actual gobierno ya había reconocido como doblemente fracasado, al justificar la última reforma laboral. La política de incentivar el empleo bonificando las cuotas de la Seguridad Social ha consumido enormes recursos en España.

Por ejemplo, en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 se destinan 7 322 millones de euros a las famosas políticas activas de empleo. De ellos, sólo 2 754 se dedican en realidad a actividades formativas, destinándose otros 4 455 millones básicamente a incentivar la contratación mediante bonificaciones. Esto distingue nuestras políticas activas de empleo de las del resto de Europa.

Aquí se ha apostado mucho por las subvenciones al empleo y poco por la formación a los parados. Tal apuesta ha dado escasos frutos. Por el contrario, ha provocado efectos perversos, sustituyéndose unos empleos subvencionados por otros sin subvención (en vez de crear empleo adicional), y subvencionándose numerosos empleos que se habrían creado en cualquier caso. Un excelente artículo de Florentino Felgueroso analiza como estas nuevas subvenciones adolecen de los mismos defectos.

El otro componente fracasado por el que se vuelve a apostar es la contratación no fija. Son conocidos los problemas del empleo temporal. Los salarios son más bajos, la protección por desempleo menor, la formación en el puesto de trabajo nula, los efectos sobre la productividad nocivos… Imagínense si los efectos del empleo temporal y encima a tiempo parcial van a ser mejores.

2º) Un programa de recualificación profesional para las personas que agoten su protección por desempleo. Consiste en una ayuda de 400 euros, condicionada al compromiso de realizar un itinerario individualizado de inserción laboral. La ayuda de 400 euros viene a sustituir la de 426 del PRODI (Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción).

Esto sí que es un ahorro considerable y un ejemplo de política social: rebajar la miserable ayuda en 26 euros y ponerle condiciones más restrictivas. Todo cuando ya más de un millón de trabajadores han ido agotando prestaciones y subsidios, a la vez que 1.328.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Para lo referente a las acciones formativas individualizadas, me remito al punto siguiente.

3º) Actuaciones de orientación profesional e itinerarios individualizados de formación que mejoren la empleabilidad de jóvenes, parados de larga duración mayores de 45 años y personas de baja cualificación procedentes de sectores en crisis. Esto es sólo una expresión de buenos deseos que no tiene detrás los medios materiales que puedan convertirla en realidad. El gasto en formación por parado es muy bajo en España en términos relativos; el de Alemania o Francia lo triplica.

Los servicios públicos de empleo tienen un funcionario por cada 200 parados, aproximadamente, y son capaces de intermediar únicamente el 3% de los nuevos contratos. El presupuesto de políticas activas de empleo para el 2011 es un 5´5% menor que en 2010, y sólo un 1% mayor que en 2007 (antes de la crisis).

Con estos recursos, las buenas intenciones de crear itinerarios individualizados de formación son escasamente creíbles. Los servicios públicos de empleo necesitarían importantes refuerzos para tal tarea. Desde el inicio de la crisis, lo único que se ha hecho es contratar 1500 orientadores adicionales. La colaboración con agencias privadas tampoco acaba de materializarse.

Cuestión aparte es la calidad de los cursos que se ofrecen a los parados, en general ínfima. Existe también, como en casi todo hoy en España, un problema de falta de coordinación entre las diferentes administraciones autonómicas (encargadas de la gestión de estas políticas) que, en vez de corregirse, se va incrementando.

4º) Inclusión de personas desempleadas en las acciones formativas dirigidas a personas ocupadas. Traducción: como el presupuesto de formación para los parados no da abasto ante tanta demanda, se sacrifica parte del destinado a la formación de los empleados.

Lo dicho, todo un Plan de “transición al empleo estable” y “recualificación profesional”. Como bien nos advierte la profunda sabiduría del refranero castellano: “dime de qué presumes y te diré de qué careces”.