Las CCAA fulminan los eurobonos

Cada vez que ha habido tensiones en la financiación de los países periféricos con ampliaciones de las respectivas primas de riesgo se ha señalado como solución la mutualización de la deuda de los países del euro, y el lanzamiento de los eurobonos. Así, la financiación de los Estados integrantes del euro estaría centralizada, evitándose los mayores costes de financiación de los países periféricos.

Los países centrales del euro, principalmente Alemania, siempre se han opuesto a esta solución, al considerar que la tensión y el compromiso de cada Estado por controlar el déficit público de cada país disminuiría. La experiencia española parece darles la razón.

España ha vivido un proceso en la financiación de las comunidades autónomas en cierto modo similar al experimentado por los países periféricos del euro. En los momentos de máxima tensión en las primas de riesgo de los países periféricos, la rentabilidad exigida a las emisiones de un número considerable de CC.AA. era insostenible. Algunas de las CC.AA. incluso tenían completamente cerrado el mercado de emisión de bonos.

Ante esta situación, el Gobierno central decidió financiarlas mediante dos vehículos: el Fondo de Liquidez Autonómica y el Fondo de Financiación de Pagos a Proveedores. En conjunto, la financiación de ambos fondos asciende, a día de hoy, a 85.000millones de euros. Previamente, el Tesoro ha tenido que captar dicha financiación mediante la emisión de bonos y obligaciones del Estado. Por tanto, dicha deuda ya está considerada dentro de la deuda viva del Tesoro.

Es indudable que el coste de la financiación para el Estado ha sido significativamente inferior al que habrían incurrido las CC.AA. beneficiarias de dichos fondos. Así, el ahorro en intereses se ha podido dedicar a otras partidas de gastos. Sin embargo, la certeza de contar con el respaldo del Estado para financiar sus gastos desincentiva la toma de medidas de reducción del déficit. El cumplimiento de los objetivos de déficit de un elevado número de autonomías así lo pone de manifiesto.

Además, CC.AA. como Cataluña o la Comunidad Valenciana tienen ahora como principal acreedor no a inversores institucionales nacionales o extranjeros, sino al Estado central, con casi el 50% de su deuda autonómica viva. Al vencimiento de dichas deudas, y ante la previsible imposibilidad de devolver las mismas, será difícil que no se produzca una prórroga “cómoda” para el deudor, en perjuicio del acreedor. Para las CC.AA. siempre será más fácil negociar con el Gobierno central que tener que acudir a los mercados de emisión de bonos, donde los inversores sólo adquirirán los bonos si el tipo de interés ofrecido les compensa el riesgo asumido.

Las noticias aparecidas en prensa sobre una posible reestructuración de la deuda regional son un mal augurio. Beneficiaría más a las CC.AA. incumplidoras y con mayor deuda, perjudicando a aquellas que han realizado una mejor gestión de sus recursos. De materializarse la reestructuración de la deuda regional, aquellos que se oponen a la mutualización de la deuda en la Eurozona se cargarán de razones para que esta no se lleve a cabo, al menos durante mucho tiempo.

Beneficiar al incumplidor no es una buena práctica.