Una de las peores consecuencias que ha acarreado la popularización del análisis marxista sobre el mercado de trabajo ha sido la de envenenar las relaciones laborales. Allá donde debería observarse una sana y provechosa cooperación entre trabajador y capitalista para coordinar la producción de bienes y servicios valorados por los consumidores, los altavoces marxistas han terminado inculcando el relato acerca de una salvaje explotación por parte del capitalista sobre el trabajador. O dicho de otro modo, para muchos ciudadanos embebidos de esta retórica de conflicto de clases, la riqueza del capitalista solo puede proceder de la pauperización del proletariado.

En principio, la idea de que las empresas se aprovechan de los trabajadores resulta bastante intuitiva: ¿cómo va un simple obrero a negociar su salario con una omnipotente compañía? El poder absoluto de la corporación es más que obvio: “O tomas lo que te proponemos, o nos buscamos a otro de entre los muchos otros candidatos que están esperando”. Por supuesto, este análisis simplista se desmorona en el momento en el que una economía alcanza el pleno empleo o, al menos, en el momento en que algunos perfiles profesionales comienzan a escasear: en ese contexto, toda demanda adicional de trabajadores por parte de los empresarios tenderá a incrementar los salarios.

En España, es evidente que el pleno empleo para el conjunto del mercado laboral suena a quimera: en efecto, nuestro pésimo marco regulatorio es el principal responsable de las altas cifras de paro y de la escandalosa precariedad, de modo que hablar a día de hoy de un nivel de ocupación rebosante parece una entelequia. Sin embargo, en ciertos perfiles profesionales, la sobreabundancia de trabajadores ha sido históricamente mucho menos acusada que en el resto de la economía: es el caso, por ejemplo, del personal cualificado que típicamente suelen incorporar a sus equipos de trabajo las empresas medianas y grandes.

Las grandes empresas pagan salarios medios mucho más altos que las pequeñas empresas

En este sentido, las megacorporaciones constituyen un test especialmente significativo: por un lado, estas empresas suelen contratar a trabajadores de elevada cualificación y, en consecuencia, relativamente escasos en el mercado laboral; pero, por otro, estas grandes compañías también deberían ser las que, por su tamaño y capacidad económica, disfrutaran de un mayor poder de negociación sobre los trabajadores. Por ello, si la retórica filomarxista del conflicto interclasista fuera válida, las grandes empresas deberían abonar sueldos misérrimos solo acotados a la baja por la legislación salarial; si, en cambio, los salarios se determinaran conjuntamente por la oferta y la demanda de trabajadores, entonces estas empresas deberían pagar remuneraciones mayores que las empresas con un menor tamaño y especialización.

¿Y qué observamos en la realidad? Pues que, según atestiguan los recientemente publicados datos de deciles salariales de la EPA correspondiente al año 2015, las grandes empresas pagan salarios medios mucho más altos que las pequeñas empresas: en concreto, las compañías con más de 250 empleados abonan un sueldo medio que más que duplica el de las compañías con menos de 10 empleados. Es más, el salario medio de los españoles aumenta con el tamaño de la compañía en lugar de reducirse con él, tendencia inexplicable si nos guiáramos por la estrecha lógica de que, a mayor tamaño empresarial, mayor poder de negociación sobre el trabajador:

A buen seguro, muchos lectores estarán pensando que estos datos adolecen de una trampa elemental: son valores medios que, por tanto, se hallan artificialmente sesgados al alza debido a las millonarias remuneraciones que perciben los grandes directivos. O dicho de otro modo, no es que los trabajadores ocupados en una gran empresa cobren más que los empleados en una pyme, sino que los altos sueldos de los directivos distorsionan la comparación.

Las grandes empresas abonan salarios medios más altos, porque casi toda su plantilla cobra más que lo que se percibe en las empresas pequeñas

Pero no: si el salario medio de las grandes empresas supera con creces al de las pymes, es porque la mayor parte de sus trabajadores se ubican en los deciles salariales más altos. O expresado en términos más sencillos, mientras que el 70% de los empleados de una gran empresa percibe una remuneración superior a 1.814 euros mensuales, solo el 17% de los trabajadores de una microempresa alcanza tales emolumentos. Las grandes empresas abonan salarios medios más altos porque casi toda su plantilla cobra más que lo que se percibe en las empresas pequeñas.  

Así que no: las relaciones entre trabajadores y empresarios no son estructuralmente conflictivas, pues no hay necesidad de que uno medre a costa de empobrecer al otro. Las empresas pueden ganar más dinero y pagar mayores salarios si su productividad se incrementa: esto es, si la tarta se expande, todos podemos recibir una porción mayor. Las grandes empresas son la prueba: ellas obtienen mayores beneficios al tiempo que proporcionan mejores remuneraciones a sus empleados.

He ahí, pues, la clave para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos: no perseguir fiscal y regulatoriamente a las compañías privadas (ni tampoco rescatar mediante privilegios estatales a aquellas que sean ruinosas), sino facilitar la inversión empresarial y la mejora de la cualificación profesional de los trabajadores. Con tales mimbres, la mera dinámica competitiva de un mercado libre irá incrementando sosteniblemente los salarios; sin tales mimbres, las presiones políticas o sindicales para incrementarlos solo se traducirán en más paro.