A mayor déficit autonómico, mayor ajuste pendiente

Guste o no, España sigue dependiendo de los inversores extranjeros para financiar nuestra economía. Por ello, las calificaciones de las agencias de rating, aunque en muchos casos sean discutibles, tienen una influencia indiscutible en la percepción del riesgo de España por parte de los inversores. Tras las últimas bajadas de la calificación crediticia (rating) a España, se advertía que el incumplimiento de los objetivos de déficit sería motivo de recortes adicionales de nuestra calificación crediticia. A peor calificación crediticia mayor percepción de riesgo y, por tanto, mayor tipo de interés exigido por invertir en emisiones de dicho emisor.

España se comprometió con la Unión Europea a reducir el déficit público desde el 11% del PIB de 2009 hasta el 3% en 2013. El resultado de las cuentas del conjunto de las Administraciones Públicas a cierre de 2010 satisfizo los objetivos marcados, otorgando un mayor grado de credibilidad que ha posibilitado una reducción del diferencial de tipos de interés exigido a las emisiones de deuda pública española.

Pese a que el conjunto de las cuentas públicas alcanzó la reducción de déficit exigida en 2010, el comportamiento de las cuentas de las comunidades autónomas es menos tranquilizador. Sólo un esfuerzo adicional en la Administración Central compensó el exceso de déficit de las comunidades autónomas. Éstas, en lugar de cumplir con el objetivo de déficit del 2,4% del PIB, tuvieron en conjunto números rojos equivalentes al 2,83%. Sólo ocho comunidades cumplieron los objetivos marcados.  Otras, como Castilla La Mancha, Murcia, Baleares o Cataluña, presentaron desviaciones superiores al 50% del nivel de déficit objetivo.

Este año los niveles de reducción del déficit de las CC.AA. son incluso más exigentes. Deberán rebajarse hasta el 1,3% del PIB desde el 2,83% del pasado año. La ratio Déficit / PIB sólo se puede disminuir reduciendo el numerador, el déficit, o incrementando el denominador, el crecimiento de la economía. Respecto a este último, las previsiones del propio Banco de España, o del FMI son mucho menos halagüeñas que las manejadas por el gobierno. A su vez, el menor crecimiento de la economía afectará a los ingresos de las Administraciones Públicas y por tanto al déficit. Si como parece probable los objetivos de crecimiento de la economía no se cumplen, la necesidad de ajustes adicionales para cumplir los objetivos marcados será todavía mayor.

Teniendo en cuenta que 2011 es año electoral en la mayoría de las CC.AA., que hasta la fecha, salvo contadísimas excepciones, no se conocen planes severos de ajuste de las cuentas de las autonomías en este 2011, y tras la experiencia de afloración de déficit superiores a los previstos en Cataluña tras el cambio de gobierno autonómico, es muy difícil ser optimista sobre el cumplimiento del déficit por parte de las CC.AA. durante este ejercicio.

El desfase que previsiblemente provocarán las cuentas de las CC.AA. sólo podría ser compensado por ajustes adicionales en la Administración Central (es poco realista contar con mejoras de suficiente calado en la Seguridad Social o en las Corporaciones Locales). Teniendo que en cuenta que el esfuerzo exigido a las cuentas de la Administración Central para cumplir con sus propios objetivos de déficit es de por sí intenso, añadirle mayor exigencia de ajuste para compensar los excesos de la CC.AA. sólo podría acometerse con draconianas medidas adicionales de ajuste.

El incumplimiento de los objetivos de déficit de las CC.AA. por segundo año consecutivo, de confirmarse, sería un serio varapalo en la credibilidad de la capacidad de España de cumplir el plan de consolidación fiscal de las cuentas públicas, con indeseables consecuencias. Cuanto más tiempo se tarde en afrontar la situación de las cuentas de las comunidades autónomas, más intenso será el ajuste requerido y mayor será la prima de riesgo que acaben solicitando los inversores extranjeros por comprar nuestra deuda.

Jesús Sánchez-Quiñones, director general de Renta 4