Cada vez más cerca del abismo

El respiro que la cumbre del eurogrupo iba a proporcionarnos no ha podido ser más breve. En ningún caso podía ser muy largo. Los acuerdos han superado las expectativas sin llegar a ser los que se necesitaban. Evaluemos esas decisiones europeas, antes de mostrar como lo sucedido estos días en España ya las ha inutilizado. Se pueden agrupar en tres apartados:

- El primero pretende aliviar la insostenible situación de Grecia. Para ello, se concede a este país  un nuevo rescate, en forma de préstamos, por valor de 109 000 millones de euros. Tales préstamos se otorgarán a un tipo de interés menor que los anteriores (3´5% frente a 5´5%) y a plazos más largos (de 15 a 30 años, frente a los 7´5 de media actuales). Esto ayudará a Grecia, pero lo que se le da siguen siendo préstamos que tendrá que devolver.

De nuevo se busca ganar tiempo. Una aproximación al problema más novedosa subyace a la propuesta de asignar a Grecia fondos estructurales europeos que permitan relanzar su crecimiento. Para pagar, un país tiene que crecer, y Grecia ahora sufre una fuerte recesión (la producción cae un 4´1%). Este aproximación más generosa al problema griego concedería ayudas en forma de transferencias en vez de préstamos, pero apenas se concreta todavía.  

- El segundo apartado de los acuerdos europeos busca que el sector privado (los bancos que prestaron a Grecia) participen en el rescate, como quería Alemania. Eso sí, “voluntariamente”. Es justo que participen, pues sabían que incurrían en un riesgo al prestar. Se ofrecen diferentes vías para esa participación voluntaria: el canje de la deuda viva a plazos cortos por nueva deuda a plazos más largos, la refinanciación de la deuda que venza con otra nueva a largo plazo o la recompra de deuda en el mercado secundario a precios inferiores al valor nominal.

Las pérdidas que van a sufrir los acreedores con estas medidas equivalen a un 21% de lo prestado. Aunque se afirma que la participación privada sólo se exigirá en este caso y nunca más, de momento el impago griego sienta un precedente hasta hace poco impensable. Además, entre nuevos préstamos y pérdidas privadas, la situación de Grecia mejora, pero no de forma dramática. Su deuda pública actual (del 160% del PIB) se reduce en unos 12 puntos.

- En el tercer apartado de los acuerdos europeos, se incrementa la flexibilidad en el uso del FEEF. Podrá dar préstamos preventivos a países todavía no rescatados y para recapitalizar bancos. Podrá comprar deuda en el mercado secundario (pero con bastante rigidez en este caso, pues tendrá que analizarlo el BCE y aprobarlo unánimemente los países). Lo que no se ha hecho es aumentar el tamaño del Fondo, así que tendrá la misma munición que antes.

Una solución definitiva de la crisis de la deuda soberana europea requeriría medidas de mayor calado, con más visión estratégica y altura de miras. Para que la unión monetaria funcione, ha de complementarse con una política fiscal supranacional. Sin embargo, los pasos en esa dirección han sido muy tímidos. La creación de eurobonos ni se ha planteado, por ejemplo.

Unas medidas tan poco ambiciosas, en el mejor de los casos podían calmar provisionalmente a los mercados y darnos otro respiro, que esta vez era preciso aprovechar. No obstante, me temo que la acumulación de noticias desastrosas posterior a los acuerdos ha dilapidado ya esa (¿última?) oportunidad. Veamos lo sucedido en España recientemente desde la perspectiva de un inversor extranjero, que se plantease comprar deuda pública de nuestro país animado por los acuerdos europeos.

Ese inversor está preocupado por la situación de las cajas de ahorro españolas. Teme que acumulen en sus balances más activos dañados de lo que reconocen oficialmente, en vista del tamaño descomunal de la burbuja inmobiliaria española. Esto haría que la recapitalización con dinero público requiriese mayores cantidades de lo previsto, elevando repentinamente la deuda pública. También provocaría que el período de estancamiento del crédito y la producción durase más. Otros motivos de preocupación tienen que ver con la gestión poco profesional de estas entidades, sujetas a las interferencias de las comunidades autónomas.

Lo que acaba de suceder en la CAM tiene que haber sido un golpe demoledor para la ya escasa confianza de ese inversor extranjero. Se interviene esa caja recién publicados los tests de stress europeos, cuando el gobernador del Banco de España acababa de asegurar que las entidades españolas eran sólidas y no necesitaban más capital. Es necesario inyectar 2 800 millones de euros en capital y 3 000 para liquidez. La caja se subastará y se venderá a quien pida menos dinero por quedársela, aumentando el coste público.

De nuevo una caja es intervenida sin haber dejado de dar beneficios de acuerdo con la contabilidad oficial. Salen a la luz prácticas como los préstamos a proyectos regionales no rentables (Terra Mítica), los 161 millones de préstamos a bajo o nulo interés a los dirigentes de la entidad… Todo esto sucede en la cuarta caja por importancia, volviendo a situar al sector financiero español en el ojo del huracán. Por cierto, esta vez se trata de una caja gestionada por el PP, demostrando la responsabilidad que comparte con el PSOE y los partidos nacionalistas.

Déficit y duplicidades de las CCAA

Al inversor extranjero le asalta otro temor respecto a España. El diseño del Estado autonómico hace difícil reducir el gasto público, por las duplicidades y la descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno que provoca. Ni siquiera se fía de que las cifras de deuda autonómica sean las que se dicen. Seguro que, tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no duerme más tranquilo. En ese encuentro clave, se adoptó la postura suicida de no acordar nada relevante. Lo que se decidió fue permutar la deuda de las comunidades con el Estado en deuda de las comunidades con un banco estatal, el ICO. Es como hacerse trampas al solitario. Lo de acordar reglas de gasto, pero cada cual la que quiera, tampoco está mal como disparate.

Entre tanto, la presidenta de Castilla-La Mancha afirma que el déficit real cuadruplica el reconocido. El presidente de Galicia avisa de que numerosas comunidades tendrán problemas para pagar incluso los salarios antes de fin de año. Se publican las actas de la anterior reunión, celebrada el 27 de abril (“por amor de Dios, den alguna solución”). Uno casi puede notar como sube la presión arterial del hipotético inversor extranjero.  De nuevo PP, PSOE y nacionalistas comparten la culpa de lo sucedido.

Todavía el inversor extranjero, en su inocencia, podía aferrarse hasta hace poco a las reiteradas promesas del actual presidente del gobierno. Afirmaba éste que agotaría su mandato y se sacrificaría heroicamente, tomando las medidas impopulares que fuesen necesarias. De repente, ha convocado las elecciones para el 20 de noviembre. El anuncio tiene una vertiente positiva: pone una fecha límite a esta legislatura indescriptible. Pero esto debió hacerse antes, o al menos abreviando los plazos. Pasará casi medio año hasta que haya un nuevo gobierno plenamente operativo.

¡Ojalá que la economía española aguante tanto tiempo! Nuestros dirigentes, en su ceguera, parecen empeñados en que no sea así.