Pensiones y racionalidad (II)

En mi primera entrada de esta serie sobre pensiones y racionalidad, señalé cinco aspectos básicos de la situación actual de nuestro sistema público de pensiones.

Primero, España tiene un sistema público de pensiones de reparto en el que las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones (y otras prestaciones contributivas) en curso. Las cotizaciones pasadas ya se usaron para pagar prestaciones en su momento. De hecho, esas cotizaciones ni siquiera fueron suficientes en el pasado, ya que el sistema arrastra déficits contributivos desde 2010.

Segundo, los pensionistas actuales no tienen "derechos" acumulados sobre su pensión en el sentido jurídico estricto del término, como sí los tiene, por ejemplo, el propietario de una vivienda sobre la misma. Las bases de cotización pasadas son simplemente un elemento del cálculo de la pensión, que puede modificarse por ley en cualquier momento, aumentando o reduciendo los pagos del sistema. Esta ausencia de un "derecho" a una pensión concreta no es una interpretación personal mía, sino lo que establece nuestro sistema jurídico. Cualquier "derecho" es un "derecho moral" que depende de la valoración subjetiva de cada persona de lo que es "justo" o deja de serlo.

Tercero, el sistema actual tiene un déficit descomunal que, además, no deja de crecer. Según los datos más recientes de 2024, el gasto en prestaciones contributivas y de clases pasivas ascendió a 226.242 millones de euros, mientras que las cotizaciones sociales y de clases pasivas fueron de 174.250 millones de euros, lo que deja un déficit de 51.992 millones de euros. Si además excluimos las cotizaciones no contributivas, el déficit asciende a 60.136 millones de euros.

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Cuarto, estos 51.992 millones de euros de déficit provienen exclusivamente de la diferencia entre prestaciones contributivas y de clases pasivas y las cotizaciones que las financian. En particular, este déficit no incluye:

1. Ni un solo euro en prestaciones no contributivas. Esto es absolutamente clave. Una y otra vez se repite en prensa y televisión que el déficit del sistema público de pensiones proviene de las prestaciones no contributivas, pero esto es rotundamente falso.
2. Ni un solo euro en los gastos de gestión del sistema. Estos 51.992 millones de euros de déficit son antes de pagar cualquier sueldo de funcionarios de la Seguridad Social o de cubrir los gastos operativos, como la electricidad que consumen los ordenadores que procesan los pagos. De hecho, los gastos de gestión del sistema son marginales en comparación: 2.307 millones de euros.
3. Ni un solo euro en todos esos mitos que constantemente se repiten como causas del déficit del sistema. No proviene de las "paguitas" a inmigrantes (que no se contabilizan en esta parte de las cuentas públicas), ni de un supuesto "despilfarro" en tal o cual cosa. Como respondía el otro día a un comentario, estos 51.992 millones de euros de déficit provienen exclusivamente de las prestaciones contributivas pagadas a los "españoles de España" que cotizaron toda su vida (o a sus esposos en caso de viudedad).

Quinto, el déficit total del sistema (con gastos de gestión y prestaciones no contributivas) asciende a 66.206 millones de euros, un 4,17 % del PIB, que el Estado central ha cubierto con transferencias y préstamos. Y sí, al final del día, transferencias y préstamos son lo mismo: dinero que sale de otra parte del Estado para cubrir un déficit de otra parte del Estado

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Recomendaría al lector que tenga siempre presentes estos cinco puntos básicos sobre nuestro sistema público de pensiones. Solo con conocerlos, se dará cuenta de que el 95% de lo que se dice o se escucha en prensa y televisión sobre este tema es incorrecto. Son datos objetivos, no opiniones.

En esta segunda entrada quiero completar tres tareas. Primero, explicaré por qué la tan cacareada "hucha de las pensiones" es un fraude contable. Segundo, argumentaré que el creciente déficit del sistema amenaza con arrastrar por completo nuestras cuentas públicas. Tercero, analizaré por qué algunas de las supuestas "soluciones" al problema de las pensiones no son tales.

Empecemos por la "hucha de las pensiones". Hace unas semanas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, alardeó que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (el nombre oficial de la "hucha") había llegado a 9.378 millones de euros a finales de 2024 y que llegaría a 14.000 millones a finales de 2025. Estas cifras deberían hacer sospechar al lector de inmediato. Como mencioné anteriormente, el déficit total anual del sistema es de 66.206 millones de euros. Es decir, los 9.378 millones de euros de la hucha cubren menos de 52 días de déficit del sistema.

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Pero más allá de lo irrisoria que resulta la cifra en comparación con la magnitud del problema, lo más importante es entender qué se está haciendo realmente. La Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones creó el mecanismo de equidad intergeneracional, "una cotización adicional finalista que nutrirá el Fondo de Reserva de la Seguridad Social". En otras palabras, los trabajadores y las empresas pagan una cotización extra que, en vez de considerarse un ingreso del sistema, se contabiliza en una cuenta separada.

Pero como el sistema está en déficit y este déficit se financia en el margen con deuda pública, el contabilizar por separado los ingresos del mecanismo de equidad intergeneracional y con ello reducir los ingresos "regulares" del sistema de pensiones, lo único que estamos haciendo es crear una deuda pública por un monto exactamente igual al de la "hucha". Cada euro que entra en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social es un euro adicional de deuda del Estado. El efecto neto total es cero (de hecho, el Fondo de Reserva se invierte en deuda del Estado, lo que deja aún más claro que esto es un juego de trileros).

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Dado que estos conceptos contables pueden resultar difíciles de seguir para quienes no están especializados en el tema, pongamos un ejemplo. Imaginemos que en 2025 usted planea gastar 30.000 euros, pero solo ganará 25.000 euros con su salario habitual, por lo que prevé un déficit de 5.000 euros. Para reducirlo, decide trabajar unas horas extra los fines de semana y gana 1.000 euros más.

Ahora tiene dos opciones para cubrir el déficit:

1. Pedir un préstamo de 5.000 euros a su cuenta corriente (donde tiene fondos suficientes gracias a sus ahorros pasados) e ingresar en esa misma cuenta los 1.000 euros de las horas extra. En su cabeza, usted se "auto-debe" 5.000 euros, pero sabe que tiene 1.000 euros en una "hucha de horas extra" dentro de su propia cuenta, con lo que su situación no es tan grave.
2. Gastar directamente los 1.000 euros de las horas extra y pedir un préstamo de 4.000 euros a su cuenta corriente.

¿Hay alguna diferencia entre deberse 5.000 euros con 1.000 en la hucha o 4.000 euros sin hucha? Ninguna. Pues bien, este es exactamente el fraude contable de la "hucha de las pensiones": separar ciertos ingresos (en mi ejemplo, el salario de las horas extra; en el sistema de pensiones, los ingresos del mecanismo de equidad intergeneracional) para hacer creer que existe un colchón de reserva (1.000 euros en el ejemplo, 9.378 millones en el sistema) cuando la deuda neta total sigue siendo la misma. Sí, tenemos 9.378 millones de euros en el Fondo de Reserva, pero también tenemos 9.378 millones de euros de deuda del Estado adicional.

Si bien es razonable considerar los ingresos del mecanismo de equidad intergeneracional al evaluar la salud financiera del sistema o la posibilidad de revalorizar las pensiones, llenar el Fondo de Reserva con esos ingresos y argumentar que eso garantiza la sostenibilidad del sistema es, sin rodeos, un fraude diseñado para engañar a los votantes.

Mi segunda tarea es argumentar que el creciente déficit del sistema de seguridad social amenaza con arrastrar por completo nuestras cuentas públicas. Como resumía al principio de la entrada, el sistema tiene un déficit total del 4,17% del PIB y el mismo irá aumentando durante las próximas décadas. Según las previsiones que la Dirección General de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía del Gobierno de España incluidas en el 2024 Ageing Report de la Comisión Europea, el gasto total del sistema público de pensiones alcanzará un máximo del 17.3% del PIB en 2050, aproximadamente cuatro puntos adicionales de PIB con respecto al gasto en la misma partida en 2024.

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Para comprender el peso de esta cifra, en 2023 (último año con datos cerrados), el gasto en prestaciones sociales, educación, sanidad y el pago de intereses de la deuda pública representó el 31,4% del PIB. Llamaré a este conjunto el "gasto intocable" porque ningún político en España se atreve a defender en televisión la reducción de estos servicios, y dejar de pagar la deuda es una locura que ni merece ser discutida. Todo el resto del gasto de las administraciones públicas, desde defensa (0,9% del PIB) y seguridad ciudadana (1,8%) hasta protección del medioambiente (1,0%), lo llamaré "gasto tocable". En 2023, este representó el 14,0% del PIB.

Saltemos ahora a 2050 y asumamos que el sistema actual de pensiones sigue en vigor, con las previsiones de gasto del Ministerio de Economía, y que el resto del "gasto intocable" se mantiene. Este es un supuesto "heroico" dada la evolución esperada del déficit (y los consiguientes pagos de intereses) y el aumento del gasto sanitario derivado del envejecimiento, que superará con creces los ahorros en educación por la reducción del número de estudiantes. Con estas hipótesis, el "gasto intocable" subiría al 35,4% del PIB. Para que el gasto público total no sobrepase el nivel de 2023, el "gasto tocable" debería reducirse del 14,0% al 10,0% del PIB.

La realidad es aún peor. En 2023, las administraciones públicas tuvieron un déficit del 3,5% del PIB ("gasto intocable" de 31,4% más "gasto tocable" de 14,0% menos una recaudación del 41,9%). Si en 2050 quisiéramos equilibrar las cuentas con las previsiones de gasto actuales, el "gasto tocable" debería caer al 6,5% del PIB. Es simplemente imposible mantener un Estado moderno con un 10,0% del PIB (y mucho menos con un 6,5%) de "gasto tocable". Incluso los Estados liberales del siglo XIX, que no ofrecían muchos servicios públicos que hoy se consideran esenciales, gastaban más.

En resumen, durante los próximos 25 años, todas las cuentas públicas estarán dominadas por el envejecimiento y el gasto en pensiones y sanidad asociado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo afrontamos este gasto inminente?

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Las cifras anteriores nos llevan a la tercera cuestión de esta entrada: por qué algunas de las supuestas "soluciones" al problema de las pensiones no lo son. En particular, analicemos el argumento más repetido: "No habría problema de pensiones si eliminásemos el despilfarro público".

El significado de "despilfarro" varía según la ideología del comentarista: para algunos, son los gastos en asesores o comunidades autónomas; para otros, el gasto en defensa o el rescate bancario. Este argumento tiene dos defectos: uno grave y otro catastrófico. Como ya hemos visto que el gasto en defensa es minúsculo (un 0,9% del PIB en 2023) y el rescate bancario hace mucho tiempo que ya se pagó, me centraré en algunos de los "unicornios" de la derecha: el gasto en asesores o comunidades autónomas.

El defecto grave es que los gastos en asesores, coches oficiales y otros conceptos, tanto en el Estado central como en las administraciones autonómicas y locales, representan una fracción mínima del gasto total. Recordemos: todo el "gasto tocable" es el 14,0% del PIB, e incluye, por ejemplo, los sueldos de militares, policías, jueces, personal de limpieza municipal o el mantenimiento de carreteras y faros. Aunque casos como el de David Sánchez me indignan tanto como a cualquiera, en términos relativos, lo destinado a estos rubros es insignificante.

Alguien podría argumentar que también hay despilfarro en el "gasto intocable". Tal vez un sistema centralizado de educación y sanidad sería más eficiente que el actual modelo autonómico. Pero, en el mejor de los casos, los ahorros se medirían en miles de millones de euros, no en decenas. Basta con comparar el coste de los sistemas educativos y sanitarios en países europeos centralizados, que suelen ser incluso más caros que el español. El grueso del gasto autonómico se destina a educación, sanidad y prestaciones sociales. Todo lo demás, por mucho que me indigne (cada vez que veo la última ocurrencia de la Junta General del Principado de Asturias me hierve la sangre), es marginal.

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Lo mismo ocurre con algunas prestaciones sociales. Se podrían reducir o eliminar las famosas "paguitas". Y pocas personas hay más partidarias que yo de cortarlas de manera radical e inmediata. Pero el gasto en estas ayudas es mínimo. El verdadero coste se va en pensiones contributivas para los "españoles de España" y en su sanidad.

En resumen, ¿existe grasa en el presupuesto público? Sí. ¿Cuánto? Después de muchos años pensando en este tema, calculo que un 3% del PIB: un 2% en "gasto tocable" y un 1% en "gasto intocable". Cualquiera que le diga otra cifra le está mintiendo para venderle un "crecepelo para calvos". Entiendo que sea más cómodo creer que el despilfarro es masivo y que recortarlo solucionaría todo. Pero eso solo evita afrontar la realidad: la necesidad de ajustes fiscales profundos. Yo le hablo como a un adulto y le digo la verdad.

Volvamos a los números. Supongamos que recortamos un 1% del PIB en "gasto intocable" y un 2% en "gasto tocable". En 2050, el "gasto intocable" sería del 34,4% del PIB y el "gasto tocable" del 12%, sumando un total de 46,4%. Con la misma recaudación que en 2023 (41,9% del PIB), tendríamos un déficit del 4,3% del PIB o la necesidad de subir impuestos en esa proporción.

Para entender el impacto, recordemos que el IVA recauda en España aproximadamente el 6,3% del PIB. Es decir, para cubrir ese déficit del 4,3% del PIB exclusivamente con subidas del IVA —y suponiendo que no afectara a la economía— el tipo general tendría que subir del 21% al 35%. Y como tal subida sí tendría efectos negativos, la carga impositiva real tendría que ser aún mayor.

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El defecto catastrófico del argumento "basta con eliminar el despilfarro" es que ignora el principio más básico de la economía: el coste de oportunidad. Este se define como el valor de la mejor alternativa a la que renunciamos al gastar dinero en un área en lugar de otra.

Supongamos que España logra reducir el gasto público un 3% del PIB, como mencioné antes. La pregunta clave es: ¿por qué ese 3% debería destinarse a pensiones y no a educación, sanidad, infraestructuras, vivienda o reducción de impuestos? Y da igual que el ajuste sea del 3% o del 9%. Nunca habrá dinero para todo: siempre se podrá gastar más en educación o sanidad, o bajar aún más los impuestos.

Como sociedad, la pregunta fundamental es: dado nuestro PIB total, ¿cuánto deberíamos gastar en pensiones y otras prestaciones contributivas y no contributivas? ¿El 15% del PIB? ¿El 25%? ¿El 50%? Cada euro extra destinado a pensiones es un euro que no se puede usar en otro ámbito, y su valor debe medirse según su mejor alternativa posible.

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Pero este es precisamente el gran reto de España. Nadie quiere afrontar el problema de fondo: con un sistema de reparto y una población envejecida, hay límites estrictos a cuánto podemos gastar en pensiones.

¿Qué soluciones realistas tenemos? Primera: el crecimiento económico. Un PIB mayor diluiría el gasto relativo en pensiones. Por eso, en diciembre, junto con Luis Garicano y Tano Santos, escribí un manifiesto por el crecimiento. Pero el crecimiento solo es posible si se contiene el gasto.

En mi tercera entrada explicaré cómo reducir el coste del sistema de seguridad social y reconducir las cuentas públicas hacia la sensatez. España puede elegir entre la insensatez del PSOE y el PP (que en este tema son indistinguibles) o la racionalidad. Tristemente, con casi total seguridad, elegiremos la insensatez.