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Montoro vive, el expolio sigue
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Juan Ramón Rallo

Laissez faire

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Montoro vive, el expolio sigue

No habrá ningún cambio a mejor en Hacienda: las mismas malas artes que han prevalecido hasta la fecha en el ministerio se perpetuarán durante la actual legislatura

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

Si Rajoy hubiera querido señalizar un cambio profundo en la orientación económica de su Gobierno, solo habría necesitado efectuar un simple gesto: cesar a Montoro. El ministro de Hacienda representa lo peor de la política económica desarrollada durante los últimos cuatro años por el PP: las masivas subidas de impuestos, el sistemático incumplimiento del déficit, la sobredosis de deuda pública, la oposición frontal a seguir recortando el gasto, la socialización del riesgo de los pasivos autonómicos y municipales o la persecución de la escasísima competencia fiscal entre administraciones territoriales.

El mensaje que así nos ha querido remitir Rajoy es bien claro y rotundo: “Perded toda esperanza”. No habrá ningún cambio a mejor en Hacienda: las mismas malas artes que han prevalecido hasta la fecha en el ministerio se perpetuarán durante la actual legislatura. Es fácil anticipar, pues, cómo afrontará el reelecto presidente del Gobierno los problemas presupuestarios que todavía arrastramos por su incompetente gestión durante los últimos cinco años: los afrontará como hasta ahora, con más impuestos y más deuda. Montoro ya proclamó a los cuatro vientos el fin de los recortes allá por 2013 y, por consiguiente, no cabe esperar que opte por corregir nuestro gigantesco déficit con menor gasto. A buen seguro, Bruselas fruncirá el ceño, pero para eso permanece De Guindos en el Gobierno: para apagar en Europa —renegociar el déficit o templar los ánimos sancionadores de nuestros socios— aquellos incendios que el pirómano Montoro continúe generando en casa. Acaso la absorción de las competencias de Industria dentro del Ministerio de Economía deba leerse como el pago con el que Rajoy haya querido compensar a De Guindos por seguir comiéndose marrones que le son ajenos.

Foto: Luis de Guindos y Cristóbal Montoro. (EFE)

Ahora bien, que Rajoy no haya querido imprimir cambios a mejor en Hacienda no significa que no los vaya a haber a peor. En la pasada legislatura, las ansias expoliadoras de Montoro se vieron parcialmente 'contingentadas' tanto por la tradicional propaganda ideológica del PP —la cual gravitaba en torno a un discurso de fiscalidad moderada y de contención del gasto— cuanto por las expectativas de una parte de sus votantes —contrarios a las subidas de impuestos y a una mayor hipertrofia de las administraciones públicas—. En cierto modo, el PP era rehén de las mentiras que había relatado a sus votantes y que estos ingenuamente se habían creído.

Ahora, sin embargo, el panorama ha cambiado: la fragmentación política y el socialdemócrata pacto entre PP y Ciudadanos le proporciona a Rajoy una coartada perfecta para justificar una completa vulneración de sus presuntos principios ideológicos. Si hay que rebajar el déficit por imposición de Bruselas y, a su vez, la totalidad de los partidos de la oposición rechazan nuevos recortes, no quedará otro remedio que subir los impuestos, aun cuando ello contradiga el presunto ideario de los populares así como sus promesas electorales. El sueño húmedo de Montoro hecho realidad: castigar con muchos más tributos a los ciudadanos sin que nadie pueda acusar a su jefe de estar pervirtiendo el programa del PP.

Foto: Fotografía de archivo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (3i), durante una reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

La legislatura de los pactos y del consenso será, pues, la legislatura de los rejonazos fiscales. El primero de ellos llegará muy probablemente en el corto plazo, en forma de un sustancial incremento de los tipos efectivos de Sociedades, medida auspiciada por el propio discurso demagogo de Ciudadanos contra la falsamente 'privilegiada' fiscalidad de las grandes empresas. El segundo tampoco tardará demasiado en llegar, y consistirá en una armonización de los tipos mínimos de Sucesiones y de Patrimonio entre todas las autonomías, con la finalidad de castigar a los contribuyentes madrileños: otro despropósito promovido por Ciudadanos. El tercero tomará algo más de tiempo, y vendrá de la mano del Pacto (de silencio) de Toledo: las pensiones de viudedad y orfandad —21.000 millones de euros anuales, más de lo que recaudamos en concepto de Sociedades— dejarán de ser prestaciones contributivas y pasarán a sufragarse con un impuesto extraordinario de nueva creación (que, si seguimos el modelo francés, recaerá sobre las nóminas de todos los trabajadores). De nuevo, tanto PSOE como Ciudadanos —e incluso Podemos— podrían terminar apoyando una medida de este cariz, dado que todos ellos la han promovido en algún momento.

En definitiva, Montoro se hallará más cómodo que nunca en esta venidera legislatura: como el escorpión de Esopo, lleva en su naturaleza el machacarnos a impuestos a los españoles, y en esta ocasión podrá hacerlo apelando a la necesidad de diálogo y de grandes acuerdos nacionales con la oposición. Pero no olvidemos que el auténtico culpable de cuantas cornadas tributarias recibamos los españoles por parte de Montoro no es Montoro: el ministro de Hacienda se mueve por su irrefrenable instinto confiscador y, como el león que corre a devorar a la gacela, no puede hacer humanamente nada por evitarlo. El auténtico culpable de las cornadas fiscales que vinieron y que vendrán es quien nos ha colocado a todos a merced del morlaco Montoro: el jefe de la banda, Mariano Rajoy.

Si Rajoy hubiera querido señalizar un cambio profundo en la orientación económica de su Gobierno, solo habría necesitado efectuar un simple gesto: cesar a Montoro. El ministro de Hacienda representa lo peor de la política económica desarrollada durante los últimos cuatro años por el PP: las masivas subidas de impuestos, el sistemático incumplimiento del déficit, la sobredosis de deuda pública, la oposición frontal a seguir recortando el gasto, la socialización del riesgo de los pasivos autonómicos y municipales o la persecución de la escasísima competencia fiscal entre administraciones territoriales.

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