La austeridad no es un castigo

En el contexto actual, se entiende por austeridad la política llevada a cabo por los gobiernos de aquellos países con un elevado y recurrente déficit público y un nivel de deuda considerable, consistente en limitar los gastos públicos y subir los impuestos en una fase de bajo crecimiento económico o incluso de recesión.

Es indiscutible que la austeridad no produce crecimiento en el corto plazo. Entonces, ¿por qué aplicarla? La austeridad es una consecuencia, no un castigo. Nadie, ni una familia, ni una empresa, ni un Estado, puede incrementar su endeudamiento año tras año de forma ilimitada. Llegará un momento en el que los acreedores primero dejen de incrementar su exposición a ese deudor y, en segundo lugar, dejen de renovar las deudas a su vencimiento. Cuando esto acontezca, la caída del gasto será radical ante la imposibilidad de financiarlos. El hecho último que provoca esa pérdida de confianza de los acreedores puede ser cualquiera y es imprevisible. Cuando la confianza se desvanece, los prestamistas dejan de prestar y los ajustes son draconianos, muchos más severos que los actuales.

Es difícil establecer el punto de no retorno a partir del cual la deuda se considerará excesiva y los acreedores cerrarán los canales de financiación. En el libro This Time is Different, que analiza 800 años de crisis financieras, se llega a la conclusión de que por encima del 90% el nivel de deuda pública sobre el PIB es insostenible. Dicho porcentaje contrasta con situaciones como la japonesa, con una ratio superior al 200% desde hace años, o incluso la de Italia o Bélgica, con niveles superiores al 100%. De hecho, el establecimiento del 90% como porcentaje límite de deuda ha generado una agria polémica incluso en el Financial Times.

Sea cual sea el límite máximo de deuda, es evidente que dicho límite existe. Por tanto, más vale prevenir y acometer medidas para controlar la deuda y el déficit antes de que sea demasiado tarde. Los ajustes que se están llevando a cabo en muchos países europeos, entre ellos en España, solo pretenden que el déficit sea menor que el del año anterior, es decir, que la deuda aumente a menor ritmo, pero la deuda sigue incrementándose mientras haya déficit. No se está hablando de devolver las deudas, sino de conseguir que en unos cuantos años deje de aumentar su volumen. Mientras tanto, alguien debe seguir financiando el incremento de deuda de estos países.

Sorprende que se hable tanto de las cifras de déficit público y no se diga una palabra del uso dado a dicho déficit. El endeudamiento puede destinarse a incrementar la capacidad productiva, a crear infraestructuras útiles o a mejorar la educación, entre otras posibilidades. Cuando la deuda permite crear riqueza, en años venideros, cuando se tengan que devolver los préstamos, se percibirán los beneficios del gasto realizado. Por el contrario, si el endeudamiento se emplea en pagar gastos corrientes, se estará mermando la capacidad de gastar en el futuro para hacerlo ahora. En otras palabras, se empobrece a las generaciones futuras.

Lo mismo que ahorrar supone renunciar a consumo actual por consumo futuro, tener déficit y endeudarse para pagar gasto corriente supone incrementar el consumo de hoy en detrimento del consumo futuro.

Tras años de elevado endeudamiento, primero privado y luego público, ha llegado el momento de la inevitable austeridad. Las familias y las empresas españolas hace tiempo que dejaron de incrementar su endeudamiento y, de hecho, lo están reduciendo. No así las Administraciones Públicas, que siguen incrementando su nivel de deuda, mediante la persistencia de déficit público. Lamentablemente, gran parte de dicho déficit sólo sirve para pagar gasto corriente, sin que se pueda esperar ningún retorno o provecho futuro del mismo. La austeridad es una consecuencia de excesos pasados, no un castigo impuesto por Europa.