¿Logrará el Gobierno aflorar el empleo sumergido?

La economía sumergida tiene en España especial relevancia. Diferentes estudios coinciden en situar su tamaño en torno al 20% del PIB. Se trata de una cifra elevada, que contrasta con el 14% que supone como media en los países de la OCDE. Los analistas también están de acuerdo en que el fenómeno presenta una tendencia creciente y parece haberse agravado por la reciente crisis. Entre otros efectos, esto implica una merma de ingresos públicos que puede estimarse en un 7% del PIB cada año (unos 70 000 millones de euros). ¡Qué diferente sería el déficit público con estos ingresos!

¿Cómo es posible estimar el tamaño de la economía sumergida, dada su naturaleza oculta? Una posibilidad consiste en hacerlo mediante métodos directos, como las encuestas, aunque éstas no sean muy fiables. Existen también métodos indirectos de estimación. Por ejemplo, las transacciones en ese mundo se realizan con activos muy líquidos, que no dejen rastro, predominando el uso de efectivo en billetes grandes. Esto se reflejará en la demanda de dinero. Asimismo la actividad sumergida quedará registrada por los inputs que utiliza, como el consumo de energía eléctrica. El lector que desee ampliar estas interesantes cuestiones puede hacerlo en dos recientes estudios, uno de Comisiones Obreras y otro del Círculo de Empresarios. Su publicación nos indica la importancia que, acertadamente, otorgan a este tema los distintos agentes sociales.

Ligada a la existencia de la economía sumergida se halla la del empleo sumergido,  que busca evitar el pago de cotizaciones sociales e impuestos, así como el cumplimiento de las normas legales sobre salarios mínimos, duración de la jornada, formación y sanidad. Constituye éste, por tanto, una parte del fenómeno más amplio de la economía sumergida. De él busca ocuparse el gobierno con una iniciativa legislativa, el Real Decreto-Ley 5/2011 que mañana jueves intentará convalidar en el Congreso.

El empleo sumergido se concentra en unos sectores, tipos de empresas y grupos sociales concretos. Respecto a la concentración sectorial es en la agricultura, el comercio minorista, la construcción, la restauración y los servicios domésticos (de limpieza y cuidados personales) donde más se da. Se trata de actividades con un uso intensivo de mano de obra poco cualificada y, a menudo, con un componente estacional. Respecto al tipo de empresa, es más típico en las pequeñas empresas, difíciles de controlar, y aparece relacionado con la práctica  de la subcontratación. Los grupos sociales más afectados son los inmigrantes, los jóvenes y las mujeres.

Las medidas para aflorar el empleo sumergido que incluye el gobierno en el Real Decreto antes citado tienen un componente de “zanahoria” y otro de “palo”. En cuanto a los incentivos positivos, se fija un plazo para que los empresarios puedan regularizar voluntariamente a los trabajadores empleados hasta ahora de manera irregular. Estas regularizaciones voluntarias no serán objeto de las sanciones administrativas que les corresponderían. Las deudas con la Seguridad Social no se perdonan, sin embargo, pero se concede la posibilidad de aplazar su pago. Además, el empresario que se someta voluntariamente al proceso de regularización podrá acogerse a cualquier modalidad de contratación que desee, indefinida o temporal (aunque ésta no podrá ser inferior a seis meses).

Los incentivos negativos consisten en un endurecimiento de la persecución del empleo sumergido, una vez que finalice el plazo de regularización voluntaria. Se incluyen en este sentido medidas como el incremento de las sanciones, la tipificación como infracción grave del incumplimiento de las obligaciones por parte de los empresarios en casos de contratas o subcontratas, la ampliación del plazo de exclusión de los beneficios derivados de los programas de empleo y la extensión de la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas.

Estamos, por tanto, ante una amnistía, aunque sea parcial (de las sanciones, pero no de las deudas con la Seguridad Social). En general, las amnistías son peligrosas, suponen “pan para hoy y hambre para mañana”. Discriminan al que ha cumplido, provocan agravios comparativos y envían el mensaje de que se repetirán en el futuro. Así, sus ventajas a corto plazo se ven contrarrestadas por los problemas a largo plazo que provocan.

En este caso, ni siquiera está claro que los efectos positivos a corto plazo vayan a existir. Los incentivos para emerger no son muchos. Las empresas sumergidas no querrán aflorar y hacerse visibles en el aspecto laboral, pues tendrían que pagar la deuda pendiente. A menudo, estarán defraudando simultáneamente en el Impuesto de Sociedades y el IVA, no contemplados en el Real Decreto. Por otro lado, el incremento futuro de las sanciones resulta poco creíble. Depende de la probabilidad de ser descubierto, que con la actual carencia de medios de la Inspección de Trabajo (y la falta de coordinación desde que fue transferida a las Comunidades Autónomas) es más bien baja. Depende también de que gobiernos futuros decidan mantener estas medidas, dado que el actual se encuentra ya en fase terminal. Por unos y otros motivos, no será un Real Decreto eficaz. Un aspecto poco resaltado, pero grave a mi modo de ver, es que convierte a los empresarios que están en la legalidad en inspectores,  haciéndoles responsables de que no defrauden aquéllos con quienes contratan. Se trasladan así al empresario funciones inspectoras que no le corresponden, sujetándole a graves penalizaciones si las incumplen.

Es probable que los verdaderos objetivos del gobierno sean aparentar que cumple las exigencias de nuestros socios europeos (pues una de las cláusulas del Pacto del Euro obliga a aflorar el empleo sumergido), maquillar las estadísticas oficiales del paro y difundir el peligroso mensaje de que el problema del desempleo no es en realidad tan grave.

Si de verdad quisiese combatir el empleo sumergido, el gobierno podría hacer cosas más útiles. Por ejemplo, reducir el caos de las regulaciones autonómicas, municipales y estatales, que hacen casi imposible cumplir las normas incluso al empresario que desea hacerlo; o incrementar los medios de la Inspección del Trabajo, recuperándola para el Estado, en lugar de endosar sus responsabilidades a los empresarios (que bastantes problemas tienen ya). Las distintas administraciones podrían también dejar de ser morosas, pues es más difícil exigir a los demás que cumplan sus obligaciones cuando uno incumple las propias.