Sólo seis meses para cumplir con el recorte del déficit

Los compromisos de cumplimiento de déficit de las Administraciones Públicas españolas no entienden de elecciones. España se ha comprometido a lograr un déficit público total del 6% del PIB en este ejercicio. Las agencias de rating ya avisaron que el incumplimiento de dicha cifra llevaría aparejado, de forma casi inmediata, una rebaja de la calificación crediticia de nuestra deuda.

Si España sufriera una rebaja adicional del rating o calificación crediticia, se verían afectados todos los emisores españoles, no sólo el Estado. La financiación sería más cara para todas las administraciones y para las empresas españolas, suponiendo una traba adicional a la recuperación económica y a la creación de empleo.

La reducción del déficit público de la Administración Central tiene visos de cumplirse, alcanzándose el 4,8% frente al 6,7% de 2010. La previsión sobre las comunidades autónomas no es tan halagüeña. El año pasado fueron incapaces, en conjunto, de reducir el déficit. Para este ejercicio se les exige que hagan un doble esfuerzo, aplicando las reducciones correspondientes al año anterior y a éste. Deberán pasar de un déficit del 2,8% en 2010 al 1,3% en 2011. Algunas CCAA como Cataluña ya ha puesto en duda su propio cumplimiento.

Los ayuntamientos, aunque con menor peso en el gasto y en déficit total, también tendrán que acometer políticas de ajuste y refinanciar su abultada deuda que a fin de 2010 ascendía a más de 35 mil millones de euros.

Durante el boom inmobiliario tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos disfrutaron de unos ingentes ingresos procedentes de la actividad urbanizadora, constructora e inmobiliaria. Esos ingresos “extraordinarios” que en muchos ayuntamientos llegaron a superar el 50% del total de sus ingresos, se han reducido en más de un 80% respecto al nivel existente hace cuatro años.

Lo mismo que es complicado para una familia reducir el nivel de vida y de gasto al que ha estado acostumbrado durante años, así las comunidades autónomas y ayuntamientos deben ser conscientes que deben someterse a una profunda dieta de adelgazamiento de sus gastos y estructuras acordes con sus nuevos niveles de ingresos.

Cuando se formen los nuevos gobiernos autonómicos y municipales ya habrá transcurrido la mitad de este año. En la primera parte del ejercicio han sido escasas las medidas de ajuste estructural en estas instituciones. Ahora el tiempo apremia. Sólo si se transmite un mensaje claro, con medidas concretas a acometer en el corto plazo, control del gasto y se suprimen organismos y centros de gastos innecesarios, las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán seguir financiándose en el mercado a tipos razonables.

En lo que llevamos de año las CCAA sólo han logrado emitir el 16% del total de deuda (bonos) del importe previsto para todo el año. Algunas de las emisiones realizadas se han realizado a tipos muy elevados (por encima del 6 y 7%) y en ocasiones dirigidas a los inversores minoristas ante la imposibilidad de colocar los bonos entre instituciones.

Los inversores y los mercados van a estar muy atentos a los mensajes enviados ahora por los diferentes responsables políticos y las posibles medidas adoptadas en el corto plazo. Sin duda es un riesgo, pero también una oportunidad de transmitir que los gestores de CCAA y ayuntamientos son conscientes de la dificultad de la situación actual, actuando con celeridad y contundencia.

Es una oportunidad de intentar convencer a nuestros financiadores de que realmente se produce un cambio de timón en la gestión de las cuentas públicas de CCAA y ayuntamientos, cualquiera que sea su signo político. De no ser así, la rebaja de rating a España al principio del próximo año estará garantizada.