La Burbuja de la Administración Pública

En cualquier negociación es recomendable situarse en el lugar del otro para intentar prever cual será su razonamiento durante la misma. España se encuentra en plenas conversaciones con nuestros socios europeos sobre la profundidad del ajuste necesario de nuestras cuentas públicas y el calendario de aplicación del mismo. Basta analizar los datos de la evolución de los ingresos, gastos y número de empleados públicos durante los últimos diez años para constatar que existe una burbuja en la Administración Pública española. Es la primera conclusión a la que habrán llegado nuestros socios.

Durante el periodo de crecimiento económico 2002-2007, los ingresos públicos no dejaron de aumentar, inducidos en parte por el boom inmobiliario, generando una burbuja de ingresos para las Administraciones Públicas. Las AA.PP. no tardaron en incrementar sus gastos y en considerar el incremento de los ingresos extraordinarios de momentos de boom económico e inmobiliario como ingresos estructurales.

La medida del déficit público se realiza siempre utilizando el ratio Déficit/PIB, que compara el exceso del gasto público sobre los ingresos (déficit) con el Producto Interior Bruto (PIB) del país en cuestión. Para lograr una percepción más clara del exceso de gasto, entendible por cualquier ciudadano, sería conveniente comparar los gastos públicos con los ingresos públicos. Midiéndolo de esta forma, el déficit de las cuentas públicas respecto a los ingresos en los últimos tres años es escalofriante. En 2009, 2010 y 2011  las AA.PP, gastaron respectivamente un 31%,25% y 24% más de lo que ingresaron. 

La Administración Pública ha sufrido una burbuja de ingresos asociada al boom inmobiliario y a los años de fuerte crecimiento económico. Por mucho que se pretendan subir los impuestos, será imposible alcanzar los niveles de ingresos públicos del año 2007 en los ejercicios venideros. A modo de ejemplo, los ingresos de impuestos vinculados a las transacciones inmobiliarias, como el ITP (Impuesto de Transacciones Patrimoniales), han reducido su recaudación un 65% desde el pico de 2007 hasta el fin de 2011. La recaudación por Impuesto sobre Sociedades en 2011 apenas ha sido un tercio de la lograda en 2006. Exprimir a los ciudadanos y a las empresas a base de más impuestos para intentar mantener una Administración Pública sobredimensionada sólo conseguirá demorar la llegada del crecimiento económico y empeorará la situación.

Observando el gráfico anterior, parece meridianamente claro que el nivel de gasto actual de la Administración Pública es insostenible y fruto de un nivel de ingresos públicos que sólo era un espejismo.

La creencia de que los ingresos públicos de la época de euforia eran estructurales y no coyunturales, ha llevado a las AA.PP. a incrementar sus gastos fijos y, por supuesto, el número de trabajadores de las AA.PP. (no sólo funcionarios). El número de trabajadores del sector público se incrementó en 321.000 personas entre 2002 y 2007, hasta alcanzar los 2.913.000 empleados.

Desgraciadamente, la negación de la crisis económica, que en 2007 ya era evidente, y la irresponsabilidad de algunos dirigentes políticos, ha provocado que pese a la reducción de los ingresos públicos, el número de trabajadores del sector público haya seguido aumentando en 217.000 personas en los cuatro últimos años. Las CC.AA. son las grandes “generadoras” de este empleo público, habiendo creado 247.000 puestos de trabajo públicos adicionales.

España se ha comprometido a reducir su déficit público al 3% del PIB en 2013 y al 1% en 2015. Es muy factible que consiga un alargamiento de los plazos pero este ajuste no se podrá llevar a cabo sin una “poda” sustancial de los gastos de las AA.PP., que conlleva necesariamente una reducción del número de trabajadores públicos, que de forma aberrante ha seguido incrementándose incluso una vez iniciada la crisis económica. Esto es lo que piensan nuestros socios europeos y, ciertamente, es difícil no estar de acuerdo con ellos.