El invisible impuesto sobre las nóminas

El paro es el principal problema de la economía española. La mejora de las previsiones de crecimiento económico para este año, incluso por encima del 1,5%, y los últimos datos de creación de empleo son noticias alentadoras. Sin embargo, el nivel de desocupación registrado es tan elevado –4,8 millones de trabajadores–, que la próxima reforma fiscal debería minimizar, en la medida de lo posible, los impuestos que gravan el empleo. El empleo lo generan las empresas, grandes y pequeñas. Cuanto mayores sean los costes sobre el empleo, menos incentivos tendrán las empresas para la creación de puestos de trabajo.

El coste laboral para una empresa no es únicamente el sueldo bruto que recibe el trabajador. Adicionalmente a este coste, existe un impuesto sobre el empleo en forma de contribuciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa. Aunque sea una cantidad ingresada por la empresa en las arcas públicas, no deja de ser un impuesto sobre el trabajo, que indirectamente reduce las cantidades percibidas por el trabajador. El hecho de que este coste no aparezca en las nóminas y de que la mayoría de los trabajadores ignoren su existencia no significa que no afecte al salario neto que perciben los trabajadores.

Los empleados que perciben una nómina ven como se descuenta de su sueldo bruto tanto la retención correspondiente del IRPF como la contribución a la Seguridad Social por cuenta del trabajador. No ven la cantidad que la empresa añade a su retribución y paga directamente a la Seguridad Social.

Si los empleados fueran conscientes de que su sueldo neto es inferior al 60% del total del coste laboral para la empresa para un sueldo bruto de 25.000 euros e inferior al 55% para un sueldo bruto de 50.000, seguramente se unirían a las voces que solicitan una minoración de las cargas sobre el empleo.

Las cotizaciones sociales son un impuesto que recae sobre el trabajo sin que el trabajador sea consciente de ello. Las cotizaciones sociales financian a la Seguridad Social actual. Las pensiones están basadas en un sistema de reparto, no de capitalización. Por tanto, las cantidades recaudadas ahora por la Seguridad Social sirven para hacer frente, entre otros gastos, a las pensiones actuales. No se realiza una capitalización de las cantidades aportadas actualmente para satisfacer las pensiones futuras de los ahora aportantes.

El impuesto sobre el empleo vía cotizaciones sociales recaudó más de 120.000 millones de euros en 2012. No es un impuesto menor. Pero si se desea fomentar la creación de empleo mediante la reducción de los costes laborales sin bajar los salarios, no queda más alternativa que reducir los impuestos que gravan el empleo, es decir, las cotizaciones sociales.La carga de la financiación de la Seguridad Social no debería recaer sobre el mantenimiento del empleo a través de las actuales contribuciones empresariales a la Seguridad Social.

Esperemos que la próxima reforma fiscal sea sensible a la necesidad de facilitar al máximo la creación de empleo vía reducción de los costes laborales, sin reducción de salarios.