¡Viva la independencia de los organismos reguladores!

Los organismos reguladores desempeñan un importante papel en el funcionamiento de la economía. Su principal tarea consiste en velar por la defensa de la competencia y de los consumidores en algunos sectores estratégicos. Esto les concede poderes en asuntos tan relevantes como imponer sanciones, permitir fusiones entre empresas o fijar las tarifas.

En España, los principales organismos reguladores son la CNC (Comisión Nacional de la Competencia), la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), la CNE (Comisión Nacional de la Energía), la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) y la CNSP (Comisión Nacional del Sector Postal). El Banco de España también podría incluirse entre ellos, dadas sus funciones de supervisión del sistema bancario.

Ha habido frecuentes quejas, reflejadas incluso en informes de organismos internacionales, sobre la falta de independencia de los reguladores españoles. Sus presidentes suelen provenir, sin transición alguna, directamente de un escaño en el Congreso o de una Secretaría de Estado en el gobierno. Es el caso, por poner algunos ejemplos, de Luis Berenguer (actual presidente de la CNC y ex-diputado del PSOE), Maite Costa (actual presidenta de la CNE y ex-diputada del PSOE) o Miguel Ángel Fernández Ordóñez (actual gobernador del Banco de España y ex–Secretario de Estado de Hacienda).

No se trata de cuestionar la valía de estas personas, en algunos casos indudable. Pero, si lo que se desea es garantizar la independencia de los organismos reguladores, no parece éste el mejor método de selección posible. Lo mismo sucede en los consejos de estos organismos, donde se ha aplicado estrictamente un sistema de cuotas de partido. Recuérdese el triste papel desempeñado por algunos de estos reguladores en lo sucedido en torno a Endesa, hoy en día en manos de la empresa pública italiana ENEL.

Hace poco más de un mes se publicó en el BOE la famosa Ley de Economía Sostenible, tras un largo trámite parlamentario. En el capítulo II, como una de sus propuestas estrella, se trata precisamente el asunto que nos ocupa. Las medidas se refieren a la CNE, la CMT, la CNSP y la CNC. Las palabras no pueden sonar mejor. El número de consejeros se reduce a 7, para lograr unos consejos más operativos.

Los mandatos serán de 6 años no renovables, para garantizar la independencia. Los nombrados no podrán aceptar instrucciones gubernamentales en el desempeño de sus funciones. Los candidatos comparecerán, junto al ministro de Industria, ante una comisión del Congreso, que examinará su capacidad. Los elegidos habrán de ser personas de reconocido prestigio y capacidad profesional. A primera vista, toda una propuesta de regeneración. Lástima que, al ver cómo todo esto ha empezado a aplicarse en la práctica, no pueda existir la menor duda de que se trata de otro caso más en el que se aparenta reformar algo sólo para dejarlo igual o peor, pero bien controlado.

Como la nueva norma obliga a renovar los consejos, se han producido ya las primeras propuestas de nombramientos por parte del gobierno. El actual Secretario de Estado de Telecomunicaciones es propuesto para presidir la CMT. Una candidata de CiU y otro del PNV son propuestos como consejeros del mismo organismo. Para la CNE uno de los candidatos propuestos es Idoia Zenarruzabeitia (sí, la portavoz del gobierno nacionalista de Ibarretxe, el del Plan). En junio se completarán los nuevos nombramientos, pero ya se habla del actual Secretario de Estado de Hacienda como candidato a presidir la CNE. Todos profesionales independientes, como puede verse. ¡Qué terrible sarcasmo!

Las lecturas que pueden hacerse de lo sucedido son varias. Por un lado, nos indica que el PSOE se sabe derrotado en cuanto los ciudadanos tengan la oportunidad de expresarse en las urnas. De ahí el afán de encontrar puestos apetecibles para personas que hoy tienen unos mejores, son Secretarios de Estado, pero no ven claro que vayan a seguir en ellos por mucho tiempo. Esto es un ejemplo de lo que los economistas llamamos revelación de las preferencias, que indica el estado de ánimo gubernamental mucho mejor que los mítines dominicales.

Por otro lado, nos recuerda que las posibilidades de regeneración interna del sistema son mínimas, por no decir inexistentes. Todo se reduce a un “quítate tú que me pongo yo”. El PP ya ha anunciado que no respetará estos nombramientos y cambiará las normas si llega al gobierno. Cabe suponer que no para despolitizar estos organismos, sino para politizarlos de un color que le sea más grato. Es lo que ha hecho siempre. El verdadero cambio sólo podrá venir de nuevos partidos que estén dispuestos a cambiar las reglas del juego, si el electorado les otorga su confianza.

La tercera lectura ha de hacerse en clave nacionalista. Los pagos al PNV por aprobar los Presupuestos Generales del 2011 no cesan. Como bien ha señalado Rosa Díez, el alquiler que el Sr. Zapatero y sus acólitos han pagado (con nuestro dinero) para mantenerse un año más en la Moncloa es muy elevado. No se nota en ese local la crisis inmobiliaria. Además de las políticas activas de empleo, de infraestructuras, de fondos para investigación científica… al PNV también se le da 1 de los 7 puestos de cada organismo regulador estatal. Se trata de un partido con 300.000 votos, los mismos que tuvo UPyD.

Lo que es peor, las actuaciones de sus representantes no suelen guiarse precisamente por el interés general de España, reduciéndose a la defensa de unos intereses muy particulares y minoritarios en un país de 47 millones de habitantes. A CiU, un partido del mismo cariz, se le concede otro de los 7 puestos, con lo que los minoritarios partidos nacionalistas se convierten en el fiel de la balanza de los organismos reguladores estatales. De los otros 5 asientos, 3 serán para el PSOE y 2 para el PP, pero ambos preferirán pactar con los nacionalistas antes que llegar a algún acuerdo con altura de miras entre ellos.

En último lugar, pero no menos importante: los efectos económicos de estas decisiones no pueden ser peores. Si usted dirigiese una gran empresa española o extranjera en los sectores afectados ¿querría invertir en un mercado con reguladores politizados e inestables institucionalmente? Aunque esto sea lo que menos parezca preocupar a nuestros actuales gobernantes.